Horas después de que se conocieran los números oficiales del Indec, que arrojaron una caída para la industria de la construcción de 8% en septiembre, respecto del mismo período de 2018, y de 4,6% en comparación con agosto de este año, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) pidió que se declare la emergencia del sector.
El pedido lo formalizó el Consejo Federal de la entidad y, además, propuso iniciativas con vistas a normalizar la actividad, a las que definieron como “acciones estructurales y de coyuntura a aplicar en los primeros 200 días del nuevo gobierno, para mantener el empleo y la actividad".
Los reclamos
- Declarar la emergencia del sector en todo el país.
- Calcular y consolidar la deuda devengada en los contratos vigentes, emitiendo documentos de pago negociables o compensables.
- Abordar un nuevo y urgente plan de viviendas sociales a través de convenios con los IPV no menor a 40.000 unidades en todo el país que motorice la economía de manera federal atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo.
- Reformular, mediante un esquema de adhesión optativa, los contratos vigentes, adecuándolos a las actuales circunstancias, disponiendo la neutralización de plazos sin sanciones hasta el nuevo acuerdo, el que debería incluir un régimen automático de Variaciones de Costos.
- Establecer un régimen de excepción para empresas PyMEs evitando sanciones y dando créditos, al tiempo de equiparar los montos que definen las categorías PyME a los usados para las PyMEs industriales.
- Suspender ejecuciones y embargos por AFIP, y permitir la compensación de deuda impositiva con créditos del Estado Nacional, implementando un sistema equilibrado, que considere la fecha de mora en la obligación y la fecha en que el Estado debió cancelar la deuda.
“El sector sufre hoy, amplificados, los efectos de la recesión, la actual y la previsible para los próximos meses”, destacó el Consejo Federal que encabeza su presidente, Julio Crivelli, presidente de la cámara. “Las empresas del sector obra pública sufren graves perjuicios por los atrasos en los pagos de las obras certificadas, demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente, e incluso la aplicación de sanciones por incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando existen razones que lo justifican”, detallaron.
También se destacó que el reperfilamiento de títulos de deuda afectó a las empresas y que “recientes medidas han agravado la situación financiera de las provincias”.
“Todas esas circunstancias han provocado efectos gravísimos sobre las empresas contratistas, en el marco de un proceso inflacionario acelerado, y con costos de insumos afectados por una fuerte devaluación de nuestra moneda, que afectan incluso la provisión", destacaron en un comunicado.
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