Las 15 propuestas del sector bancario para que aumente la inclusión financiera

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL) presentaron un documento en el que proponen medidas para incentivar los pagos electrónicos, aumentar el ahorro y el acceso al crédito

Algunas de las medidas propuestas por Adeba requieren cambios normativos del BCRA
Algunas de las medidas propuestas por Adeba requieren cambios normativos del BCRA
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Varios factores, de índole macroeconómica, institucional y algunos vinculados estrictamente con el sistema financiero, hacen que la Argentina tenga un bajo nivel de bancarización y un menor nivel de inclusión financiera. Cerca del 48% de la población mayor de 15 años tiene acceso a una cuenta en un banco, según la encuesta mundial Findex, pero son muchos menos los que realizan transacciones desde esas cuentas.

Es más: sólo la mitad de quienes tienen tarjeta de débito la utiliza para hacer pagos en general (22% de la población adulta), y para el caso de los servicios públicos, la proporción se eleva a casi un tercio de los titulares de las cuentas bancarias.

Frente a este escenario, las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) aprovecharon el festejo del Día del Periodista para presentar un informe realizado con la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en el que no sólo reflejan la situación actual, sino que plantean 15 propuestas tendientes a revertir la baja bancarización: ¿Cuáles son esas ideas y qué busca cada una?

Para incentivar el uso de medios de pago electrónicos: 

1. Reducir las retenciones impositivas en la utilización de medios de pago electrónicos con aplicación general y un tratamiento especial para pymes de las retenciones por impuesto a las Ganancias;

2. Eliminar la obligatoriedad de comisionar en forma similar los comercios según los rubros. Tiene como objetivo alinear los aranceles a los costos de proveerlos y aumentar la competencia entre los medios de pago. Para ello, debe modificarse la ley 25.065;

3. Implementar la obligatoriedad del pago electrónico de todos los servicios públicos e impuestos y tasas, por encima de cierto monto, a través de medios móviles, home banking y transferencias bancarias. De esta manera, se estima contribuiría a reducir la informalidad de la economía;

4. Eliminar el reconocimiento de operaciones inmobiliarias en efectivo. Esta medida requiere una modificación normativa;

5. Obligatoriedad de pago con crédito en cuenta de las remuneraciones del personal en casas particulares;

6. Facilitar la interoperabilidad entre los distintos medios de pago, aumentando, de ser necesario, las facultades del Banco Central para regular las Fintech;

7. Extender los medios de pago para abonar los servicios de transporte;

8. Promover el pago electrónico en el ámbito judicial;

9. Flexibilizar los horarios y lugares de atención al público de los bancos. El objetivo de esta medida es aumentar la disponibilidad de servicios financieros.

Para aumentar el ahorro:

10. Incentivar el uso de instrumentos simples con rendimientos reales positivos, a través de una mayor flexibilidad en términos de liquidez disponible y facilitar el desarrollo de depósitos con premios;

11. Vincular las políticas de gobierno que requieren ahorro (por ejemplo, subsidio para la vivienda) a la realización de depósitos a través de instituciones reguladas;

12. Incluir en forma explícita una Estrategia Nacional de Educación Financiera, con políticas efectivas que incluyan campañas, sitios web especializados e inclusión dentro de las currículas escolares de materias específicas.

Para incrementar el acceso al crédito: 

13. Expandir la Central de deudores (Cendeu) del BCRA a otras tarjetas no bancarias, INAES, Anses Créditos y toda institución que otorgue préstamos (por ejemplo, fintechs y cadenas de supermercados). El objetivo es ampliar la cantidad y calidad de la información crediticia;

14. Empoderar al cliente a que pueda aprobar la difusión de su historial de pagos y crediticio de más largo plazo, incluyendo servicios públicos y otros;

15. Expandir la posibilidad del código de descuento de haberes a toda entidad regulada y para los trabajadores del sector privado. De esta forma, dicen los bancos, podría ampliarse la cantidad de crédito disponible en mejores condiciones.

Según el informe, el 48% de personas adultas que tiene acceso a una cuenta es similar al que existe en Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, pero se ubica muy por debajo del de Chile (74%) y del de los países de altos ingresos de la OCDE, en los cuales la cobertura es casi absoluta (95%).

A su vez, la información recopilada por el BCRA releva que la penetración de las cuentas bancarias en la Argentina está fuertemente impulsada por las políticas establecidas para ese fin, ya que el 55% de las cajas de ahorro en el sistema financiero local son de naturaleza obligatoria debido a que los pagos de remuneraciones y jubilaciones, así como también de la Asignación Universal por Hijo (AUH), se realizan por esa vía.

El documento realizado por Adeba y FIEL sostiene que si bien ese 48% resulta bajo si se lo compara con otros países del mundo, "el rezago más importante se encuentra en el uso de los distintos productos y servicios financieros, que es, en definitiva, el aspecto relevante para aprovechar las ventajas de la inclusión".

El informe resalta que usos de los servicios transaccionales como los débitos automáticos, transferencias electrónicas y pagos digitales denotan, como en el caso de las tarjetas de débito, un "escaso aprovechamiento".

De acuerdo con los datos de Findex, sólo el 60% de los individuos que tiene cuenta bancaria la utiliza con fines transaccionales, lo que demuestra que el uso del efectivo sigue muy extendido en el país.

Los resultados no son mejores en cuanto al uso del sistema financiero a los fines de canalización del ahorro o para obtener créditos. Sólo el 7% de quienes tienen una cuenta en la Argentina confía sus ahorros allí, mientras  que en la región, el 11% ahorra a través del sistema financiero formal. En Chile y la OCDE, los porcentajes suben a 21% y 54%, respectivamente.

A su vez, únicamente el 7% de la población adulta tiene deudas tomadas de instituciones financieras, porcentaje que representa por más de la mitad de lo observado en la región.

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