
La Argentina enfrenta un éxodo creciente de multinacionales que han concluido que hacer negocios en la tercera economía más grande de América Latina es demasiado complicado y poco rentable, incluso si no se tiene en cuenta la pandemia de coronavirus.
Los sindicatos poderosos, la política volátil, los controles de precios y divisas, y otras formas de intervencionismo estatal han caracterizado la forma de hacer negocios en un propenso a las crisis. Ahora, ante un tercer año consecutivo de recesión y un nuevo gobierno antiempresarial, algunas compañías extranjeras, desde aerolíneas hasta fabricantes de autopartes, están subiendo las apuestas.
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Latam Airlines Group, con sede en Santiago de Chile, dijo que dejaría los vuelos domésticos en la Argentina después de 15 años en el país. En una carta al Ministerio de Trabajo, la aerolínea incluyó una larga lista de quejas que, según dijo, hizo que sus costos fueran un 41% más altos y la productividad de la tripulación un 30% más baja que en cualquiera de los otros 26 mercados en los que opera. Las relaciones frágiles con los sindicatos, una moneda local débil y un nuevo impuesto “solidario” que se aplica a los boletos aéreos para destinos fuera del país fueron algunos de los motivos. La pandemia de coronavirus no fue la razón principal mencionada por Latam. “Los conflictos constantes en una operación plagada de huelgas causaron pérdidas significativas”, dijo la compañía en la carta.
El gigante de recubrimientos de automóviles respaldado por Warren Buffett, Axalta Coating Systems, la compañía de pintura alemana BASF y el fabricante francés de autopartes Saint-Gobain Sekurit, han anunciado en las últimas semanas que tienen la intención de trasladar la producción a Brasil, a pesar de que el brote de virus allí ha sido mucho peor.
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Honda Motor dejó de fabricar automóviles en la Argentina en mayo, aunque continúa produciendo motos, según la cámara local de la industria automotriz. American Airlines está dejando de volar una de sus rutas hacia el país. Y Alsea, que opera franquicias de comida rápida en la región, cerró de manera temporaria 37 locales de Starbucks y 8 definitivamente. Según la cámara automotriz, muchas de las grandes empresas que estuvieron paradas están dejando proyectos de inversión de lado.
Si bien el futuro pospandémico es incierto para la mayoría de los países, la perspectiva para la Argentina, que se ubica 139 de 141 países en una clasificación de estabilidad económica compilada por el Foro Económico Mundial, es una de las más precarias. Un entorno operativo que ya desafiante lo es más aún desde que el presidente Alberto Fernández asumió el cargo en diciembre. Su administración restringió aún más el acceso a dólares, aumentó los impuestos y prohibió los despidos. La decisión del gobierno de dejar en default parte la deuda externa, después de que las negociaciones con los tenedores de bonos se estancaron, y las medidas para expropiar a uno de los mayores exportadores de soja del país tampoco parecen mostrarlo comprometido con los inversores extranjeros.
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“Los cierres o la transferencia de operaciones a otros lugares no tienen nada que ver con la pandemia”, dice Andrés Borenstein, economista de la consultora EconViews. La Argentina “perdió credibilidad después de años de recesión y incumplimiento. Este gobierno no ha demostrado ser muy favorable al mercado“.

El país fue uno de los primeros de América Latina en imponer restricciones de bloqueo para frenar la propagación del coronavirus. Las medidas, que ahora se están levantando gradualmente, han cobrado un alto precio en una economía ya débil. Los economistas encuestados por el Banco Central pronostican una contracción del 12% este año, que sería la mayor caída de un año desde que se tiene registro.
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Para muchas empresas privadas de capital, la pandemia es la gota que colmó el vaso. Los datos del gobierno muestran que 20,000 empleadores del sector privado han dejado de operar este año. Entre los que siguen en pie, más del 70% de las empresas dicen que no pueden mantener las operaciones más allá de los próximos 12 meses, según una encuesta realizada por un grupo empresarial líder. “Esperaría que más empleadores del sector privado y empresas independientes cierren en los próximos meses”, dice Jimena Blanco, directora de investigación de América Latina dela consultora Verisk Maplecroft.
Por supuesto, los problemas económicos de la Argentina no son nuevos. El país ha pasado un tercio de su historia moderna en recesión, y el crecimiento ha sido difícil de alcanzar durante la última década. La inversión extranjera directa neta ascendió a USD 5.100 millones en 2019, aproximadamente la mitad del total anual en cada uno de los dos años anteriores, según la Cepal.
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Las negociaciones para reestructurar USD 65.000 millones en bonos han progresado, aunque algunos de los acreedores más grandes se resisten a los términos que ofrece el Gobierno, lo que se suma a una atmósfera de crisis en la que han estado navegando las empresas desde el incumplimiento de la deuda del 22 de mayo, el noveno de la Argentina.
La administración de Fernández está tratando de ayudar a las empresas en algunos frentes al hacerse cargo de una parte de los salarios, suspender las contribuciones a la seguridad social y proporcionar miles de millones de pesos en préstamos de emergencia. Durante una videoconferencias en Consejo de las Américas, la semana pasada, enfatizó que su administración está tratando de mejorar el clima para los negocios. “Lo que más necesita la Argentina es inversión, producción, empleo y desarrollo“, dijo. “Argentina sigue siendo un país que estructuralmente tiene mucha riqueza natural”.
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Ese mensaje no parece haberle llegado a Patricio Pagani, quien comenzó su empresa de análisis de datos The Black Puma hace dos años y dice que ya está considerando trasladar parte de su operación a Uruguay o Chile. Los aranceles a la exportación obstaculizan los negocios en el extranjero, y los impuestos internos son mucho más altos que el promedio en América Latina. Pero Pagani dice que sus mayores desafíos son los controles de capital que consumen sus ganancias porque lo obligan a convertir los pagos de clientes en el extranjero a pesos al tipo de cambio oficial, ahora 72 pesos por dólar, mientras que muchos de sus otros costos están relacionados con el tipo de cambio libre, que actualmente sale 140 pesos por dólar.
“Te hace pensar, como dueño de una empresas, en alternativas para hacer negocios en otro lugar”, dice Pagani. “No somos para nada competitivos”.
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Con Jorgelina Do Rosario
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