Deuda de pensiones en El Salvador creció $761 millones en un año

El monto acumulado de compromisos financieros en materia previsional aumentó de forma sostenida durante el último año, debido a la colocación de títulos por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones

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Sede del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) en San Salvador. Esta entidad se creó con la reforma de pensiones aprobada en 2022. (Foto: ISP)
Sede del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) en San Salvador. Esta entidad se creó con la reforma de pensiones aprobada en 2022. (Foto: ISP)

La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzó en enero USD 92.32 millones, elevando el total acumulado a más de USD 11,333 millones, impulsado por la emisión de títulos por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El crecimiento de la deuda refleja la presión estructural sobre el sistema de jubilaciones y ocurre en momentos en los que hay una alta expectativa ante una inminente reforma de pensiones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según datos del BCR, la deuda creció desde los USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 hasta los USD 11,333.45 millones en enero de 2026. Sin embargo, comparada con el mismo mes del año anterior, cuando se situaba en USD 10,572.40 millones, la cifra representa un incremento de USD 761.05 millones o un 7.2%.

El ISP es responsable de emitir los títulos con los que el Estado financia el pago de jubilaciones del antiguo sistema público, reemplazado a finales de la década de 1990 y modificado en 2022.

Si el afiliado contaba con el seguro activo, los recursos se entregan a los beneficiarios legales a través de una pensión mensual.
El gobierno salvadoreño deberá cancelar la deuda con el fondo de trabajadores el próximo año, según lo acordado con las administradoras de fondos. Foto: Archivo

El Estado emite dos tipos de títulos: COP y CFT

La principal deuda corresponde a dos tipos de instrumentos. Por un lado, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) acumulan actualmente USD 2,939.26 millones. Estos títulos son adquiridos obligatoriamente por las administradoras de fondos de pensiones (AFP privadas) y se canalizan al pago de los pensionados del sistema previo a la reforma.

A esto se suman USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Tras una reforma aprobada a fines de 2022 por la Asamblea Legislativa, estos instrumentos dejaron de pagar tanto capital como intereses por cuatro años. Dicho período de gracia se vence el próximo año y deberá pagar dicha deuda que representa el 22.9% del PIB (Producto Interno Bruto).

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que, tras esta reforma, el 89% de los activos gestionados por las AFP —que en 2024 alcanzaron USD 14,900 millones— están invertidos en “títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”, indica una nota de la agencia EFE.

El logotipo del Fondo Monetario Internacional se ve durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, Estados Unidos, 21 de abril de 2017. REUTERS/Yuri Gripas
El logotipo del Fondo Monetario Internacional se ve durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, Estados Unidos, 21 de abril de 2017. REUTERS/Yuri Gripas

El FMI advierte sobre el uso del fondo solidario para pagar pensiones

El organismo internacional subrayó que los pagos a pensionados del sistema privado comenzaron a realizarse usando recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que respalda a los afiliados cuando agotan los ahorros de su cuenta individual.

El Fondo Monetario advirtió que este mecanismo refuerza la dependencia del sistema privado hacia los títulos de deuda pública y expone a los afiliados si los recursos comunes se agotan.

Los afiliados y jubilados salvadoreños esperan una nueva reforma del sistema previsional, una medida acordada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ante el Fondo Monetario Internacional. El plazo para presentar esta propuesta venció el 10 de febrero.