Escala la disputa interna de la Rural: polémica por el fracaso de un contrato y perjuicio millonario por más de USD 3 millones

La Sociedad Rural Argentina (SRA) atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras la denuncia pública de un fracaso tecnológico que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. El conflicto se desató cuando salieron a la luz graves fallas en la digitalización de los registros genealógicos de razas animales, lo que derivó en acusaciones cruzadas entre el presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda, justo cuando se acercan las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre.

La tensión creció en los últimos días, luego de que la SRA, tras la ruptura pública entre sus principales autoridades, ordenara una auditoría externa para determinar el alcance de las irregularidades. La conducción encabezada por Pino acusa a la empresa Mobile Computing SA, responsable del sistema, de negarse a someterse a la revisión, mientras que parte del equipo técnico designado por Gustavo Papini (ex director general del Correo Argentino y asesor de Pereda) renunció durante el proceso. Actualmente, la entidad está en una instancia de mediación judicial.

Según la documentación presentada por la dirección actual, el proyecto de modernización tecnológica debía extenderse por nueve meses a partir de junio de 2023, pero se prolongó durante dos años debido a demoras y renegociaciones, con un costo final que superó los USD 3 millones.

En un comunicado al que accedió Infobae, la SRA admite: “Lamentablemente, en forma inmediata, se detectan numerosos errores y fallas de funcionamiento, desarrollos no realizados, entregas parciales y limitaciones no informadas que impidieron la utilización normal del sistema”. La situación se agravó cuando, a mediados de 2024, Mobile Computing SA fue transferida a Grid Dynamics, lo que sumó incertidumbre técnica. Además, la auditoría interna advirtió que el área liderada por Papini y Pereda no atendió advertencias legales del Estudio Cassagne, asesor de la entidad. Desde el bando de Pereda alegan que el ejecutivo no influyó en la decisión ni en la elección del proveedor.

En este contexto, este lunes un grupo de cabañeros de la SRA pidió formalmente a Pino la realización de una auditoría forense específica por el desmanejo de los registros, evidenciando un fuerte malestar hacia el presidente por la falta de respuestas y controles.

Desde la oposición, Pereda sostiene que “hubo mala administración y falta de controles”, y reclama acceso total a la documentación y comunicaciones internas, además de exigir una auditoría forense independiente. Su espacio, Renovación con Unidad, también denuncia que la gestión de Pino utilizó recursos institucionales con fines políticos y en operaciones de desprestigio en medio de la campaña electoral.

La interna se profundizó con la oficialización de la candidatura presidencial de Pereda, quien había compartido la conducción con Pino desde 2021 y ahora denuncia el colapso del sistema digital que originalmente ambos promovieron. En marzo, en Expoagro, Pereda lanzó su propio espacio junto a Santos Zuberbühler, referente de otro sector interno que exige renovación en la SRA. Según pudo saber Infobae, Pereda lleva tiempo apartado de las decisiones de la Comisión Directiva por el cierre de los espacios de discusión, lo que alimentó la interna y la ruptura definitiva hace casi dos años.

Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como referente de un sector más combativo y crítico ante el Gobierno nacional. Pino, con más de tres décadas de militancia en la SRA, representa la defensa de la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei.

El quiebre de la alianza Pino-Pereda

El trasfondo de la disputa está en el quiebre de la alianza que los llevó al liderazgo en 2021, tras iniciativas de modernización como el traslado de la sede histórica y la introducción del voto electrónico. Las diferencias se ampliaron en la segunda mitad del mandato, también debido a las políticas del presidente Javier Milei. Mientras Pino apostó por una relación dialogante con el Ejecutivo, Pereda expresó las críticas de sectores opuestos a las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias.

Surge además la controversia sobre los límites a la reelección. Un grupo de 120 socios objetó la posible reelección de Pino para un cuarto mandato, invocando la reforma estatutaria impulsada por él mismo en marzo de 2023, que fijó el tope en tres mandatos consecutivos.

Sin embargo, según la conducción actual, este límite solo aplica a partir de la aprobación formal ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de 2023. Bajo este criterio, el período 2024-2026 sería el primer mandato de Pino bajo la nueva norma. En una carta, los socios críticos advirtieron que autorizar una nueva postulación implicaría un “retroceso institucional y una contradicción ética” y que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

En paralelo, la SRA reafirma su rol como principal organización de grandes productores rurales y terratenientes de Argentina, con 3.900 socios y una historia institucional ligada a apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere. Fundada en 1866, la entidad pertenece al Grupo de los Seis, que nuclea a los actores económicos más poderosos del país: bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Cámara Argentina del Comercio (CAC).

La situación electoral mantiene la expectativa. Aunque Pereda ya formalizó su candidatura a la presidencia, Pino sostiene en redes sociales que aún evalúa su postulación, postergando el anuncio definitivo. Estas definiciones marcarán el escenario competitivo de septiembre y determinarán el futuro institucional de la Sociedad Rural Argentina para sus socios y el sector agroindustrial.