Solo siete de los 20 candidatos presidenciales costarricenses firmaron Pacto Nacional de la Educación

Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda), Ariel Robles (Frente Amplio), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social) y, en representación de Luis Amador (Integración Nacional), su candidato a vicepresidente, Jorge Borbón, fueron los siete aspirantes a la presidencia de Costa Rica que firmaron el Pacto Nacional de la Educación.

Este acuerdo presentado durante el Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, inaugura una agenda que coloca a la educación como un derecho humano fundamental y un deber estatal ineludible. La iniciativa llega en un contexto que el documento define como la “peor crisis educativa del país desde la década de 1980”, lo que obliga a la declaración de emergencia educativa y a medidas inmediatas para revertir el deterioro del sistema, reducir la exclusión y garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

“Queremos un gran acuerdo nacional, con luces largas a 15 años y con acciones concretas para los próximos cuatro años que incorporen la tecnología, para aprovecharla de manera ética y transparente, que coloquen en el centro lo más valioso que tenemos: el bienestar docente y de los estudiantes”, detalló Claudia Dobles, aspirante a la presidente, de Coalición Agenda Ciudadana.

Entre las primeras acciones exigidas a quien asuma el gobierno figura que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis durante los primeros 100 días de gestión.

Esta cláusula busca que el compromiso sea verificable a través de indicadores y que actúe, además, como criterio de evaluación democrática sobre el desempeño del gobierno y del futuro jerarca del Ministerio de Educación Pública, como establece el texto rubricado ante el congreso y promovido por la Mesa Nacional de Diálogo y entidades como el Consejo Nacional de Rectores, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

El pacto, elaborado para enfrentar el desafío educativo nacional, establece como eje central el respeto y la ejecución del financiamiento constitucional equivalente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, con una asignación progresiva orientada prioritariamente a infraestructura, dignificación docente, permanencia estudiantil, programas de equidad, actualización pedagógica y reducción de brechas. Además, se contempla un financiamiento del 1,5% del PIB destinado a la educación superior pública como parte de este mismo esfuerzo.

El documento demanda no solo la universalización curricular en primaria, sino también el fortalecimiento de la educación indígena e intercultural, y una atención diferenciada adaptada a las diversas realidades territoriales de Costa Rica.

El impulso a una política educativa nacional, enfocada en el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, y en la formación ciudadana y laboral, figura entre los compromisos clave.

A nivel estructural, el acuerdo destaca la transparencia en el uso de recursos públicos y promueve la creación de mecanismos permanentes de participación social, diálogo y rendición de cuentas, así como la instauración de una evaluación técnica alejada de “enfoques punitivos o mercantilistas”. El texto hace explícitos los compromisos en materia de equidad, infraestructura y conectividad digital con enfoque territorial, buscando entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia.

En la ceremonia participaron como testigos de honor personalidades como Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes de Costa Rica; Luis Alejandro Rojas, sacerdote de la Arquidiócesis de San José y de Pastoral Social; Melvin Jiménez, obispo emérito de la Iglesia Luterana Costarricense; y María Ortega Zamora, representante estudiantil universitaria.

La firma del Pacto Nacional por la Educación Pública traza una “hoja de ruta” que busca superar el abandono institucional y transformar la educación en el principal motor de desarrollo e inclusión social en Costa Rica.