
En más de una ocasión, la Dimayor, que es la máxima entidad del fútbol profesional en Colombia, junto con la FPC, ha estado vinculada a varios procesos legales por comportamiento de los equipos agremiados.
Es por ello que no ha generado sorpresa que en la tarde del 15 de octubre, El Tiempo expusiera que la entidad sería multada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por conductas anticompetitivas por parte de un grupo de clubes afiliados a la Dimayor.
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El medio citado indicó que la resolución 82856 está relacionada con una investigación que fue abierta en noviembre de 2021 por infringir normas e intervenir en el mercado de jugadores de manera irregular.
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Entre las instituciones investigadas están Envigado FC, Boyacá Chico, Deportes Tolima, Once Caldas y La Equidad, además de otras escuadras que no han sido mencionadas en el informe.

En el comunicado de la SIC, en el que se mencionan tres patrones identificados con los que los clubes mencionados se comunicaban para bloquear la contratación de los deportistas, comenzando con conductas que mencionaban como “faltas disciplinarias”.
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“En estas comunicaciones se informaba, entre otros temas, la vigencia de los contratos de jugadores, los casos en los que alguno de ellos había tenido alguna supuesta falta disciplinaria, o, incluso, los casos en los que se había solicitado la terminación de un contrato”, es parte del comunicado.
Los dirigentes de los clubes mencionados también mencionaban que existía un “pacto de caballeros” en el que se negaban a contratar a deportistas que hubieran tenido algún tipo de conflicto con otros presidentes.
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“Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese ‘pacto de caballeros’, aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector”.

En el comunicado queda en evidencia que la Dimayor, a pesar de que debería regular para que este tipo de comportamientos no se registren, habría tenido una participación directa permitiendo que se “vetaran” a varios futbolistas.
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“Su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo. Además, la remisión por parte de la Dimayor de algunas comunicaciones, con el conocimiento de que estas podían tener un impacto en la libre competencia, puso en evidencia el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes”.
Al confirmar que la Dimayor y los clubes mencionados deberán pagar multas por más de 8.000 millones de pesos, la SIC indicó que hay pruebas contundentes para demostrar que la “cartelización”, que se mencionó durante varios años como un mito del deporte, en realidad fue una realidad en Colombia.
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“La existencia de estas comunicaciones fueron prueba de la materialización de la intención anticompetitiva que llevo a la limitación de la movilidad laborar de los jugadores”.

En la parte final, desde la Superintendencia de Industria y Comercio se indica que este tipo de sanciones buscan que casos de esta índole no se sigan registrando en el fútbol profesional en Colombia.
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“Con esto, se busca no solo respetar las reglas del libre mercado, sino garantizar la dignidad de los jugadores, el ejercicio efectivo de sus derechos y la posibilidad de acceder a mejores salarios, progresar profesionalmente en equipos más competitivos y desplegar sus proyectos de carrera sin trabas ilegítimas”.
Cabe recordar que uno de los casos más polémicos de esta índole tuvo al mediocampista Rafael Carrascal como protagonista, que luego de terminar contrato con Deportes Tolima, tras renunciar denunciando ausencia de varios pagos, fue fichado por América de Cali y estuvo varias semanas sin poder jugar por un litigio entre las partes.
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En ese momento, uno de los directivos del equipo de Ibague también utilizó el término de “pacto de caballeros”, para indicar que América no debió contratar a Carrascal por la forma en la que salió del Tolima.
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