
El Gobierno mantiene, al menos por el momento, su hoja de ruta original para lo que resta del año respecto a los aumentos de tarifas, luego de que el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre la necesidad de acelerar el recorte del gasto en subsidios, en especial los energéticos. En lo que va del año esa cuenta del gasto público tuvo una poda, en términos reales, cercana al 20 por ciento.
En el último comunicado en que oficializó un acuerdo técnico, el FMI hizo un llamado de atención sobre cómo debería ser la política fiscal de los próximos meses del Gobierno como condición para contar con los desembolsos prometidos en agosto y noviembre. Un elemento que aparece siempre en el menú de preferencias del organismo para evaluar el sendero de gasto público es el de los subsidios.
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“La meta de déficit fiscal primario para 2023 se mantiene sin cambios en 1,9 por ciento del PIB. El cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año, respaldado por una serie de medidas acordadas de ingresos y gastos, protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios”, planteó el FMI.
Y sumó: “Por el lado del gasto, siguen siendo necesarios esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial, actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema; y fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales”.
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Los escarceos con el Fondo Monetario por la cuestión de las tarifas es una constante en las discusiones técnicas desde que se inició la negociación original, a mediados de 2021 y que quedó saldada en marzo del año pasado. El FMI auspicia un ajuste acelerado del gasto en subsidios energéticos y había proyectado, en la revisión técnica finalizada en marzo de este año, un ahorro para 2023 equivalente a 0,5% del PBI y que los subsidios cubran el 40% del costo de la energía, contra 70% que cubrían en noviembre pasado.

La progresión marca que en 2022 los subsidios energéticos terminaron por representar el 1,9% del Producto Bruto. El recorte esperado para este año en el escenario base que se trazaron el Fondo Monetario y el Gobierno ubicaba esa cifra en 1,5% del PBI. A mitad de año el Ministerio de Economía había estimado, incluso, que podría terminar con un presupuesto en subvenciones menor a 1 punto del PBI.
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El plan original, aseguran en la Secretaría de Energía, plantea que en octubre, todavía en pleno desarrollo del calendario electoral, debería tener lugar una audiencia pública que determine cuál es el aumento de boletas de noviembre, previsto como el único y último que restaría para el 2023.
De todas formas, podría no ser un calendario tallado en piedra. Según aseguraron a Infobae fuentes oficiales, el equipo económico está evaluando por estos días cómo continuará la hoja de ruta tarifaria, tras el llamado de anteción del Fondo Monetario. No hay aún pistas sobre si se anticipará algún reajuste en los precios de los servicios públicas antes de esa instancia de fin de año.
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La poda presupuestaria para los subsidios, de todas formas, ya tuvo un recorrido marcado en lo que va del año. Un informe del Observatorio de tarifas y subsidios (que pertecene al Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA) midió que “en el primer semestre de 2023, los subsidios caen en términos reales un 17,3% anual explicado por una reducción real en transporte del 4,4%, en energía del 20,1% y en agua del 17,4%”, remarcaron.
Por otra parte, midió que “en junio de 2023 los precios pagados por la demanda eléctrica residencial cubren el 100% del costo para los N1 (el de mayores ingresos), el 14% para los N2 (mayor cobertura de subsidio) y el 18% para los hogares N3 (ingreso medio). Para el gas natural, los precios PIST (ingreso al sistema de transporte) pagados por usuarios cubren el 53% del costo de abastecimiento de gas para los N1, el 16% para los N2 y el 20% hogares N3″, consideró el observatorio.
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El economista Julián Rojo, especializado en energía, midió con los últimos incrementos aplicados sobre las boletas de energía eléctrica, que los usuarios sin subisidios tuvieron un aumento de 6,3% respecto a julio y de 523% nominal en comparación con agosto del 2022, antes de que se lleve adelante la segmentación.
En términos reales, descontada la inflación, el rango de usuarios de mayores ingresos tuvieron en las facturas finales una suba de 190% aunque una leve caída mensual. En números concretos: en agosto un hogar sin subsidios pagará de luz $11.533. Tomando ese nivel de nominalidad, es más de lo que abonaba en enero de 2019.
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Para los hogares N2 y N3, por su parte, en términos nominales en agosto tuvieron un aumento en la factura final del 3% y 2,7% respectivamente en relación a julio, siempre para un consumo de 300 kilovatios en el mes y de 65% y 83% respecto de agosto de 2022. En términos reales caen respecto de agosto de 2022 (-23% y -15%) y respecto del mes anterior (3,7% y 4%), indicó Rojo. Pagan, en valores finales de boleta, $3.051 y $3.338, respectivamente. A precios actuales, hace un año pagaban ambos unos $3.900.
Del total de usuarios residenciales de energía eléctrica inscriptos en el RASE, el 33,2% no cuentan con subsidios, el 49% pertenece al segmento con mayor cobertura de subvenciones y los de ingresos medios representan el 17,6 por ciento. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esos porcentajes cambian a 45%, 34% y 20%, respectivamente.
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Para el gas, en tanto, el 39% paga el costo total del servicio, el 36% cuenta con la mayor porporción posible de subsidio y el 24% está en el segmento medio.
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