Laura Fernández, la heredera del oficialismo que busca la Presidencia de Costa Rica en 2026

A pocos días de las elecciones presidenciales del 1º de febrero de 2026, Laura Virginia Fernández Delgado se perfila como una de las figuras clave en la contienda política costarricense. Candidata por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), su propuesta se presenta como la opción de continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Rodrigo Chaves Robles.

Fernández, de 39 años, nació en la provincia costera de Puntarenas y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también obtuvo una especialización en políticas públicas. Su trayectoria profesional inició en cargos técnicos en el sector público antes de consolidarse como una figura con creciente influencia en la política nacional.

Vida personal: familia y raíces

Aunque su perfil público se ha centrado en su experiencia profesional y política, Fernández también ha mostrado una faceta familiar. Está casada con Jeffrey Umaña, con quien ha formado una familia en el contexto de su vida profesional y política. Además, es madre de una hija, llamada Fernanda, de 3 años, a quien menciona como una motivación personal detrás de su compromiso con la política y el futuro del país. En sus apariciones, Fernández ha hablado de su “rol como mamá y esposa” para conectar con votantes que valoran también la experiencia personal y familiar detrás de las figuras públicas.

De funcionaria técnica a carta presidencial oficialista

Su carrera profesional empezó lejos de los grandes focos: fue jefa de unidad de análisis prospectivo en el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y directora de asesoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa entre 2006 y 2014, antes de consolidarse como consultora en temas de reforma del Estado.

El ascenso político de Fernández se consolidó con la llegada de Rodrigo Chaves a la presidencia en 2022. Fue nombrada Ministra de Planificación Nacional y Política Económica (2022-2025) y, posteriormente, Ministra de la Presidencia (2024-2025), desde donde articuló la agenda gubernamental en un contexto de profundas reformas. Renunció a su cargo a finales de enero de 2025 para cumplir con los plazos legales y formalizar su postulación presidencial por el PPSO, partido oficialista que se consolidó como la plataforma política del ‘rodriguismo’.

Su candidatura fue ratificada por la Asamblea Nacional del PPSO en actos públicos en San José, con el respaldo de dirigentes cercanos al presidente saliente, destacando la diputada Pilar Cisneros como una de sus principales apoyos dentro de la bancada oficialista.

Controversias y procesos legales en medio de la campaña

La candidatura de Laura Fernández ha estado en el centro de algunas polémicas y revisiones por parte de autoridades electorales, aunque no enfrenta actualmente cargos penales en su contra.

• El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictó una medida cautelar ordenando a Fernández y a la campaña de Pueblo Soberano abstenerse de emitir llamados políticos implícitos o explícitos basados en símbolos religiosos, tras admitir recursos de amparo electoral que alegan posible propaganda indebida. Esta medida no implica una sanción penal, pero sí una advertencia de cumplimiento estricto de la normativa electoral.
• El TSE también había abierto en 2025 una investigación preliminar por presunta “beligerancia política” relacionada con el uso de un símbolo en una conferencia, aunque estas investigaciones no derivaron en sanciones mayores ni en un proceso judicial formal contra la aspirante.
• Durante la campaña, Fernández denunció el hallazgo de un posible dispositivo de espionaje (un micrófono oculto) en una de sus oficinas, hecho que llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía por presunta captación indebida de manifestaciones verbales. Este caso se dio en el contexto de la contienda política y fue objeto de atención mediática, pero hasta el momento las autoridades no han anunciado procesos judiciales formales vinculados directamente a la candidata.

Propuestas de gobierno y eje programático

El plan de gobierno de Fernández combina medidas económicas centradas en la modernización del Estado con políticas de seguridad y reformas institucionales. Entre sus principales compromisos destacan:

• Fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con mayor control territorial y profesionalización policial.
• Reformas del sistema judicial y de instituciones de control, buscando mayor autonomía y eficiencia.
• Venta de activos estatales clave para financiar la seguridad social.
• Capacitaciones en temas sociales para empleados públicos para mejorar la inclusividad.

Panorama en encuestas y apoyo ciudadano

En el tramo final de la campaña, Fernández ha mostrado ventaja significativa en las principales encuestas nacionales. Resultados recientes del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica apuntan a que la candidata oficialista alcanzó cerca del 40 % de la intención de voto entre quienes han decidido por quién votar, cifra suficiente para lograr la presidencia en primera vuelta si se mantiene el nivel de apoyo y voto efectivo.

Otras mediciones, como la de CID Gallup, también ubican a Fernández como la candidata con mayor intención de voto, con alrededor del 41%, superando ampliamente a sus principales rivales como Álvaro Ramos (PLN), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana).

Además de las encuestas de intención de voto, Fernández ha logrado altos índices de opinión favorable. Según datos recientes, sus percepciones positivas crecieron de 16 % a 57 % entre enero de 2025 y enero de 2026, superando en saldo de favoritismo a otros candidatos.

No obstante, una parte significativa del electorado permanece indecisa, lo que mantiene la incertidumbre sobre el resultado final y la posibilidad de que la carrera se decida por un margen estrecho o incluso en una segunda vuelta.

Mientras tanto, en la recta final de la campaña, sectores ciudadanos y analistas observan con atención no solo la intención de voto, sino cómo reaccionarán los indecisos y cuál será la participación real el 1 de febrero, en un contexto político marcado por el desencanto de amplios sectores con los partidos tradicionales.