Miles de salvadoreños que han dedicado décadas de trabajo en Estados Unidos, hoy viven con la amenaza de perder el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que ha sido su salvaguarda legal y su puente hacia la jubilación.
La incertidumbre golpea especialmente a quienes ya se encuentran retirados o a punto de lograrlo, enfrentando un escenario donde su seguridad social, su patrimonio y su vida en el país están en suspenso.
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El TPS, creado para amparar a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos, ha permitido desde 2001 que más de 170,000 salvadoreños residan y trabajen legalmente en Estados Unidos.
El futuro del programa permanece incierto ante la falta de una renovación definitiva y la proximidad de fechas límite, lo que genera temor entre sus beneficiarios.
Teresa Tejada Galván, directora ejecutiva de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), advierte que la posible cancelación del TPS podría tener consecuencias devastadoras para quienes han construido una vida en este país.
Galván señala que en ASOSAL han recibido un flujo constante de consultas de salvadoreños preocupados, algunos de ellos personas mayores que ya cumplieron los requisitos para jubilarse y que ahora no saben si podrán acceder a los beneficios por los que cotizaron durante décadas.
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“Hay mucha gente que ya está jubilada y hasta les han retenido sus cheques por no tener los permisos”, declaró en entrevista con Infobae.
La directora ejecutiva enfatiza que quienes pierdan el TPS podrían quedar en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que, de ser deportados, también podrían perder el acceso a su jubilación y a los fondos acumulados en el Seguro Social.
La preocupación se extiende a quienes, tras años de trabajo, han adquirido propiedades, negocios y han formado familias con hijos nacidos en Estados Unidos. “Son comunidades prósperas, dueños de negocios, apartamentos, casas, incluso contratistas”, recuerda Galván, insistiendo en que los efectos de una deportación masiva no solo afectarían a los individuos, sino también a sus familias y a la economía local.
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El temor de perderlo todo ha motivado a muchos salvadoreños a buscar asesoría legal y comunitaria, según relata la directora de ASOSAL. Advierte sobre los riesgos de acudir a abogados sin escrúpulos y recomienda informarse a través de organizaciones reconocidas para evitar fraudes.
Galván destaca que, aunque casos anteriores de suspensión del TPS para nicaragüenses y hondureños no resultaron en deportaciones inmediatas, los salvadoreños deben prepararse y revisar su historial migratorio para conocer sus opciones.
“Cada situación es diferente. Es importante que no cunda el pánico y que se informen bien antes de tomar decisiones drásticas, como vender su casa o regresar sin un plan claro”, apunta.
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La organización prevé realizar reuniones informativas para orientar a los beneficiarios sobre los posibles escenarios y los pasos a seguir si el programa no se renueva.
La situación de los jubilados salvadoreños bajo el TPS evidencia una problemática poco visibilizada: el envejecimiento de una comunidad que, tras décadas de residencia y aportes, enfrenta la posibilidad de perder derechos adquiridos. Galván subraya que, en El Salvador, la reinserción laboral para personas mayores resulta difícil. “Cincuenta años ya es considerado anciano; muchos no encontrarían empleo y perderían su ingreso de jubilación si regresan deportados”, lamenta.
Según datos presentados por Alianza Nacional del TPS, los estados con mayor concentración de beneficiarios salvadoreños del TPS son California (36.000), Texas (28.000), Maryland (23.000), Nueva York (17.000) y Virginia (11.000).
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La directora ejecutiva de ASOSAL concluye que el impacto social y emocional de una eventual cancelación del TPS será profundo, especialmente para quienes han alcanzado la tercera edad en Estados Unidos. La comunidad salvadoreña continúa exigiendo respuestas claras y permanentes, mientras organizaciones como ASOSAL buscan acompañar y asesorar a sus miembros en medio de la incertidumbre.
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