El Gobierno cambia el cálculo de la Tarifa Social: cómo funcionará el nuevo esquema para financiar el subsidio al transporte

El Gobierno estableció un nuevo mecanismo para calcular el aporte que el Estado destina a financiar la Tarifa Social Federal del transporte público, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad al gasto comprometido en ese beneficio. La medida no modifica el descuento que reciben los usuarios ni el universo de personas alcanzadas, sino el criterio que utiliza la Nación para determinar cuánto dinero transfiere para sostener el subsidio.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 40/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma, a cargo de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, establece los criterios para la instrumentación del aporte nacional destinado a financiar la Tarifa Social Federal.

Según explicó la Secretaría de Transporte a través de un comunicado, la medida incorpora “un criterio uniforme y previsible para calcular el beneficio que financia el Estado Nacional, fortaleciendo la administración de los recursos públicos destinados a esta política”. El organismo remarcó, además, que el cambio no afecta el alcance del beneficio: más de 5.500.000 personas seguirán accediendo al 55% de descuento en el transporte público de todo el país mediante la tarjeta SUBE personalizada.

¿Cómo se calculará el nuevo aporte?

A partir de esta resolución, el reconocimiento de la Tarifa Social Federal se calculará sobre tarifas de referencia. Para los servicios provinciales y municipales se tomarán como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de colectivos de jurisdicción nacional y de los servicios ferroviarios, se utilizarán las tarifas establecidas por la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte.

De acuerdo con el texto oficial, estas tarifas de referencia comenzarán a regir a partir del 1° de julio de 2026 y mantendrán su vigencia hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.

La medida responde a que las actualizaciones tarifarias son definidas por cada provincia, municipio o autoridad competente en ejercicio de sus propias facultades, lo que generaba una dinámica imprevisible que impactaba de forma automática sobre el financiamiento nacional de la Tarifa Social Federal, sin que el Estado Nacional interviniera en esas decisiones, según indicó el comunicado oficial.

Los considerandos de la resolución agregan que las actualizaciones tarifarias registradas en las distintas jurisdicciones alcanzadas por el Sistema Único de Boleto Electrónico presentan una dinámica frecuente y diversa, en tanto responden a decisiones adoptadas por las respectivas autoridades competentes en ejercicio de sus atribuciones. Ese comportamiento, señala el texto, dificultaba la previsión de los recursos destinados al financiamiento del beneficio y generaba variaciones automáticas que no respondían a decisiones de la autoridad nacional encargada de administrarlo.

¿Qué pasa con las tarifas que fijan las provincias?

La resolución no modifica las facultades de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni los municipios para establecer los cuadros tarifarios de los servicios de transporte bajo su jurisdicción. El texto oficial precisa que la norma “preserva plenamente las facultades de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para fijar sus cuadros tarifarios o establecer beneficios adicionales con financiamiento propio”.

Asimismo, en los casos en que exista una gratuidad o franquicia mayor a la prevista en el régimen nacional, esa condición continuará aplicándose. Las jurisdicciones locales podrán utilizar la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico para instrumentar ese beneficio adicional, aunque deberán definir la forma de implementación y el esquema de financiamiento correspondiente.

¿Quiénes acceden a la Tarifa Social Federal?

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, beneficiarios de los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Progresar, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y Promover Igualdad de Oportunidades, personas alcanzadas por el Seguro por Desempleo y el Seguro de Capacitación y Empleo, y titulares de Pensiones No Contributivas. La medida no incorpora ni elimina ningún grupo de los actualmente alcanzados por el régimen.

Este esquema forma parte de un proceso de transformación iniciado en febrero de 2024, cuando el Gobierno eliminó el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior. A partir de esa decisión, el Estado avanzó en el reemplazo de un esquema basado principalmente en subsidios a la oferta —fondos que se giraban a las jurisdicciones para sostener la operación del servicio— por un modelo de asistencia directa a las personas, focalizado en los sectores que requieren el acompañamiento estatal para acceder al transporte público.

Según precisó el Gobierno en un comunicado, mientras que anteriormente una parte mayoritaria de los recursos nacionales destinados al transporte automotor se asignaba a compensaciones a la oferta del sistema, las medidas implementadas desde el inicio de la gestión permitieron reorientar esa asistencia hacia un esquema de apoyo directo a los usuarios. En la actualidad, la totalidad de la asistencia nacional destinada al transporte automotor se concentra en los beneficiarios de la Tarifa Social Federal.

Implementación gradual

La resolución también prevé un esquema de aplicación por etapas. Nación Servicios S.A., la empresa que opera el sistema tecnológico de la SUBE, informó a la Secretaría de Transporte que las capacidades actuales de sus sistemas no permiten aplicar de manera inmediata el nuevo mecanismo de cálculo, por lo que será necesario adecuar distintos sistemas centrales para su instrumentación definitiva. Mientras se completa ese proceso, se aplicarán reglas de parametrización transitorias, compatibles con la infraestructura disponible.

Los gastos que demande la implementación de la medida serán atendidos con fondos del Tesoro Nacional, que se transferirán al fideicomiso creado por el decreto 976/2001, según establece el texto de la resolución.

El proceso de modernización del sistema incluyó, además, la expansión del Sistema Único de Boleto Electrónico a 71 localidades del país, junto con avances en su nominalización y la incorporación de nuevos medios de pago para acceder al transporte público.