Ofensiva en la Justicia contra la resolución para compensar a las distribuidoras de gas

El aumento extra del servicio de gas que el gobierno nacional dispuso la semana pasada para compensar a las distribuidoras por el aumento del dólar ya fue judicializado. Es que este lunes se presentaron los primeros amparos en la Justicia para que la resolución sea anulada.

Una ONG presentó un amparo colectivo en la justicia federal de La Plata y lo mismo hizo el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, junto a un club social y deportivo ante la justicia de esa localidad.

En ambos amparos se pidió que se deje sin efecto, se dicte la nulidad y la inconstitucionalidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, a cargo de Javier Iguacel, a través de la cual se dispuso que en enero próximo todos los usuarios de gas deberán pagar una cuota extra del servicio para compensar a las distribuidoras de gas por la devaluación del peso entre abril y septiembre. El pago se podrá hacer en 24 cuotas y con interés.

Las dos presentaciones son a favor de todos los usuarios de gas del país.

Ante la justicia federal de La Plata, el Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) sostuvo que "el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos. Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado". Fuentes judiciales le informaron a Infobae que la causa quedó a cargo del juez Adolfo Ziulu.

La entidad también criticó que se apliquen intereses al pago en cuotas porque "constituye un cargo que es completamente ilegal". "Convalidar esas cargas de interés -por cierto confiscatorias en el contexto actual- supone la asunción de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo que el artículo 76 de la Constitución prohíbe sin que medie autorización del Congreso", explicó y agregó que además "no cumple con el procedimiento de audiencia pública".

Por su parte, Katopodis sostuvo: "Queda claro que la política actual del gobierno nacional está notoriamente orientada a la garantía de ganancias privadas y no a la protección de los usuarios y consumidores de servicios públicos, mucho menos direccionada a garantizar el acceso al gas natural a los sectores más vulnerables de la población".

Además pidió a los usuarios que no paguen las facturas.

Iguacel defendió el aumento extra. "Durante el invierno, los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio establecido semestralmente por el Enargas. La diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir en el verano", dijo el funcionario.

También dijo que las críticas a la medida fueron de militantes políticos. "La mayoría de los que se quejan por el aumento del gas son militantes que quieren asustar a la gente", dijo el funcionario.