La región de Centroamérica y el Caribe enfrenta una ola de violencia sin precedentes causada por el tráfico de cocaína y la lucha entre organizaciones criminales por el control de rutas y territorios.
De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicado en febrero, la intensificación de la lucha antidrogas en México a partir de 2006 provocó el desplazamiento de las rutas de tráfico hacia corredores menos vigilados de Centroamérica, lo que generó un incremento de la violencia y debilitó aún más la gobernabilidad en varios países.
Según el reporte de la UNODC, la situación es especialmente grave en el llamado Triángulo Norte, que conforman El Salvador, Guatemala y Honduras.
Honduras y Guatemala registran algunas de las tasas de homicidio más elevadas del mundo. La tasa de homicidios en Honduras al cierre de 2024 fue de 27.2 homicidios por cada cien mil habitantes, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional de Honduras.
Solo de enero a junio de 2025 de acuerdo a datos de la misma entidad se registraron 3,114 muertes violentas en ese país.
En el caso de Guatemala, cerró el 2025 con una tasa de 17.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, 2025 cerró con 3,512 homicidios, 270 más que el año anterior, según el periódico Prensa Libre.
El informe señala que “los países del Triángulo Norte, especialmente Honduras, sufren las tasas de homicidio más altas del planeta, con índices comparables a los de zonas de guerra”.
La violencia no deriva únicamente del tráfico de drogas, sino de la disputa entre grupos criminales locales y foráneos por el control de las rutas y las fuentes de ingreso, tanto legales como ilegales.
En la frontera entre Guatemala y Honduras, el enfrentamiento entre bandas ha convertido la zona en un escenario de guerra.
El reporte de la UNODC subraya que “la violencia que vive la región es menos producto del tráfico de drogas en sí, y más de la lucha entre grupos subnacionales que buscan controlar territorios y fuentes de ingresos, legales o ilegales”.
El estudio distingue entre dos tipos principales de organizaciones criminales: familias criminales locales (grupos territoriales) y transportistas encargados de mover la droga.
Aunque las pandillas conocidas como maras (MS-13 y M-18) tienen un papel relevante en la extorsión y la violencia cotidiana, su participación en el tráfico transnacional de cocaína sigue siendo limitada.
Recientemente, grupos como Los Zetas y las propias maras han diversificado sus actividades, involucrándose en delitos como el tráfico de migrantes, armas y trata de personas.
Tráfico de migrantes y de armas
El tráfico de migrantes hacia Estados Unidos constituye otra fuente importante de ingresos para estas redes. El informe estima que el valor económico de este delito supera 85 millones de dólares anuales solo en Centroamérica.
Las mujeres y niñas migrantes se encuentran entre las principales víctimas de explotación sexual, sobre todo en la frontera sur de México y Guatemala.
La región también vive una proliferación de armas ilegales. El 77% de los homicidios se cometen con armas de fuego, muchas de ellas provenientes de arsenales estatales y sin registro adecuado.
Las secuelas de décadas de conflictos armados y la corrupción han dejado una herencia de violencia armada difícil de erradicar.
El impacto de la criminalidad va más allá de las cifras de violencia. La UNODC señala que “el crimen impacta directamente en la economía, la política y la confianza en la democracia: en Guatemala, sólo un 33% de la población dice que nunca apoyaría una dictadura militar”. El uso creciente de seguridad privada y la proliferación de ejecuciones extrajudiciales son respuestas sociales a la ausencia de un Estado efectivo.
El informe advierte que la respuesta militar o policial aislada no resuelve el problema de fondo y, en algunos casos, agrava las violaciones de derechos humanos. “El uso extensivo de la fuerza militar para tareas policiales no ha resuelto el problema, y a veces agrava las violaciones de derechos humanos”, recoge el documento de la UNODC.
Entre las recomendaciones, el estudio enfatiza que solo el fortalecimiento institucional, la cooperación internacional y políticas de desarrollo integral pueden frenar el avance del crimen organizado.
Propone una estrategia de prevención integral que involucre a gobiernos, sector privado y sociedad civil, y subraya la importancia de acciones coordinadas para evitar el “efecto desplazamiento”, donde la presión en un país traslada el problema a otro.
En El Salvador, una tregua mediada por la Iglesia entre las maras en 2012 logró una reducción temporal y notable de los homicidios. Mientras tanto, en zonas remotas de Guatemala y Honduras, el vacío estatal ha permitido el surgimiento de “autoridades alternativas” vinculadas al crimen.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito concluye que el reto de seguridad en Centroamérica y el Caribe exige respuestas integrales y sostenidas, más allá del enfoque estrictamente represivo.
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