El juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Esteban Hansen, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a un comerciante a 4 años y 6 meses de prisión por contrabando y maniobras de lavado de activos. La sentencia incluyó decomisos valuados en más de 500 millones de pesos, entre dinero en efectivo, mercaderías y vehículos.
El caso se centró en Miguel Ángel Bautista, considerado responsable de distintos episodios de contrabando y de operaciones de encubrimiento vinculadas a actividades ilícitas en la frontera. La fiscalía probó que Bautista intentó sacar un colectivo al exterior de manera ilegal, que estuvo implicado en el transporte de 18 toneladas de hierro y que movió sumas millonarias a través de choferes de una empresa de transporte.
Según informó Fiscales.gob.ar, el titular del Área de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal, Federico Zurueta, intervino en la causa y solicitó el decomiso de los bienes, lo que fue aceptado por el juez.
En la sentencia dictada el 11 de julio, se estableció que Bautista resultó responsable de un episodio de contrabando de importación y exportación de mercaderías, un hecho de contrabando de exportación en grado de tentativa y un hecho de encubrimiento, en concurso real con lavado de activos.
La condena incluyó el decomiso de 18 toneladas de hierro, entre rollos de alambre y barras de distintos calibres, así como un colectivo Mercedes Benz valuado en más de 26 millones de pesos. Además, se confiscaron dos camionetas Toyota Hilux SW4, un autoelevador Sampi, una motocicleta Honda Tornado 250 y tres celulares.
Los procedimientos también permitieron secuestrar 125.234.070 pesos en efectivo, 2.100 dólares y 429.170 pesos bolivianos. El juez dispuso que todos esos bienes quedaran en favor del Estado Nacional.
La auxiliar fiscal Valentina Casali destacó en la audiencia de homologación la complejidad del caso y la investigación llevada adelante por la fiscalía. Señaló que Bautista desarrolló actividades ilegales durante varios años, tanto en materia de importación como de exportación, y que intentó legitimar esas ganancias mediante maniobras de colocación de divisas dentro del giro económico que tenía declarado en La Quiaca.
La investigación contó con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional de Salta y Jujuy. Los agentes reunieron indicios a lo largo de distintos procedimientos que permitieron reconstruir el modus operandi del comerciante.
Uno de los hechos investigados ocurrió el 19 de noviembre de 2023, cuando personal del Escuadrón 21 de La Quiaca advirtió que un colectivo circulaba con las luces apagadas por el paraje Pueblo Viejo. Al seguirlo hasta el límite fronterizo, los gendarmes observaron que los pasajeros descendieron y se fugaron. Bautista conducía el vehículo. Tras detenerlo, se formalizó la imputación con la hipótesis de que la unidad iba a ser trasladada a Bolivia.
Otro episodio se registró el 19 de mayo de 2024, cuando efectivos del mismo escuadrón interceptaron un camión que llevaba 18 toneladas de hierro en su acoplado. Al revisar la documentación, se detectaron anomalías en los papeles. El cargamento, de origen peruano, estaba dirigido a una empresa de la que Bautista era socio. Posteriormente, el comerciante intentó recuperar la carga presentándose en el escuadrón, pero no pudo acreditar la legalidad de la operación.
La fiscalía también presentó pruebas vinculadas a procedimientos de 2022 y 2023. En ambos casos, choferes de una empresa de transporte trasladaban fajos de billetes de 3 y 6 millones de pesos que pertenecían a Bautista.
El 18 de septiembre de 2024 se realizaron allanamientos en cuatro inmuebles de manera simultánea. Allí se secuestraron vehículos, dinero, celulares y mercaderías varias. En total, los elementos decomisados fueron valuados en más de 500 millones de pesos.
Gran parte de la mercadería incautada fue comisada de forma anticipada, antes de la sentencia, ya que se trataba de productos perecederos. Esos bienes fueron destinados a una asociación civil sin fines de lucro que acompaña a personas con discapacidad.
Los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional también dieron cuenta de las actividades irregulares de Bautista.
La investigación incluyó escuchas telefónicas y el análisis de los celulares secuestrados en los allanamientos. La fiscalía sumó además observaciones de campo realizadas en domicilios y locales comerciales del imputado.
Presentado el acuerdo, la defensa prestó conformidad con todos los términos y el propio acusado también lo aceptó. El juez homologó la condena y el decomiso de bienes sin advertir inconvenientes legales.
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