
Debido a los recientes casos revelados en los cuales varios funcionarios y servidores públicos han resultado sin un título profesional válido para ejercer sus funciones, la ley colombiana establece una serie de sanciones a quienes presenten documentos falsos para obtener un cargo con el Estado.
El Código Penal colombiano diferencia entre quien falsifica un documento público y quien lo presenta sin haber participado en su elaboración. El artículo 287 establece que la falsificación de un documento público que pueda servir como prueba puede castigarse con prisión de entre cuatro y nueve años.
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Quien use un documento público falso sin haber intervenido en su falsificación puede incurrir en la conducta prevista en el artículo 291, cuya sanción va de cuatro a 12 años de prisión. Como el diploma bajo cuestionamiento corresponde a una universidad pública, en el caso de Luz Verónica Estrada, ese sería el marco legal aplicable si se acreditara que una persona utilizó el título sin haberlo creado o alterado.
La directora de Sharon Castillo Abogados, Sharon Nicole Castillo, explicó que la investigación debe establecer el papel de cada involucrado: “Lo importante es determinar quién falsificó el documento, quién lo presentó y qué ocurrió como consecuencia de su utilización”, dijo la experta a Asuntos Legales.
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La diferencia resulta determinante porque una persona puede fabricar o modificar el diploma, pero también obtenerlo de un tercero e incluirlo en una hoja de vida. Cuando alguien participa en la falsificación y posteriormente usa el documento, el artículo 290 permite aumentar la pena hasta en la mitad, siempre que se cumplan los requisitos legales.
El eventual conocimiento sobre la falsedad del título también forma parte del análisis. Si la investigación se concentra únicamente en el uso del documento, debe establecerse si quien lo presentó sabía que carecía de autenticidad.
La situación podría adquirir otra dimensión si el diploma fue utilizado para obtener una decisión administrativa. El artículo 288 contempla penas de tres a seis años de prisión por obtener un documento público falso mediante la inducción en error de un servidor público, como podría ocurrir con la expedición de una tarjeta profesional por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia.
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El fraude procesal es otra conducta que podría ser investigada cuando se utiliza un medio fraudulento para inducir a error a un servidor público y obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Castillo señaló que esa figura podría aplicarse si el diploma se empleó para acceder a un cargo público o conseguir una decisión administrativa irregular.
La sanción por fraude procesal es de seis a 12 años de prisión y multas de entre 200 y 1.000 salarios mínimos, equivalentes a montos de $350 millones a $1.750 millones, de acuerdo con los valores citados. La configuración de este delito exige que se acrediten sus elementos.
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La condición de congresista y los límites de la agravación penal

La calidad de funcionaria pública no transforma automáticamente el uso de un diploma apócrifo en falsedad ideológica en documento público. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia precisó que esa conducta requiere que el responsable sea servidor público y tenga la facultad reglada para expedir el documento oficial que contiene la información falsa.
En el caso de un diploma universitario, la facultad de expedirlo corresponde a la universidad y no a un congresista o a otro funcionario que lo presente. Por esa razón, el marco jurídico más probable sería el uso u obtención de documento público falso, según las circunstancias que se prueben.
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La condición de congresista sí puede incidir si se demuestra que la misma persona participó en la creación o alteración del documento y luego lo utilizó.
Las consecuencias también pueden extenderse al ámbito laboral. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo permite finalizar un contrato con justa causa cuando un trabajador presenta certificados falsos para ser admitido en un empleo o para obtener un provecho indebido durante la relación laboral.

Las empresas pueden iniciar un proceso disciplinario cuando detectan inconsistencias en una hoja de vida, con la posibilidad de que el trabajador presente su versión. Si se comprueba la adulteración, el empleador puede terminar el vínculo de forma inmediata con justa causa.
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El Ministerio de Justicia distingue entre falsedad material, que consiste en crear o modificar directamente un documento, y falsedad ideológica, que ocurre cuando un documento auténtico contiene información alterada, agregada o eliminada. La Fiscalía General de la Nación puede recibir denuncias verbales o escritas y adelantar la investigación correspondiente.
La Procuraduría General de la Nación ya ha impuesto sanciones disciplinarias en casos de diplomas apócrifos. En abril de 2025, destituyó e inhabilitó durante 10 años a una docente de Bogotá que presentó dos títulos falsos ante la Secretaría de Educación Distrital para posesionarse en un colegio.
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