Argentina presentó un nuevo escrito ante la Corte Suprema de los EEUU, buscando evitar el embargo de USD 310 millones. Estos activos, depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, están asociados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.
“El caso Attestor está relacionado con holdouts que aún no han cobrado la sentencia y acudieron a su derecho de embargar activos soberanos para cobrar, en conjunto, USD 450 millones aproximadamente. Esta presentación es la segunda de Argentina y es respuesta a la presentación que realizaron los acreedores el 20 de diciembre”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.
La decisión de acudir nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos surge luego de que la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, ratificara en agosto un dictamen previo de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Este fallo permite a los acreedores embargar títulos del Tesoro de los Estados Unidos que estaban en garantía de los bonos Brady, deuda que Argentina refinanció en los años 90 bajo un plan impulsado por el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady.
Sin fallos favorables
Según detallo Maril a Infobae, el pedido de embargo nace de un grupo de cinco o seis fondos, holdouts, que aún no cobraron una vieja la sentencia del juez Thomas Griesa. Como Argentina no pagó, en conjunto tienen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes. Habían pedido el embargo del colateral de los bonos Brady que Argentina aún tiene en la Reserva Federal de Nueva York, USD 250 millones; y en Basilea, unos 58 millones de euros.
“Los bonos Brady vencieron el 31 de marzo del 2023. La jueza Preska había autorizado el embargo de esos colaterales en el 2022. Argentina apeló y perdió la apelación; y ahora busca que la Corte Suprema falle a favor del país. Para variar, metemos la pata y seguimos haciéndolo, cada vez profundo. Más barato y sencillo sería pagar”, explicó.
Para Maril, es lamentable la cantidad de intereses, costos de representación legales y subas del Riesgo País que Argentina ha pagado por insistir en un fallo que siempre ha salido en contra. “Yo aplaudo todos los cambios que ha hecho el presidente Milei en materia de política económica y social, pero lo que no ha cambiado el Gobierno es la estrategia legal ante estos juicios”, apuntó el especialista.
“Desde que llegó Milei a la presidencia, hemos apelado Cupón PBI Inglaterra, Cupón PBI Estados Unidos y el fallo asociado a los bonos Brady. Además, hemos apoyado la apelación de octubre de 2023 de la expropiación de YPF; lo mismo pasa con Aerolíneas Argentinas. Todos los intereses que están generando estos juicios desde diciembre de 2023 hasta hoy, son todos de Milei”, insistió Sebastián Maril.
El argumento argentino
La defensa argentina sostiene que estos activos son propiedad del Banco Central de la República Argentina y no del Estado, lo que los eximiría de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, argumenta que los títulos en cuestión no pueden ser considerados como parte de una actividad comercial, otro elemento que, de acuerdo con la legislación internacional, debería garantizar su inmunidad frente a embargos.
La jueza Preska, sin embargo, rechazó estos argumentos. En su fallo de agosto de 2022, ratificado este año por la Corte de Apelaciones, sostuvo que los derechos de reversión asociados a los bonos Brady pertenecen al Estado argentino, no al BCRA. Además, argumentó que estos activos se utilizaron previamente en actividades comerciales, invalidando el reclamo de inmunidad.
“La Argentina ha utilizado los derechos de reversión en al menos dos oportunidades previas. Aunque el país afirma que no existió un uso comercial, esta afirmación carece de fundamento”, expresó la jueza en su fallo.
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