Una nueva etapa de emergencia agropecuaria fue declarada para la provincia del Neuquén debido al impacto de la sequía en las principales actividades productivas del sector rural.
A través de la Resolución 2123/2025, el Ministerio de Economía de la Nación resolvió, tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas queden comprendidas en el régimen especial desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, con exclusión de los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia.
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La medida otorga acceso a beneficios fiscales y financieros previstos en la ley 26.509, orientados a mitigar las pérdidas provocadas por la falta de lluvias y la profundización de la crisis hídrica.
La decisión se formalizó a través de la resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que la provincia del Neuquén presentara el decreto provincial 1303/2025 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios durante la reunión del 20 de noviembre.
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De esta manera, la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario abarca todas las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas afectadas por sequía, exceptuando únicamente a los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia.
El periodo de vigencia de la medida se extiende desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, en sintonía con la recomendación de la comisión nacional y lo estipulado en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto reglamentario 1712/2009.
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Según el texto de la resolución, los productores afectados deberán presentar ante la autoridad competente de la provincia un certificado que acredite que sus predios o explotaciones se encuentran incluidos en el área de emergencia o desastre. Este certificado es indispensable para acceder a los beneficios fiscales y financieros contemplados en la ley 26.509 y sus modificatorias.
A su vez, el Gobierno de la provincia del Neuquén deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, junto con copia del certificado de emergencia expedido por la autoridad provincial.
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Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía, deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar el acceso de los productores a los beneficios previstos en la ley. Estos beneficios incluyen prórrogas en vencimientos de créditos, suspensión de ejecuciones y otras herramientas de alivio financiero.
La resolución instruye al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar los convenios y actos necesarios para la ejecución de la medida en el marco de sus competencias.
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Hace unos días, el Gobierno nacional tomó una decisión similar respecto a los territorios afectados por las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires. Al igual que sucedió con Neuquén, la medida se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre el fenómeno climático y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte de la provincia.
En este sentido, se convalidó el decreto provincial N° 2.779, de fecha 8 de noviembre de 2025, que prorroga el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación para nueve circunscripciones del partido de Veinticinco de Mayo; y para siete circunscripciones del partido de Saladillo, durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
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La media incluye trece circunscripciones de Lincoln; dos del partido de Saladillo; siete de General Belgrano; doce del partido de Azul; seis de Pila; y la circunscripción VI del partido de Bolívar.
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