La desarticulación de 82 bandas criminales en los últimos dos años redujo el universo de organizaciones identificadas de 342 a 260, según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Michael Soto, citado en una nota de la agencia EFE.
El jefe de OIJ atribuyó el resultado al trabajo coordinado con otras policías, mientras la institución mantiene abiertas pesquisas sobre 109 agrupaciones.
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el descenso se vincula con investigaciones contra el trasiego de drogas, el narcomenudeo y el lavado de activos. Soto sostuvo que la presión sobre estas estructuras exige operativos sostenidos porque los grupos se reorganizan con rapidez para evitar la acción policial.
De acuerdo a datos citados en la nota, en 2024 y 2025, el OIJ tramitó 1,244 casos por tráfico de drogas, de acuerdo con cifras institucionales. Soto señaló que la estrategia se apoya en la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, policías municipales y la Policía de Tránsito, a los que atribuyó parte del impacto en la contención de la violencia asociada al crimen organizado.
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Operativos, capturas y bandas bajo investigación
Hasta el 5 de diciembre de 2025, 47,367 personas habían sido detenidas en actuaciones encabezadas por el OIJ. El dato implica 1,278 capturas más que en el mismo periodo de 2024, un aumento que la institución asoció con más operativos y mayor capacidad para ubicar sospechosos.
El OIJ detalló que, de las 260 bandas que considera activas dentro del registro actualizado, 109 agrupaciones permanecen bajo investigación. Las restantes, según la institución, ya fueron desmanteladas mediante expedientes, allanamientos y detenciones, aunque el propio Soto advirtió que parte de esas estructuras intenta recomponerse y mutar de forma acelerada para eludir controles.
Soto atribuyó la reducción de 342 a 260 organizaciones a un esfuerzo sostenido de los cuerpos policiales, pese a limitaciones presupuestarias. En su explicación, remarcó que la coordinación interinstitucional permite golpear mandos, rutas y finanzas de los grupos dedicados a drogas y blanqueo de capitales, además de sostener investigaciones de largo plazo.
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Prisión preventiva y tensión en el sistema penitenciario
El avance de causas penales vinculadas con crimen organizado también se refleja en el uso de medidas cautelares, según datos penitenciarios citados por el OIJ. En febrero de 2025, 5,034 personas estaban en prisión preventiva, el régimen de detención más estricto previsto durante el proceso, el doble que en 2021, cuando se registraron 2,568.
La población carcelaria llegó a 19,453 reclusos, el nivel más alto de la última década, de acuerdo con registros oficiales. El Mecanismo de la Prevención de la Tortura atribuyó el aumento de la prisión preventiva a un cambio en criterios judiciales, con mayor inclinación a mantener privados de libertad a imputados durante la etapa procesal.
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El OIJ sostuvo que esa presión sobre el sistema penitenciario convive con el desafío operativo de las bandas que se reagrupan.
Soto insistió en que la contención depende de sostener la cooperación entre instituciones policiales y de mantener investigaciones activas sobre las 109 estructuras que siguen en trámite.
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