Los empresarios piden bajar las cargas patronales, pero el Gobierno prioriza la caja y posterga la decisión: los planes de Milei

Así como no había sido incluido en el DNU de reforma laboral, cuestionado judicialmente, la rebaja de los impuestos al trabajo tan reclamados por el sector empresario para la generación de empleo tampoco fue incorporado en el proyecto de ley Bases aprobado el martes por la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno lo tiene en carpeta y así como promete avanzar con una reducción impositiva general en 2025, también está en la agenda diseñar una reforma previsional que aliviane la carga laboral para los empleadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

Aunque hoy la recesión le impone un límite natural a la creación de empleo, en el equipo económico y de Capital Humano, que incluye a la Secretaría de Trabajo, creen que en dos o tres meses más la actividad debería empezar a repuntar, de la mano de una consolidación de la baja de la inflación y de la estabilización de las variables macroeconómicas. A partir de este escenario, y si la ley de Bases finalmente es sancionada, en el Gobierno estiman que comenzará un proceso de creación de empleo. “Hoy hay mucho riesgo y a partir de la nueva ley, ese riesgo cesará. Hay muchas empresas que necesitan eso. Nuestro mapa es que aún sin rebaja de aportes y contribuciones, se va a generar mucha actividad si sale la ley”, dijeron fuentes oficiales.

El proyecto de ley Bases incorporó parte de los artículos del fallido decreto, como la eliminación de las multas indemnizatorias, que reducen el incentivo a la industria del juicio; la ampliación del período de prueba a seis meses, con la posibilidad de que sea hasta un año en las pymes y un blanqueo laboral, entre otras, pero no avanzó con la baja de impuestos por la todavía delicada situación fiscal que el presidente Javier Milei se propuso enderezar cuanto antes. De todas maneras, la intención del oficialismo en avanzar por esta vía está y no creen que demore mucho tiempo.

Sin el riesgo de la industria del juicio, con la eximición de las sanciones a los empleadores que tienen trabajadores no registrados y la eliminación de las moratorias previsionales, entre otros puntos, en el Gobierno creen que tanto empresas como trabajadores se verán incentivados al trabajo en blanco. Por otro lado, desde la cartera laboral habilitarán una línea de contacto para que puedan hacerse las denuncias correspondientes sobre la no registración y, con esa información, los funcionarios del área aplicarán las multas correspondientes, según trascendió. La reducción de las cargas al trabajo llegarán cuando las cuentas fiscales estén en orden, la inflación haya bajado y el nivel de actividad esté en alza; probablemente suceda el año próximo.

Los empresarios vienen haciendo este reclamo desde hace mucho tiempo. Es una de las banderas de la UIA y de muchas otras entidades. En los últimos meses, con la fuerte caída de la actividad, para muchos sectores se volvió mucho más necesario, especialmente los sectores de mano de obra intensiva, como el textil, la confección, el calzado o la marroquinería. Tanto es así que directivos de las cámaras que representan a estos rubros recorrieron los despachos oficiales con este pedido. Una de las propuestas recibidas por la cartera laboral fue que las pymes de esos sectores puedan descontarse del IVA lo que abonan por cargas al trabajo.

“Hemos presentado varias propuestas para tener políticas diferenciadas para pequeñas y medianas empresas. No podemos seguir teniendo las mismas cargas que las grandes porque no tenemos las mismas condiciones, especialmente en este contexto de estancamiento fuerte de ventas que nos pega muy fuerte”, enfatizó a Infobae el presidente de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González.

Consultado el empresario y economista Gustavo Lazzari, destacó los artículos laborales incluidos en el proyecto de ley aprobado por Diputados y enfatizó que “después tiene que a discutirse una reforma previsional que baje los impuestos al trabajo y una reforma del sistema laboral en lo que es la tributación al trabajo”. “La ley Bases no tocó nada de eso y es algo que hay que revisar. La parte de obra social está relativamente bien porque es 9% del salario, pero la parte jubilatoria, que es 27% entre aportes y contribuciones, es muy elevado para los haberes que presta. Es decir, financia un sistema que no le vuelve nunca al trabajador”, señaló Lazzari.

El empresario agregó: “Lo que fue incluido en la ley sirve para bajar el incentivo a la industria del juicio. Pero bajar los costos de los impuestos al trabajo es esencial para fogonear más trabajo. Buena parte del empleo informal tiene que ver con que la carga es altísima”.