Aumentos de transporte: el Gobierno espera un fallo judicial para definir cómo seguirá el esquema de subas

El Gobierno buscará ahorrar algo menos de $400.000 millones de subsidios al transporte público y este martes dio el primer paso con un incremento en el precio al pasajero de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hasta un mínimo de $270 y $130, respectivamente. La Secretaría de Transporte quedó habilitada por la justicia para aplicar ese incremento pero necesitará una decisión firme para avanzar con un esquema de actualización como el que rigió, por ejemplo, durante parte del 2023, cuando las tarifas subían al ritmo de la inflación.

El recorte en subsidios de transporte representa una parte menor del plan de ajuste fiscal general que lleva adelante el Ministerio de Economía de Luis Caputo: cerca de 0,2% del Producto Bruto de los cerca de 5 puntos que necesita para llegar en 2024 al déficit cero. Tras la salida de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, la Secretaría de Transporte comenzó a responder de manera directa a Caputo, que supervisó hasta ayer la puesta en marcha del primer incremento de los boletos de colectivos y trenes.

En Transporte prefieren todavía no especular sobre cómo continuará, en lo sucesivo, el aumento de tarifas de transporte tras el aumento aplicado este martes. Por lo pronto, aseguran que esperarán que la Justicia se expida de manera firme sobre la medida cautelar solicitada y habilitada hasta ayer por el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray.

Con la decisión del juez Ernesto Kreplak de suspender la vigencia de la cautelar por la apelación solicitada por el Poder Ejecutivo, el Gobierno quedó con las manos libres para aplicar un aumento que dejó el boleto mínimo de colectivos pasará a los $270 y el de trenes quedará en $130 para las personas que tengan su SUBE registrada a su nombre. Quienes no hayan realizado el registro pagarán $429,30 y $260, respectivamente, a partir del 1 de abril.

Los próximos pasos todavía son considerados “futurismo” en los despachos oficiales cercanos al secretario Franco Mogetta, ex funcionario de ese área del gabinete del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti. Cualquier otro aumento que busque llevar adelante Transporte requerirá autorizaciones por la vía de audiencias públicas como la que necesitó esa secretaría para aumentar este martes las tarifas.

La pregunta que sobrevuela es qué tipo de actualizaciones adoptará en los próximos meses. Durante parte de 2023, entre marzo y el inicio de la campaña presidencial, el entonces ministro de Economía Sergio Massa había propiciado un esquema de subas mensuales de acuerdo al ritmo de la inflación. Fuentes oficiales consideran que sería insuficiente para la intención del nuevo gobierno porque aumentos por inflación lo único que harían es “sostener” el nivel de subsidios y lo que busca el equipo económico es desandar un camino de desarme de esas subvenciones.

En Transporte no tienen una estimación concluyente aunque otras fuentes oficiales aseguran que tras el incremento de los boletos de este martes el porcentaje de cobertura que tiene la asistencia del Estado para un viaje en colectivo en el AMBA pasó de un 91% a cerca un rango de entre 70 y 75 por ciento, y consideran que esa proporción debería ser incluso más baja. Miran, por ejemplo, a Córdoba y Rosario como referencias, que hoy pagan un boleto mínimo un 26% más caro ($340) que los pasajeros del AMBA.

Si bien no hubo una confirmación oficial del desarme del Ministerio de Infraestructura, áreas como Transporte, junto a Obras Públicas y Vivienda ya responden de manera directa al ministro de Economía. Ferraro, en rigor, está de licencia hasta el último día de febrero, tras lo cual podría publicarse en el Boletín Oficial la aceptación de su renuncia. La razón para esa transición, explican, responde a poder mantener en funcionamiento administrativo esas secretarías clave. El jefe de gabinete que llegó con Ferraro, Juan Ordóñez, actúa como la pieza de articulación con Caputo y su equipo.

Según se espera en los despachos oficiales, esas tres secretarías nombradas quedarían bajo el ala del Palacio de Hacienda, mientras que otras como Comunicaciones y la de Concesiones -creada ad hoc por Ferraro para entender sobre una serie de contratos extendidos en los últimos años con empresas privadas y que el Gobierno de Javier Milei quería poner en revisión- podrían mudar su jurisdicción por debajo de la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse.

El jefe de los ministros mantuvo una relación tirante con Ferraro durante las pocas semanas de mandato del gobierno libertario. Posse busca tener bajo su mando todas las terminales que tiene el Estado en empresas públicas. Algunas de ellas están en el organigrama de Infraestructura, como Aerolíneas Argentinas, las distintas compañías operan el sistema ferroviario y AySA, entre otras.

Todavía no se conoce, en ese contexto, si todas las secretarías mantendrán su rango y si los funcionarios que hoy las encabezan continuarán en sus puestos. Además del cordobés Mogetta en Transporte, están las de Obras Públicas, que está en manos de Luis Enrique Giovine, un funcionario también cercano a Schiaretti, Vivienda, que lleva como nombre Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y que tiene como titular a Héctor Antonio Lostri, Comunicaciones y Conectividad (Ignacio Cingolani) y Concesiones (Mariano Mirotti). A falta de confirmaciones administrativas, en el Ministerio de Economía la pizarra oficial de la entrada que da a la calle Yrigoyen y que indica quiénes son las autoridades de la casa ya dejó de mostrar el nombre de Ferraro.