El presupuesto de El Salvador aumentó en más de $1,500 millones en 2025

El último informe de Hacienda indica que la mayoría de los recursos ejecutados priorizaron la cobertura de salarios y el fortalecimiento de servicios básicos, así como el pago de deuda

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El presupuesto del Gobierno de El Salvador aumentó en $1,561.4 millones hasta diciembre de 2025, alcanzando un total de $11,224.4 millones, según datos oficiales analizados por Infobae. Esta ampliación presupuestaria, una de las más significativas de los últimos años en el país, permitió destinar fondos a programas sociales, áreas estratégicas y el pago de deuda.

Según el último reporte del Ministerio de Hacienda, la mayor parte de estos fondos adicionales se destinó a proyectos con el foco puesto en educación, salud, seguridad pública y transferencias sociales. De la suma total asignada, el gobierno ejecutó $9,523.6 millones, lo que representa el 84.8% del crédito modificado.

De acuerdo con el análisis, el Fondo General absorbió la mayor proporción del gasto, con $8,793.9 millones devengados, cifra que representa el 94.9% de su presupuesto ajustado.

Los préstamos externos permitieron ejecutar $724.5 millones, aunque su nivel de aprovechamiento se ubicó en 37.4%. Las donaciones internacionales sumaron $5.2 millones, con solo el 20.9% de ejecución respecto a lo previsto.

Las partidas de remuneraciones en
Las partidas de remuneraciones en sectores sociales, las transferencias para programas municipales y sociales, y el pago de deuda pública fueron los rubros con mayor ejecución presupuestaria durante 2025. Foto: visualesIA Infobae

Más fondos al pago de salarios

El mayor volumen de recursos se concentró en gastos corrientes, que totalizaron $6,736.9 millones. Dentro de esta categoría, el pago de remuneraciones constituyó el principal destino, con $2,499.4 millones.

El gasto en bienes y servicios alcanzó $792.2 millones, mientras que las transferencias corrientes destinadas a programas sociales y subsidios sumaron $1,943.1 millones. El informe de Hacienda muestra que el servicio de la deuda pública absorbió $1,502.3 millones en intereses y $1,584.8 millones en amortización, con una ejecución del 99.1% sobre lo asignado a este rubro.

Los ministerios de Educación, Salud, Seguridad Pública y Justicia recibieron la mayor parte de los fondos ejecutados, en particular para financiar salarios y fortalecer servicios básicos.

De hecho, este año el gobierno comenzó la entrega de 1.2 millones de paquetes escolares a los estudiantes del sistema público. Según la ministra de Educación, Karla Trigueros, las mejoras en el sistema educativo ha incentivado el aumento de la matrícula en los centros escolares públicos.

Además, Trigueros declaró recientemente que han invertido cerca de $508 millones en la renovación de infraestructura de escuelas públicas en todo el país.

El Gobierno de El Salvador
El Gobierno de El Salvador inicia la entrega de 1.2 millones de paquetes escolares para estudiantes del sector público. (Cortesía: SecPrensaSV)

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ejecutó $1,305.8 millones, mientras que Salud utilizó $1,154.2 millones y Seguridad Pública y Justicia $623.1 millones. El documento oficial indica que el 60.1% del gasto en remuneraciones se destinó a estas áreas.

En gastos de capital, la ejecución alcanzó $1,202 millones, lo que representa el 46.3% del crédito disponible. Los fondos se dirigieron principalmente a transferencias de capital a gobiernos municipales y a proyectos de infraestructura, así como a inversiones en hospitales y equipamiento público.

El Ministerio Público y el Órgano Judicial también reflejaron altos niveles de ejecución, con $218.5 millones y $331.3 millones respectivamente. El Órgano Legislativo cerró con US$39.5 millones ejecutados.

El análisis de los datos indica que las partidas de remuneraciones en sectores sociales, las transferencias para programas municipales y sociales, y el pago de deuda pública fueron los rubros con mayor ejecución presupuestaria durante 2025.

Las autoridades proyectan mantener estas prioridades en el próximo ejercicio fiscal, ajustando la asignación de recursos según la evolución de los ingresos y las demandas sociales del país.

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