Una jueza federal de Estados Unidos dictó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia migratoria estadounidense, no podrá volver a detener a Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño cuya expulsión se ha visto marcada por irregularidades y amenazas de deportación a terceros países.
La jueza señaló que el plazo de detención máxima de 90 días ya expiró y que el Gobierno no cuenta con un plan realista para ejecutarla en el futuro próximo.
La magistrada Paula Xinis recalcó que ICE ha formulado reiteradas amenazas de expulsión a países africanos, pero, según sus palabras, sin ninguna posibilidad real de éxito, por lo que no existen condiciones fundadas para creer en una deportación viable.
La situación de ábrego García, originario de El Salvador, adquirió notoriedad a raíz de su expulsión en marzo del año pasado, cuando el Gobierno de Donald Trump lo deportó, por error admitido oficialmente, a una cárcel de máxima seguridad en su país natal.
Posteriormente, las autoridades estadounidenses aprovecharon la presión pública para traerlo de regreso en junio, aunque el retorno fue autorizado únicamente una vez que se formalizó en su contra una acusación de tráfico de personas en el estado de Tennessee, ante la cual se declaró inocente.
La jueza Paula Xinis, en su resolución desde el tribunal federal del estado de Maryland, advirtió que las acciones de ICE constituyeron una secuencia de amenazas infundadas de expulsión y argumentó que no existen buenas razones para creer que la expulsión de ábrego García se pueda materializar en un futuro cercano.
La conclusión judicial se basó en que los intentos recientes por enviar al salvadoreño a Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia carecen de viabilidad práctica, según los documentos presentados ante el tribunal.
Los representantes legales de Ábrego García habían solicitado una orden restrictiva temporal para que ICE no pudiera volver a aprehenderlo, recurso que finalmente encontró respaldo en el fallo federal conocido este martes.
Esta medida refuerza un antecedente de diciembre pasado, cuando la misma jueza Xinis decretó la liberación del salvadoreño por considerar que había sido privado de su libertad “sin autoridad legal”, dado que no existía para él una orden formal de deportación desde 2019.
Un juez de inmigración ya había determinado en 2019 que ábrego García no podía ser enviado de regreso a El Salvador, pues existía un riesgo concreto para su seguridad debido a amenazas de una pandilla contra su familia. El año pasado, el Gobierno liderado por Trump llevó adelante su expulsión junto con decenas de migrantes venezolanos a una prisión salvadoreña, atribuyendo después a un error administrativo la deportación.
Durante este proceso, funcionarios de la administración Trump exigieron que ábrego García aceptara una deportación a Costa Rica, condicionando que de no hacerlo sería trasladado a un país africano, conforme al endurecimiento de las políticas migratorias del período.
Pese a los recientes fallos judiciales, las autoridades estadounidenses sostienen que Ábrego García no puede permanecer en los Estados Unidos. De acuerdo a documentos judiciales, el Ejecutivo tiene la intención de buscar nuevas vías de deportación a terceros países si fuera posible.
Después de la liberación en diciembre, un juez de inmigración determinó una medida que frenaba temporalmente su salida, aunque fue bloqueada por la propia jueza Xinis.
Se prevé que el Gobierno de Estados Unidos presente una apelación contra la decisión de la jueza Xinis en las próximas semanas.
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