
El presidente Abelardo De La Espriella pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos que investiguen con rigor al expresidente Gustavo Petro y los hechos que, según él, estarían relacionados con corrupción, narcotráfico u otras conductas delictivas. El mandatario sostuvo que existen razones para que la justicia estadounidense examine lo ocurrido durante el gobierno anterior y afirmó que Petro podría ser investigado y procesado en ese país, aunque sus señalamientos corresponden a acusaciones políticas y no a una condena judicial.
Durante su declaración, De La Espriella también cuestionó al exmandatario y a Iván Cepeda por su relación con el poder y la democracia. “Al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia”, afirmó.
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El presidente aseguró que recibió un país afectado por problemas de inseguridad, deterioro de las finanzas públicas y escándalos de corrupción que, a su juicio, deben ser esclarecidos por la justicia. En ese contexto, pidió que las investigaciones avancen sin considerar la posición política, económica o institucional de quienes puedan estar involucrados.
“Quienes se apropiaron de los recursos públicos deben responder por sus actos sin importar sus influencias, sus cargos, sus fortunas o la influencia que tengan en la política colombiana”, señaló.
De La Espriella pide actuación de autoridades estadounidenses
Uno de los puntos centrales de la declaración fue el llamado directo a las autoridades judiciales de Estados Unidos. De La Espriella pidió que cualquier investigación relacionada con hechos de corrupción, narcotráfico u otras conductas delictivas avance con rigor y bajo la independencia del sistema judicial estadounidense.
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“Desde aquí, hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial en los Estados Unidos”, manifestó.
El mandatario fue más allá y calificó al gobierno de Petro como una “empresa criminal”, una afirmación que forma parte de su pronunciamiento político y que no equivale por sí sola a una determinación judicial.
“El gobierno de Petro fue una empresa criminal y se transgredieron leyes y disposiciones internacionales. Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo”, declaró.
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La frase representa uno de los señalamientos más fuertes contenidos en su intervención y concentra el llamado del presidente a que autoridades extranjeras revisen posibles conductas ocurridas durante la administración anterior.

Pide que se examinen pruebas y se conozca “toda la verdad”
De La Espriella cerró su pronunciamiento insistiendo en que cualquier eventual actuación judicial debe estar sustentada en pruebas y desarrollarse dentro de los procedimientos correspondientes.
“Que actúe la justicia norteamericana, que se conozca toda la verdad, que se examinen las pruebas”, expresó.
En su intervención, el presidente no detalló cuáles serían las investigaciones específicas que actualmente cursarían en Estados Unidos, ni precisó qué normas internacionales considera transgredidas o cuáles hechos concretos atribuye personalmente a Petro.
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Tampoco presentó en la declaración pruebas particulares sobre las acusaciones formuladas. Su intervención estuvo enfocada en pedir que las autoridades judiciales estadounidenses examinen cualquier información relacionada con eventuales hechos de corrupción, narcotráfico u otras conductas delictivas.
El mensaje también incluyó críticas generales a la situación recibida por su administración en materia de seguridad, finanzas públicas y corrupción, asuntos que De La Espriella vinculó con la necesidad de que la justicia determine responsabilidades.
Por ahora, las afirmaciones del mandatario corresponden a su valoración sobre el gobierno anterior y a una solicitud pública para que las autoridades de Estados Unidos investiguen los hechos que considere pertinentes.
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Cualquier responsabilidad penal de Petro o de otros exfuncionarios mencionados en este tipo de señalamientos tendría que ser establecida por autoridades judiciales competentes mediante investigaciones, análisis de pruebas y decisiones adoptadas dentro del debido proceso.
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