El Gobierno demora el aumento en el precio de los alimentos frente a la presión de las empresas que piden subas de hasta un 25%

Tras haber otorgado, a fin de agosto, una nueva prórroga por 60 días del programa “Precios máximos”, que mantiene prácticamente sin actualizar los precios de todos los productos de consumo masivo desde marzo, el Gobierno inició una nueva ronda de consultas con las empresas para terminar de definir cuál será el nuevo incremento que otorgará, en el marco de este congelamiento generalizado que comenzó a raíz de la pandemia.

El único incremento autorizado desde que comenzó la cuarentena fue a mediados de julio, y osciló entre el 2,5% y el 4%, según la firma. En esa oportunidad, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, les había garantizado a las compañías que autorizarían micro aumentos paulatinos para que puedan cubrirse los incrementos de costos y que el programa siga funcionando. Pero pasaron ya casi dos meses de esa promesa, y las empresas siguen reclamando un nuevo ajuste.

A fines de agosto, los directivos de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) mantuvieron un encuentro con Kulfas en el que se les adelantó que la medida sería extendida hasta fines de octubre pero que habría un nuevo aumento en los precios, en función de las subas de costos de cada compañía. El ministro les pidió que sigan enviando la información pertinente para que sea analizada por su equipo, pero hasta ahora no tuvieron ninguna devolución.

Desde la semana pasada, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, está recibiendo de forma individual a las empresas, que le acercan sus números y pedidos de subas. Pero desde el Gobierno no se les transmitió ningún porcentaje, ni siquiera tentativo. “Las empresas pidieron las reuniones; igual que la otra vez, las recibimos. En los casos en los que se justifique, habrá correcciones de precios”, dijeron fuentes de la cartera productiva.

En el ministerio aseguran que el porcentaje de aumento, en el caso de que corresponda, se definirá una vez que se terminen de concretar todas las reuniones pedidas por las empresas. Algunas ya tuvieron su reunión, otras la tendrán esta semana, y algunas otras, la próxima. El Gobierno debería anunciar el nuevo ajuste a mediados de mes, como lo hizo en julio, y según las expectativas de los empresarios, el porcentaje será por categoría y similar al pasado, es decir, un promedio de 3%.

Según había reclamado Copal en el encuentro que mantuvo con Kulfas, el sector de la alimentación requiere, por las subas de costos, un aumento promedio de precios del orden del 25%, aunque en cuotas. El rubro aceitero, de hecho, pidió aumentos mensuales del 7% para ir reduciendo el atraso. Pero la sospecha es que se les autorice una cifra mucho menor.

“Venimos apoyando mucho. No estamos pidiendo un número de aumento, pero sí un deslizamiento para ir acompañando el aumento de costos y la inflación”, dijeron en una multinacional, a la vez que agregaron: “El abastecimiento está garantizado. Estamos produciendo en un contexto en el que estamos agradecidos, pero tiene sus sobrecostos de producción. Además, nos congelaron precios, pero no se miró para atrás en la cadena de valor”.

En otra empresa productora de alimentos agregaron: “Estamos esperando que nos convoquen para mostrarles nuestros números, que ya igualmente mandamos el viernes, actualizados a agosto. Desde marzo, los costos nos subieron 23 por ciento”.

Esta situación comenzó a generar que cada vez más empresas abandonen sus políticas de promociones y retaceen las entregas de mercadería. Aunque no llegan a desabastecer las góndolas, los niveles de entrega se redujeron en las últimas semanas, aseguraron fuentes del supermercadismo. De hecho, una empresa grande de consumo masivo mandó una nota a las cadenas días atrás planteando que a partir del 1° de septiembre reasignarían promociones, lo que implicaba un aumento del 3%, dijeron en una de las cadenas.

El aumento no fue aceptado por los supermercados, pero en Comercio Interior afirman que al tratarse de quita de bonificaciones -algo que muchas compañías vienen haciendo desde el congelamiento-, la secretaría no tiene herramientas para impedirlo.

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