El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, lleva adelante una política de represión sistemática contra la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas, que incluye la expulsión de al menos 309 miembros del clero y el cierre de más de 1,650 iglesias, según datos recogidos por la abogada, Martha Patricia Molina, investigadora nicaragüense en el exilio.
Las restricciones se han intensificado desde las protestas sociales de 2018, cuando la Iglesia asumió un rol visible en la denuncia de violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo, con los datos de Molina, al menos 305 religiosos, entre ellos cuatro obispos, han sido forzados a abandonar el país tras las nuevas restricciones impuestas desde 2018. Otros recuentos elevan el número de expulsados a 309, lo que evidencia la magnitud de la persecución.
El gobierno de Ortega prohibió en enero de 2026 las misiones pastorales de la Diócesis de León fuera de los templos, limitando todas las actividades a los recintos parroquiales. Esta orden representa un endurecimiento de la política de control, enfocada en restringir la presencia pública de la Iglesia.
Las medidas incluyen la cancelación de personerías jurídicas, el congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de actividades litúrgicas fuera de los templos. Medios locales e internacionales detallan que la policía mantiene vigilancia constante sobre comunidades religiosas, y ha impedido procesiones y celebraciones públicas.
Por lo que, el clima de hostigamiento ha obligado a varios sacerdotes, monjas y obispos a salir de Nicaragua de manera discreta para proteger a sus feligreses y evitar represalias.
El cierre masivo de iglesias y organizaciones religiosas
De acuerdo con datos de CSIS, desde 2018 el régimen ha cerrado más de 1,650 iglesias y organizaciones religiosas, en el marco de la clausura de unas 5,500 entidades civiles.
Solo en agosto de 2024, el gobierno ordenó el cierre de 1,650 instituciones, muchas de ellas vinculadas a comunidades religiosas, bajo acusaciones de irregularidades administrativas o vínculos con actividades políticas. También han sido afectadas universidades y organizaciones humanitarias ligadas a la Iglesia.
La Iglesia católica, en particular, jugó un papel importante en la protección de manifestantes y en la denuncia de abusos durante la crisis de 2018. Ortega y Murillo consideran a las instituciones religiosas rivales políticos, debido a su capacidad de movilización y su influencia en la sociedad.
El marco legal del despojo: leyes y reformas para justificar la expulsión y el control de la Iglesia
El gobierno de Daniel Ortega ha implementado un entramado legal que facilita y legitima la represión contra religiosos y organizaciones de la Iglesia católica en Nicaragua. La Ley de Traición a la Patria (Ley 1055) permite declarar a sacerdotes y líderes eclesiásticos como “traidores”, lo que habilita al Estado a retirarles la nacionalidad y confiscar sus bienes.
En 2025 se aprobó una reforma constitucional que eleva a rango constitucional la pérdida de nacionalidad para quienes sean considerados una amenaza a la “soberanía nacional”.
La Ley de Seguridad Soberana da fundamento a la vigilancia y el asedio policial de parroquias, bajo el argumento de prevenir acciones que puedan afectar la “paz social”. Además, el Ministerio del Interior exige a las iglesias reportes financieros y de actividades con requisitos difíciles de cumplir, lo que se utiliza como justificación para cancelar su personalidad jurídica y proceder al cierre de templos y organizaciones vinculadas.
Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos destacan que la represión a la Iglesia católica y otras confesiones convierte a Nicaragua en uno de los países con mayor persecución religiosa en el continente americano. Las nuevas expulsiones y cierres de templos consolidan una tendencia de silenciamiento y control absoluto sobre la vida religiosa y social del país.
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