Tierras, discapacidad y endeudamiento: el oficialismo busca neutralizar la agenda opositora con una mega sesión

La semana pasada el oficialismo consiguió una clara victoria política al dejar sin quórum la sesión convocada por la oposición. Su objetivo principal era salvar el DNU 70/23, que Javier Milei firmó al inicio de su gestión para desregular amplios sectores de la economía, pero para poder “blindar” el decreto tuvieron que hacer varias concesiones a los aliados, como volver a poner límites a la venta de tierras a extranjeros y comprometerse a debatir dos temas incómodos para la Casa Rosada: la situación de los endeudados y la emergencia en Discapacidad.

Con un claro giro pragmático, los libertarios acordaron con sus aliados (PRO, UCR y provinciales) restituir la Ley de Tierras del kirchnerismo (2011) y también dejaron de lado el feroz recorte en Discapacidad -que la Casa Rosada incluyó en el borrador del Presupuesto 2027- para avanzar con un proyecto “superador” que retoma gran parte del sistema vigente. Todo esto para conseguir que los aliados y partidos provinciales no se sumen a las propuestas de la oposición dura. “Fue perder lo menos para ganar lo más”, explicó uno de los principales referentes libertarios en la Cámara de Diputados.

En el caso del endeudamiento familiar, el oficialismo aceptó tratar el tema pero se mantuvo firme en el plano discursivo: repitieron hasta el cansancio que se trata de un problema “entre privados” y que cualquier intervención sobre las tasas de interés o eventuales quitas de capital de las deudas tendrían un efecto muy negativo sobre el mercado del crédito. Por eso presentaron un proyecto propio que se limita a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento.

Hasta el momento la estrategia del oficialismo fue exitosa, porque no solo logró “vaciar” la sesión que impulsaba la oposición, sino que durante los debates en comisión se quedó con el dictamen de mayoría tanto en discapacidad como en endeudamiento. Esto quiere decir que sumó más apoyos que la oposición y también que los textos de La Libertad Avanza se tratarán primero en el recinto.

Por otro lado, para mejorar la sintonía con los aliados, los libertarios incluyeron en el temario otros proyectos como el de vandalismo rural, del PRO, que aumenta las penas de prisión para la intrusión en establecimientos rurales y el daño a insumos o infraestructura. También la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco.

Además, en un claro gesto de buena voluntad hacia las provincias, el día anterior a la sesión comenzó a tratarse en comisión el proyecto de ley de biocombustibles que viene con media sanción del Senado. La iniciativa, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil, beneficia directamente a los distritos productores de bioetanol, como Salta, Jujuy y Tucumán, y de biodiesel, como Córdoba y Santa Fe. Por lo tanto, podría influir directamente sobre alrededor de 15 diputados que responden directamente a gobernadores de estos distritos.

Por último, el temario incluye el proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, presentado para aumentar los controles sobre sustancias como el fentanilo, que el año pasado se cobró más de un centenar de vidas por unas partidas contaminadas con bacterias.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el primer punto del temario

El miércoles de la semana pasada, apenas un día antes de la sesión opositora, La Libertad Avanza acordó con sus aliados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros. El objetivo detrás de esta maniobra fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazaban la venta de tierras sin límites pero no querían derogar por completo el DNU 70/23, como proponía la oposición dura.

El mega decreto 70/23, además de eliminar la ley de tierras del kirchnerismo, derogó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.

Por eso, a pedido de la UCR, se incluyeron en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda).

Por su parte, la ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedaría vigente si se aprueba el proyecto, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

Emergencia en Discapacidad

Durante el debate en comisión, los libertarios se comprometieron con los aliados a eliminar de raíz el capítulo del Presupuesto que contenía una reforma total del sistema, que eliminaba las pensiones no contributivas por discapacidad, y contemplaba un fuerte ajuste de gastos en el sector.

En cambio avanzaron con un texto propio, consensuado con la UCR y el PRO, que mantienen la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Además, por pedido de los aliados, establece que la pensión sea compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles.

Sin embargo, los aliados de Argentina Federal firmaron en disidencia y pidieron más cambios al texto y una serie de aclaraciones. Asegurar estos votos será vital para el oficialismo si quiere aprobar su propuesta.

En ese sentido, las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la semana pasada despertaron todo tipo de sospechas porque reconoció que el Poder Ejecutivo “quería otra cosa” y evitó confirmar si retirarán el capítulo en cuestión del Presupuesto 2027. De esta forma dejó abierta la posibilidad de un eventual veto de Milei.

Desde el peronismo denuncian que tal como está redactado el proyecto divide las pensiones en dos: una por invalidez laboral y otra por discapacidad, pero con diferente acceso al programa Incluir Salud.

Por su parte, las instituciones y organizaciones del campo de la discapacidad plantearon en un comunicado que la Ley 27.793 “no se cumplió y la emergencia no está superada”. Por eso reclaman prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2027, con todos sus efectos.

Endeudamiento familiar y morosidad

El último punto de la sesión será el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora. La propuesta del oficialismo apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses.

El proyecto de los libertarios también incorpora requisitos para el otorgamiento de créditos a través de plataformas digitales. Exige doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas se consideren consentimiento y ordena entregar de inmediato las condiciones contractuales en soporte digital.

En contraposición, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponen declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.