
La representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, señalada por la presunta presentación de un título universitario falso, figura entre las coautoras de un proyecto legislativo que busca establecer un mecanismo de consulta pública para verificar diplomas académicos en Colombia.
La iniciativa pretende facilitar la comprobación de credenciales educativas y prevenir irregularidades relacionadas con documentos presentados en procesos de contratación y acceso a cargos. Estrada aparece en el Proyecto de Ley 019 de 2026 Cámara, promovido por la representante María Fernanda Carrascal Rojas, del Pacto Histórico, y cuyo propósito es crear un sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior.
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El caso de la congresista se conoció luego de que la exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Verónica Botero cuestionara la autenticidad de un diploma atribuido a Estrada. Botero aseguró que el documento no fue expedido por esa institución y que la firma que aparece en él no corresponde a la suya.
El proyecto de ley y su alcance
La iniciativa se titula “Por medio de la cual se crea el sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones”. Según el registro de la Cámara de Representantes, fue radicada el 20 de julio de 2026 y plantea modificar la Ley 30 de 1992 para incorporar un mecanismo de consulta dentro del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
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El objetivo principal es “crear un sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior”, mediante el cual ciudadanos y entidades puedan verificar la información relacionada con diplomas expedidos por instituciones educativas y resoluciones de convalidación de estudios realizados en el extranjero.
El proyecto contempla que la consulta incluya nombres y apellidos del graduado, documento de identidad, programa académico, título obtenido, institución que lo expidió, fecha de grado y número del acta. Para títulos extranjeros, propone permitir la verificación de la resolución de convalidación emitida por el Ministerio de Educación.

También establece que las instituciones de educación superior sean responsables de la veracidad, autenticidad, certificación y validación de los títulos reportados, y que la información correspondiente esté disponible en un plazo máximo de seis meses después de la obtención del diploma.
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En la exposición de motivos, los autores argumentan que entidades públicas, privadas y ciudadanos pueden ser afectados por la presentación de documentación académica falsa. El documento menciona incluso a organismos como la Fiscalía y la Procuraduría, y advierte que estas irregularidades pueden presentarse en procesos de contratación y acreditación profesional.
Mafe Carrascal pidió agendar el proyecto de ley tras las denuncias contra Luz Verónica Estrada

Tras conocerse los cuestionamientos sobre los títulos profesionales de Luz Verónica Estrada Holguín, la representante María Fernanda Carrascal se pronunció y pidió que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes, con garantías de debido proceso, para establecer si existe alguna irregularidad.
La congresista también señaló que el Comité de Ética del Pacto Histórico debe tomar decisiones con base en la veracidad de los hechos y priorizar el proyecto político colectivo de la organización.
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En su pronunciamiento, Carrascal solicitó al presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, agendar de manera urgente el segundo debate del Proyecto de Ley 019 de 2026 en la plenaria, trámite que, según indicó, está pendiente.
La representante aseguró que la propuesta hace parte de una agenda que ha impulsado durante más de una década y recordó que ella misma elaboró un primer borrador que entregó a la Procuraduría General de la Nación en 2017. Argumentó que la falsificación de títulos académicos ha afectado tanto al sector público como al privado y que no se limita a una corriente política.
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Carrascal defendió la iniciativa como un mecanismo de transparencia y prevención de irregularidades, al considerar que “la verificación pública de los títulos es una garantía mínima anticorrupción”.
Finalmente, sostuvo que los principios éticos de su colectividad no deben depender de conveniencias políticas y afirmó que continuará promoviendo que los cargos públicos sean ocupados por personas íntegras y comprometidas con los intereses colectivos de la clase trabajadora.

En el registro legislativo, Estrada aparece junto a María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra, David Alejandro Toro, Paola Andrea Quiñones D’Haro, Ana Leidy Erazo Ruiz, Erick Adrián Velasco BurBano, Alexandra Pineda Ortiz, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, Heiner de Jesús Gaitán Parra, Heráclito Landínez Suárez, José Luis Bohórquez López, Jorge Hernán Bastidas Rosero, Andrea Camila Vargas de la Hoz, Laura Daniela Beltrán Palomares, Luz Verónica Estrada Holguín, entre otros congresistas.
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De acuerdo con la información visible en la plataforma de la Cámara, el proyecto es de carácter ordinario, corresponde al periodo legislativo 2026-2027 y tiene trámite en la Comisión Sexta Constitucional Permanente. Carrascal señaló que está pendiente de ser agendado para segundo debate en la plenaria de la Cámara.
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