Eliminar las retenciones a la exportación y el impuesto al cheque llevará más de diez años

La mayoría de los sectores, en particular los que vieron deteriorada su competitividad en los últimos años de la mano de la apertura de la economía, como la industria, piden una baja de impuestos, pero sobre todo la eliminación de aquellos considerados “distorsivos”. Si bien el Gobierno hizo algunos avances, profundizar la reducción de la carga tributaria sin caer en desequilibrios podría tomar más de una década.

El IERAL sostiene que no es posible crecer de manera sostenida con una estructura impositiva que le quita competitividad a la producción y desalienta la inversión.

Remarca que una de las cuestiones más importantes es eliminar los impuestos más “distorsivos”: derechos de exportación, impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales que gravan las ventas.

Pero no es tan sencillo, ya que, en conjunto, estos tributos generan una recaudación equivalente a más del 7% del PBI y constituyen una fuente clave de financiamiento para los tres niveles de gobierno.

Al mismo tiempo, el informe elaborado por Osvaldo Giordano apunta que el ordenamiento tributario no puede hacerse a costa de poner en riesgo el equilibrio fiscal. “Después de años de desorden macroeconómico, establecer alivios tributarios sin financiamiento sería muy contraproducente”, aseguraron.

Dados estos puntos de partida, prevalece la idea de que la eliminación de los impuestos más distorsivos debe estar precedida por una reducción del gasto público que permita compensar la pérdida de ingresos fiscales. Este diagnóstico conduce a una estrategia de “gradualismo tributario”.

En algunos componentes del gasto público es razonable esperar que las futuras reducciones sean cada vez más acotadas y que su concreción demande tiempo.

Más importante aún, afirman en el centro de estudios, existen partidas cuya dinámica es crecientemente expansiva. El principal ejemplo es el gasto previsional, que absorbe una proporción muy significativa del presupuesto nacional y de trece provincias.

“Mientras se siga posponiendo la reforma previsional, habrá que desplegar un gran esfuerzo de austeridad para evitar que, debido a la dinámica creciente de las erogaciones previsionales, el gasto público total aumente por arriba de la inflación”, indicó el IERAL.

Siendo realistas, asumen que las futuras bajas del gasto público serán, en el mejor de los casos, modestas.

Otra alternativa es apostar a que el crecimiento económico aumente la base imponible, aumente la recaudación total y, si el gasto público se mantiene estable, se vaya generando el espacio para reducir paulatinamente dichos tributos.

En este sentido, el IERAL evaluó qué tan larga y viable es esta transición. El escenario optimista supone un crecimiento real sostenido del 3,3% anual.

“Hay que tener en cuenta que nunca, en la historia reciente, la Argentina creció de manera sostenida a ese ritmo, entre otras razones porque los impuestos distorsivos que se plantea eliminar se lo impiden”, precisó el IERAL.

Incluso bajo ese supuesto, el margen de maniobra seguiría siendo acotado. El Estado nacional necesitaría 11 años de crecimiento económico sostenido para compensar la pérdida de recursos derivada de la eliminación de las retenciones y del impuesto al cheque.

En la práctica, si la prioridad fueran las retenciones, el campo tendría que esperar casi cuatro años para su eliminación total. El impuesto sobre las transferencias bancarias, en tanto, recién podría desaparecer siete años más tarde.

A nivel provincial, los tiempos se extienden y las diferencias entre jurisdicciones son marcadas. Incluso bajo el supuesto de gasto público congelado y de destinar íntegramente el aumento de la coparticipación generado por el crecimiento económico a reemplazar la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos, las provincias de mayor tamaño necesitarían bastante más de diez años.

El plazo sería de alrededor de 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el IERAL remarcó: “A la austeridad en la administración del gasto hay que sumarle audacia y creatividad en la reforma tributaria. Mejorando la recaudación de los buenos impuestos se puede avanzar mucho más rápido en la eliminación de los malos impuestos”.

el IERAL sostuvo que uno de los principales problemas del sistema tributario argentino es la superposición de impuestos sobre un mismo hecho imponible. Como ejemplo, señaló que las ventas están alcanzadas simultáneamente por el IVA, el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales, una estructura que considera ineficiente y distorsiva.

En ese sentido, la entidad propuso avanzar hacia un esquema de “Súper IVA”, que concentre la recaudación en un único tributo al consumo. Según el instituto, un impuesto de estas características permitiría mantener el nivel de ingresos fiscales con un diseño más simple, neutral y transparente, además de facilitar el control, reducir la evasión y disminuir el impacto negativo sobre la competitividad.

El IERAL también planteó que una reforma de este tipo abriría la posibilidad de eliminar los derechos de exportación sin resignar recursos fiscales, siempre que se fortalezca la recaudación de impuestos como Ganancias y Bienes Personales.

No obstante, advirtió que una transformación de esta magnitud requiere amplios consensos políticos y un importante trabajo técnico. En esa línea, consideró que uno de los errores del Consenso Fiscal de 2017 fue haber apostado por un enfoque gradualista, lo que, a su juicio, terminó debilitando la implementación de la reforma.

“Suponer que la economía crezca de manera de compensar las pérdidas que genere la baja de impuestos es, como lo demostró esa experiencia, una apuesta muy arriesgada”, concluyó el informe.