Máximo Padoan, director de Vicentin: “El plan de Perotti es mucho peor que el DNU de Alberto Fernández”

Los abuelos las hacen, lo padres las potencian y los nietos las funden. La conocida frase que intenta describir el derrotero genérico de muchas empresas familiares argentinas seguramente es injusta, aunque algo de sabiduría popular debe encerrar, sin dudas. A Máximo Padoan (50), director ejecutivo de Vicentin, y actual generación al frente de la agroexportadora, mucha gracia no le hace. “Acá no se fundió nada, no tiene ningún sentido eso. Quien crea eso tendría que saber que esta es nuestra primera crisis en 90 años de historia. ¿Somos una empresa insignia, un emblema y ahora somos fundidores? ¿Quién los entiende?”, sube el tono el heredero de la familia

Padoan es tercera generación al frente de la agroexportadora que está en el ojo de la tormenta, en concurso de acreedores –con una deuda de USD 1.350 millones– y con el gobierno de Alberto Fernández que busca intervenirla –algo que por ahora no ocurrió luego del fallo del viernes del juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzin– y expropiarla por medio de una ley del Congreso.

Es uno de los hijos de Alberto “Beto” Podoan, quien fue CEO de la empresa, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y que también estuvo involucrado en la causa de los cuadernos de la corrupción. Y nieto de Máximo Vicentín, quien con dos hermanos y un tío fundó la compañía hace 90 años.

“La marcha fue muy emocionante, muy movilizadora. Fue en el pueblo donde yo vivo, a dos cuadras de donde nació la empresa, y en todo el país. Fue una manifestación por la libertad, la propiedad privada, la división de poderes y el estado de derecho. Fue mucho más grande que por Vicentin. Así se vivió. Muchos acreedores de la empresa que están enojados se manifestaron y se emocionaron con el reclamo”, dice “Maxi”, como todos lo conocen en Avellaneda.

- El viernes el juez del concurso los repuso en sus funciones a los directores. ¿Cómo viven la intervención de la empresa?

- La intervención estuvo vigente por unos días. Nos resistimos, pero se hizo así. Hubo un gesto de buena voluntad por la reunión en Olivos y los dejamos entrar, pero no aceptamos nunca la intervención lisa y llana. El fallo del juez fue muy importante: decidió quién tiene que decidir y las cosas seguirán donde tienen que seguir, en la empresa y el ámbito del concurso. Fue tenso cuando los interventores llegaron, pero se terminaron yendo. Fue una situación desagradable.

- ¿Qué opinión tiene del proyecto que presentó el gobernador Omar Perotti?

- El plan de Perotti es mucho peor que el DNU de Alberto Fernández, que propone una intervención por 60 días. Esto es por tiempo indeterminado y los interventores son los que definen el concurso y la propuesta a los acreedores. Para algo está la asamblea que eligió a los directores, que están en plenas funciones. Y están el juez del concurso y los tres síndicos. Es todo muy raro: insisten en reemplazar a 11 directores que manejaron por años una empresa que el propio Gobierno dice que es importante y que ha crecido mucho, que se ha desarrollado. Tuvimos un problema de liquidez que es lo que estamos tratando de encausar, estamos en ese proceso y ahora quieren meter tres interventores que no tienen ninguna experiencia en manejar una empresa de esta complejidad.

- ¿Por qué cree que esta medida llega en este momento?

- La verdad, no sé por qué esto pasa ahora. Venimos en un proceso, el concurso; con actividades que estaban volviendo a la normalidad de a poco; y con cuatro alternativas para encontrarle una solución al problema. Buscamos a YPF como una alternativa más, como socio estratégico. El Gobierno estaba en la charla, pero era una solución conjunta, no un salvataje. Y en el medio de todo nos desayunamos un lunes con el decreto de intervención y la idea de la expropiación. Internamente, creo que es un error de cálculo. Vicentin nunca le pidió a nadie que la salve de nada. Además, eso de la soberanía alimentaria y la utilidad pública no existe en absoluto. Representamos el 10% del sector agroexportador y ni siquiera estamos en el mercado del trigo, algo que podría impactar en el precio del pan. Lo nuestros es la molienda de soja, cuyo 75% se destina a alimento balanceado para animales. No hay nada de seguridad alimentaria.

- En el frente judicial, hay varias denuncias penales contra el directorio y también los investigan en EEUU.

- El discovery en EEUU es por la cesación de pagos. Los acreedores quieren ver las transacciones y toda la información de la empresa: nunca nos opusimos a que eso pasara, incluso pudiendo hacerlo. Estamos abiertos a que se investigue todo. Y están las denuncias basadas en el informe Lozano (por Claudio Lozano, director del Banco Nación), que moviliza una ONG: nos estamos presentando en la causa para que nos investiguen. Es lo único real que hay: estuvo parada y luego del DNU se movilizó otra vez. También hay algo en Paraguay, una causa presentada en una fiscalía barrial por un abogado argentino que está condenado por extorsión. No prosperó para nada. No tenemos nada que ocultar, que investiguen todo lo que haya que investigar.

- ¿El directorio cometió negligencias?

- La verdad, el error fue pecar de optimismo y confiar e invertir de más en la Argentina…

- ¿Pero no reconocen ningún error en la gestión que los haya llevado a esta situación financiera?

- El error fue invertir para desarrollar una industria moderna, grande y eficiente junto con Glencore. En el camino, las idas y vueltas de la economía argentina hicieron que en 2017 tengamos tasas de Suiza y en abril de 2018 una devaluación hizo que empiece la salida de los bancos locales por pérdida de depósitos. Eso nos llevó a pagar en los últimos cinco años más de USD 400 millones en comisiones por refinanciaciones. ¿Eso es un error? Entonces sí, puede ser...

- La pregunta hace referencia a errores propios, no del contexto económico.

- El error fue confiar e invertir. Meternos en otras actividades, como la frigorífica, por ejemplo.

- María Victoria Stratta, Inspectora General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe dijo hoy en una entrevista radial que cuatro directores de la empresa –uno de ellos de apellido Padoan, aunque no dijo el nombre– están enajenando bienes de manera sospechosa. ¿Qué opina?

- Yo no enajené nada, y creo que mi hermano tampoco. Además, ¿Qué es enajenar, vender cosas? ¿Tiene pruebas? Que Stratta diga lo que quiera, pero donde corresponda.

- ¿Cómo cree que va a terminar toda esta situación?

- Va a terminar dentro del concurso, tiene que primar la ley. El juez tiene que seguir trabajando y nosotros administrando: la división de poderes y el estado de derecho tienen que funcionar en la Argentina. La propiedad privada está en la Constitución y no hay ningún motivo para expropiar nada.

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