Dos agentes de la División de Tránsito del departamento de La Paz fueron destituidos tras protagonizar un procedimiento violento durante la intervención a un conductor que trasladaba pasajeros sin los permisos requeridos.
De acuerdo con la información oficial, los policías identificados como Subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y agente Aníbal Otoniel Lúe Escalante participaron en el operativo y, al percatarse de que un hombre registraba la escena con su dispositivo móvil, actuaron contra él con uso de la fuerza.
Testigos del incidente señalaron que ambos agentes derribaron al ciudadano, lo que desencadenó un forcejeo que terminó con una lesión para la víctima. El afectado fue hospitalizado y permanece estable bajo atención médica. Según la denuncia formal presentada ante las autoridades, el procedimiento policial incluyó el retiro de las placas del vehículo intervenido y una reacción violenta hacia quien grababa la actuación.
La Policía Nacional Civil (PNC) comunicó que no tolerará conductas que vulneren la dignidad de la población ni el incumplimiento de los protocolos institucionales. En un mensaje institucional, la PNC confirmó que los agentes implicados fueron separados de sus cargos y enfrentarán un proceso disciplinario y judicial conforme a la normativa vigente.
En palabras del posteo en X: “No vamos a permitir que miembros de esta Policía Nacional Civil atenten contra la dignidad de los salvadoreños, ni mucho menos que no respeten los protocolos de actuación establecidos”.
La intervención y posterior destitución de los agentes en La Paz son casos en los que la Policía Nacional Civil se ha visto obligada a actuar ante denuncias de excesos en procedimientos operativos. La víctima recibe atención médica y la institución asegura el cumplimiento de los debidos procesos administrativos y judiciales.
¿Qué dice la Ley?
El artículo 327 del código penal establece que el abuso de autoridad en El Salvador constituye un delito atribuido a funcionarios o empleados públicos que utilizan su cargo para realizar actos arbitrarios. Las sanciones varían según la gravedad de la conducta y pueden incluir penas de prisión superiores a dos años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Cuando el abuso de autoridad se relaciona con cohecho, es decir, cuando el funcionario exige dinero u otros beneficios ilícitos, las penas de prisión se sitúan entre 6 y 9 años, además de la inhabilitación especial. En casos de fraude en contrataciones, como facilitar el ingreso de familiares o terceros mediante procedimientos irregulares, las penas oscilan entre 12 y 15 años de prisión.
Las personas condenadas por estos delitos también enfrentan la pérdida del cargo, la inhabilitación para obtener empleos públicos y la suspensión de derechos profesionales. Las reformas recientes en la legislación salvadoreña han endurecido las penas para delitos de corrupción y abuso de funciones con el objetivo de fortalecer la integridad en la administración pública.
Otros casos
Otro caso que, aunque no es reciente, en el que las autoridades salvadoreñas reportaron la detención de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) implicados en abusos de autoridad, extorsión y delitos patrimoniales, fue el ocurrido en julio de 2025 en Usulután Este.
El sargento Esaú Robles y el cabo Jeremías Trejo, asignados a ese distrito, fueron detenidos por presuntamente solicitar pagos ilegales a taxistas a cambio de permitirles trabajar sin los permisos requeridos.
El caso fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), que inició un proceso penal por extorsión.
También, entre agosto de 2024 y 2025, las autoridades desarticularon una red dentro de la PNC dedicada al hurto de piezas y repuestos de vehículos institucionales.
El operativo culminó con la detención de un subinspector y otros cinco individuos vinculados a la sustracción y venta de autopartes destinadas a patrullas policiales. Las investigaciones siguen abiertas para establecer el destino de los bienes sustraídos.
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