Arde la interna de la barra de Independiente: una alianza, una balacera, dos emboscadas y el temor a la batalla final

La guerra ya no se verbaliza por Avellaneda. Ahora todo pasó a la acción. Por eso Independiente es un infierno cuyos diablos están más desatados que nunca. Desde el lunes, la pelea por ver quién se queda con la tribuna del Rojo tuvo un episodio a tiros, dos emboscadas que no dejaron muertos de milagro y una crucial intervención de la Policía de la Ciudad y la Gendarmería que pararon a tiempo una batalla que se anticipaba como la madre de todas las batallas. Así, en ese clima hoy juega el Rojo en el Ricardo Bochini por la Copa Sudamericana contra Deportivo La Guaira. Con un operativo gigantesco de seguridad compuesto por más de 750 hombres atento a cubrir cada espacio de esta caldera del diablo.

Como narró Infobae, dos semanas atrás la facción Somos Nosotros, liderada por César Loquillo Rodríguez, decidió sumarse a la oficial bautizada Los Dueños de Avellaneda y con Juan Ignacio Leczniki como capo. Enfrente quedó sólo Pablo Bebote Álvarez con sus Diablos Rojos. Esas alianzas entre enemigos íntimos (en septiembre del año pasado se habían agarrado a tiros en la cercanía de la sede Mitre) generó la reacción de Bebote, que empezó a creer que debía definir rápido la contienda para no perder gente. Y entonces empezó a mandar mensajes a la otra facción. Recogió el guante el hermano de Mario Nadalich, capo en la Villa Zabaleta y número dos de la facción oficial, que había sido agredido por Bebote en Paraguay. Y fue hasta la casa del ex líder en la localidad de La Reja, pero el recibimiento no fue lo que esperaba. Si no se iba, probablemente no la contaba.

Álvarez sintió que habían traspasado la raya cuando fueron a su domicilio y entonces agarró a dos de sus secuaces, Adrián Tortuga García y el Tano Adrián Bertone, para ir hasta el club Juventud Unida de Barracas, donde se juntan Los Dueños de Avellaneda. Allí se hallaba solamente el hermano de Juani Leczniki, alias Huevito, que habría sido apuntado con un revolver para dejar en claro que la cosa venía en serio. Como el resto no estaba, Bebote se retiró, pero Huevito llamó al hermano y a las diez cuadras hubo una emboscada que no tuvo saldo fatal de milagro. Según la denuncia de un vecino de nombre Claudio cuyo llamado quedó registrado en el 911, en Iriarte al 2500 hubo una balacera de al menos ocho detonaciones. Cuando arribó el personal policial, en la zona ya no quedaba nadie.

Tras estos episodios, la facción de Bebote juntó a su gente en Avellaneda bajo la consigna “vengan todos los barrios que nos vamos de excursión”. No se decía adónde, pero todos sabían el lugar turístico a visitar: el club Juventud Unida de Barracas. La propuesta era empezar a reunirse a las 18 horas en Avellaneda y partir cerca de las 20 salir para Barracas. La Policía de la Ciudad obtuvo el dato y militarizó la zona desde las 17 y frenó lo que podría haber sido una guerra fatal. En medio de todo esto, las causas judiciales que se abrieron por los últimos enfrentamientos están paradas. La de amenazas y conmoción pública contra Bebote Álvarez no tuvo movimientos, y las de resistencia a la autoridad y lesiones contra Loquillo y su gente tienen trámite lento. Sobre la barra oficial extrañamente no hay ninguna. Algunos aducen que su cercanía a Camioneros y a la dirigencia obra como escudo protector. Cosas que se cuentan por Avellaneda.

Lo cierto es que la preocupación para el partido de esta noche puso a la seguridad en máxima alerta. El partido está fijado para las 19.15 pero el operativo comenzará cuatro horas antes cubriendo todas las zonas aledañas, desde la bajada de ingreso de Capital por donde llega la facción oficial hasta el playón del supermercado donde habitualmente se reúne la gente de Álvarez. El fiscal general de Avellaneda, Guillermo Castro, tomó además cartas en el asunto: asignó una fiscalía específica para delitos en el ámbito de los espectáculos deportivos a cargo del doctor Mario Prieto para que a partir de ahora todo recaiga en una misma unidad de investigación y así poder tener centralizada la información e ir con la sumatoria de delitos por la asociación ilícita, figura difícil de probar cuando los procesos están dispersos en varias UFI.

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