El endurecimiento migratorio pone en jaque los sueños universitarios de estudiantes centroamericanos indocumentados

Aproximadamente 34 mil jóvenes centroamericanos indocumentados podrían obtener su diploma de secundaria en Estados Unidos, según datos recientes del Migration Policy Institute (MPI). El informe, elaborado junto a la Oficina del Censo, revela que estos estudiantes concluyen su etapa escolar en un contexto de restricciones migratorias crecientes y cambios en leyes estatales que dificultan el acceso a la educación superior.

Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos ha experimentado variaciones sustanciales en sus flujos migratorios, la composición de su población inmigrante y las políticas que afectan a quienes permanecen sin autorización legal en el país. El MPI estimó que a mediados de 2023 residían 13,7 millones de inmigrantes no autorizados en territorio estadounidense, frente a los 10,5 millones reportados en 2010. A medida que la proporción de inmigrantes de origen mexicano descendió, las llegadas recientes se diversificaron, incluyendo nuevos flujos desde Centroamérica, Asia y áfrica.

El peso de las nacionalidades

Según el análisis del MPI, cerca de 90 mil jóvenes indocumentados cursan el último año de secundaria en Estados Unidos cada ciclo escolar, aunque se estima que alrededor de 75 mil logran graduarse anualmente. De esa cifra, 34 mil son centroamericanos, lo que representa una proporción significativa dentro del total.

El reporte destaca que la mayor parte de estos estudiantes procede de México, con un 21%. Las nacionalidades centroamericanas suman el 38%, segmentadas en 15% de Honduras, 14% de Guatemala y 9% de El Salvador. En términos absolutos, aproximadamente 8 mil jóvenes salvadoreños alcanzarán el grado escolar este año.

Los estados que concentran casi la mitad de estos alumnos indocumentados son Texas, California, Florida y Nueva York. Según el MPI, el entorno legislativo de cada estado y las decisiones tomadas a nivel federal ejercen un efecto directo en las oportunidades educativas y laborales de estos graduados. En especial, el acceso de los estudiantes indocumentados a la universidad depende en gran medida de las políticas locales, que pueden cambiar con rapidez y afectar las perspectivas de futuro.

Obstáculos recientes y el retroceso en derechos

Mientras aumentan los estudiantes indocumentados que completan la secundaria, muchos encuentran barreras adicionales para avanzar a la universidad. Desde principios de 2025, varios estados han revocado políticas que, durante 20 años, permitieron a los graduados indocumentados pagar matrícula estatal en universidades públicas. El reporte señala la eliminación de este beneficio en Florida tras decisiones legislativas, y en Texas y Oklahoma por fallos judiciales federales, lo que ha significado el fin de una tendencia iniciada en 2001: garantizar matrícula local sin importar el estatus migratorio, argumentando ventajas económicas y sociales para la comunidad.

En el ámbito federal, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que antes facilitaba el acceso a la vida universitaria y a mejores condiciones socioeconómicas, ya no está disponible para nuevas generaciones de estudiantes. Aunque aquellos que lo obtuvieron pueden renovarlo, el programa lleva cerrado a nuevos solicitantes desde septiembre de 2017. Además, sus estrictas reglas de elegibilidad imposibilitan que, a partir de 2025, personas menores de 18 años se beneficien, incluso si la administración reabriera postulaciones.

Otras medidas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) aplicado a ciudadanos de países afectados por desastres o conflictos, han sido también restringidas o eliminadas durante el último mandato del presidente, Donald Trump.

El endurecimiento de las políticas migratorias no ha afectado únicamente el acceso a la educación superior, sino que también tiene repercusiones en la finalización de los estudios secundarios. El MPI subrayó la inquietud entre familias y docentes tras la retirada de la política federal de “lugares sensibles”, que limitaba las operaciones migratorias en escuelas. Incrementos recientes en las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado un clima de temor que repercute en la asistencia escolar.

En California, en los distritos donde se realizaron operativos migratorios, las ausencias estudiantiles aumentaron un 22% en enero y febrero de 2025 respecto a años previos. Un caso similar se documentó en Durham, Carolina del Norte, donde tras redadas migratorias, más de una cuarta parte de los estudiantes no asistió a clases.

En paralelo, algunas legislaturas estatales han amenazado con impugnar el fallo de la Corte Suprema Plyler v. Doe (1982), que garantiza el acceso a la educación pública primaria y secundaria para todos los niños, sin importar su estatus migratorio, aunque hasta ahora no se ha promulgado ninguna ley estatal que limite este derecho.

El MPI explicó que la evolución de sus estimaciones parte de la aplicación de una metodología refinada, que, con base en los microdatos de la Oficina del Censo, permite identificar cuántos graduados de secundaria K-12 cada año carecen de autorización migratoria.