
En medio de la discusión que hay en la actualidad por el aumento del salario mínimo de 2027, el Centro Javeriano de Competitividad (CJC) propuso que este no suba más de 7% ($122.563), lo que equivaldría únicamente a compensar la inflación de 2026 sin añadir puntos adicionales por productividad.
Con ese límite, la remuneración básica mensual llegaría a un máximo de $1.873.468, sin auxilio de transporte, frente al salario mínimo base de 2026, fijado en $1.750.905.
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La recomendación figura en el informe “Productividad y salario mínimo: propuestas de ajuste para 2027″, elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana. El documento analiza la evolución de los ingresos laborales y la productividad en los últimos años, y presenta propuestas para la negociación que desde ek 18 de noviembre reúne de manera formal a representantes del Gobierno nacional, a los empresarios y a las organizaciones de trabajadores.
En este, el CJC plantea ese límite porque considera que el salario mínimo real avanzó durante varios años a un ritmo superior al de la productividad laboral. Por ello, propone que el ajuste de 2027 cubra únicamente la inflación de 2026, calculada en hasta 7% (cerró octubre de 2026 en 6,30% anual, según el Dane), sin añadir un componente adicional por productividad.
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El documento también sostiene que la fórmula anual de sumar inflación y productividad no corrige por sí sola los desequilibrios acumulados. También advierte que aplicar ese criterio de forma simétrica supondría ajustes por debajo de la inflación cuando la productividad cae, una situación que no ocurre en la práctica.
Brecha entre salario mínimo y productividad
Y es que entre 2021 y 2026, el salario mínimo real aumentó 32%, mientras la productividad por hora trabajada creció 4%. La productividad medida por persona ocupada, en cambio, cayó 3% durante el mismo período, según los cálculos incluidos en el informe, que aclara que la productividad laboral mide cuánto produce un trabajador en un período determinado.
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Para el órgano, la distancia entre esa variable y el poder adquisitivo del salario mínimo debe ser un elemento central de la discusión, dado que el mínimo también incide en los costos de las empresas que contratan formalmente.
Al respecto, el director del Centro Javeriano de Competitividad, Oliver Pardo, afirmó que el análisis no debería limitarse a los resultados de un solo año. “La propuesta parte de una mirada de más largo plazo. Aunque en la negociación anual suele utilizarse el crecimiento de la productividad del año en curso, consideramos que también debería analizarse cuánto han avanzado la productividad y el salario mínimo real durante varios años”, explicó.
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Señaló que el desajuste también aparece al comparar el mínimo con la remuneración media de la economía. Precisamente, el salario mínimo pasó de equivaler al 59% del salario medio en 2021 al 68% en 2026, una relación que, según el Centro, puede elevar el costo de incorporar trabajadores en los niveles salariales más bajos.
Dicha presión recaería, en especial, sobre compañías con menor capacidad para absorber aumentos en sus costos laborales. El CJC vincula esa situación con las decisiones de contratación formal, que dependen tanto del poder adquisitivo de los empleados como de las condiciones de producción de las empresas.
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Impactos proyectados en empleo y finanzas públicas
El informe recoge una investigación de Flórez, Hermida y Morales, publicada por el Banco de la República en 2022, sobre los efectos de los incrementos reales del salario mínimo. El estudio estima que, por cada punto porcentual (pp) adicional de alza real, podrían dejar de crearse cerca de 26.000 empleos formales al año y destruirse otros 20.000. La proyección implica un saldo de aproximadamente 46.000 empleos formales menos al año.
De acuerdo con la investigación citada por el CJC, “las pequeñas y medianas empresas, así como las firmas nuevas o jóvenes, tendrían los mayores impactos estimados”.
Pardo se refirió a las conclusiones de ese trabajo al explicar los riesgos que, a juicio del Centro, deben evaluarse durante la concertación. “De acuerdo con esa investigación, el efecto neto sería de aproximadamente 46.000 empleos formales menos al año, con impactos mayores sobre empresas pequeñas y medianas, y sobre firmas nuevas y jóvenes”.
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El análisis añade un componente fiscal a la discusión sobre el ajuste salarial. Estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) indican que el aumento del salario mínimo de 2026 habría generado impactos de:
- $4,7 billones en pensiones.
- $0,6 billones en nómina pública.
- $2,7 billones asociados al impuesto sobre la renta.
Los tres rubros suman un impacto estimado de $8 billones sobre las finanzas públicas, sin incluir otros efectos que aún no han sido cuantificados.
Propuestas para jóvenes y para los desacuerdos salariales
Además del tope general para 2027, el CJC propuso una modalidad de ingreso para jóvenes de 18 a 24 años que accedan por primera vez a un empleo formal. Durante los primeros seis meses, podrían recibir un salario equivalente al 70% del mínimo general. Desde el séptimo mes de vinculación, el trabajador pasaría a recibir el 100% del salario mínimo vigente. El Centro indicó que la propuesta no prevé subsidios de nómina ni nuevas deducciones tributarias, por lo que no tendría un costo fiscal directo.
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El planteamiento se apoya en la concentración de los ingresos juveniles cerca del salario mínimo. Entre las personas menores de 25 años que trabajan más de 40 horas semanales, el 81% recibe hasta 1,25 salarios mínimos, frente al 60% de quienes tienen 25 años o más.
La diferencia también se observa entre quienes perciben remuneraciones más altas. Solo el 4% de los trabajadores menores de 25 años gana dos salarios mínimos o más, mientras esa proporción llega al 20% entre los mayores de esa edad.

El informe menciona referencias internacionales para estos esquemas:
- Estados Unidos: permite un salario mínimo juvenil durante los primeros 90 días con un empleador o hasta que el trabajador cumpla 20 años.
- Nueva Zelanda: contempla un mínimo de entrada del 80% del salario adulto para determinados grupos.
- Australia: aplica mínimos diferenciados por edad.
La tercera recomendación busca establecer una regla para los casos en que la mesa tripartita no logre un acuerdo sobre el aumento anual. El CJC propone modificar la Ley 278 de 1996 para mantener la negociación entre Gobierno, empresarios y trabajadores como mecanismo principal.
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Qué pasa si no hay consenso por el aumento del salario mínimo
Si no hubiera consenso, el Gobierno fijaría por decreto un incremento igual a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que reporte el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entre noviembre del año anterior y noviembre del año en curso. La medida requeriría un proyecto de ley aprobado por el Congreso.
El planteamiento desplaza la discusión desde el porcentaje anual hacia la trayectoria conjunta de salarios, productividad, contratación y cuentas públicas. El CJC propone que esa perspectiva acumulada tenga peso en una negociación que definirá el ingreso mínimo de 2027.
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