El Gobierno argentino trabajaba para eso en las últimas horas, y lo logró: EEUU apoyará el reclamo de Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en uno de los capítulos del extenso juicio por la expropiación de YPF.
Se trata del pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado local tiene en la empresa. En 2023, Burford fue declarado el principal beneficiario del fallo de primera instancia por el cual la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar USD 16,000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012.
Hace pocas horas se conoció oficialmente la decisión del Departamento de Justicia de EEUU de presentar un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) apoyando a la defensa argentina en su reclamo de que se suspenda el fallo de Preska que ordenó entregar las acciones de YPF. En los próximos días presentará un documento con sus argumentos. El documento del anuncio lo firmó David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Algo similar ocurrió el año pasado, cuando Joe Biden era presidente de EEUU.
“La intervención del Gobierno de EEUU en respaldo a la República Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación. Por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones”, destacó en X Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
Mientras tanto, sigue la estrategia oficial de buscar alianzas y que otros países se presenten como amicus curiae de Argentina en la corte de Apelaciones. Es una estrategia conjunta, que parece empezar a dar resultado, entre la Cancillería y la Procuración del Tesoro, el organismo que lleva adelante la causa, tanto directamente como con los estudios de abogados que contrata en el exterior.
Si bien no hay confirmación oficial, la nómina de otros países la integrarían Uruguay, Paraguay y El Salvador, entre algunos de los americanos, e Italia, Francia y Alemania, entre los del Viejo Continente. Podría haber otros.
El apoyo de Biden
EEUU ya había apoyado al país en este capítulo del juicio. En octubre del año pasado, cuando aún gobernaba Biden, le recomendó a Preska que no tuviera en cuenta el pedido de Burford de quedarse con las acciones de la empresa.
En la presentación, que firmó Damian Williams, ahora exfiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, se aseguró que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. Y le recomendó a Preska que rechace esa solicitud.
También hizo foco en que la opinión de larga data del gobierno estadounidense es que sus jueces no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros. “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”, destacó el escrito de 10 páginas.
La jueza, cercana al partido Republicano y de tendencia que podría definirse como conservadora, no tuvo en cuenta el pedido y hace 10 días ordenó el traspaso de acciones. Puede volver a pasar: los jueces escuchan los argumentos de los amicus curiae, pero no siempre siguen sus recomendaciones. Lo hizo Preska y antes lo había hecho su antecesor, el fallecido Thomas Griesa, en la causa de los hold outs, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
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