El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció una revisión externa del Censo Económico Nacional Urbano 2024, una operación del gobierno de Gustavo Petro que costó más de $330.000 millones y todavía no cuenta con resultados definitivos, según explicó el director Juan Manuel Alvarado.
El organismo cuestionó la planeación y la ejecución del proyecto, cuyo plazo previsto venció hace más de un año.
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Juan Manuel Alvarado, director del Dane, afirmó que el censo terminó como “una cadena de decisiones mal planeadas, improvisaciones, más contratos y más gastos, sin resultados”. La declaración fue divulgada en una publicación institucional en X, donde la entidad sostuvo que la operación solo registra entregas preliminares.

El Dane no precisó el alcance ni las fechas de la revisión
El Dane informó que la evaluación estará a cargo de terceros, aunque no precisó quiénes participarán, el cronograma ni la fecha estimada para publicar los datos finales. Tampoco detalló los aspectos que serán revisados dentro de la operación estadística.
En el mensaje, Alvarado aseguró que “los recursos de los colombianos son sagrados y desde el Dane los vamos a proteger”. Añadió que el dinero público debe traducirse en “información útil para tomar decisiones que transformen nuestros territorios”. El director dijo además que los ciudadanos “merecen explicaciones” sobre lo ocurrido con el censo.
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El censo fue presentado como una iniciativa bandera del gobierno Petro
El mensaje institucional identificó el censo como una iniciativa bandera del gobierno de Gustavo Petro. La publicación no atribuyó responsabilidades individuales ni informó sobre eventuales medidas administrativas asociadas a los retrasos, los contratos adicionales o los mayores gastos mencionados por Alvarado.
La revisión externa es la medida anunciada por el Dane para examinar los resultados preliminares y el desarrollo del Censo Económico Nacional Urbano 2024. La entidad no indicó cuándo concluirá ese proceso ni cuándo estarán disponibles las cifras definitivas de la operación.

Con el anuncio, la entidad abrió un proceso de evaluación sobre una de las operaciones estadísticas desarrolladas durante la administración Petro. Hasta ahora, el Dane no informó si divulgará avances de esa revisión ni si modificará las entregas ya publicadas.
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Otras denuncias
Hace unos meses, el Gobierno de Abelardo de la Espriella expuso diez alertas sobre la gestión de la administración anterior, con observaciones sobre ejecución presupuestal, contratación, seguridad, programas sociales y situación fiscal.
Uno de los principales hallazgos se concentra en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que habría ejecutado apenas el 4,3% de los $15,3 billones asignados. El documento también advierte que no se habrían reintegrado $240.766 millones relacionados con el caso de los carrotanques para La Guajira.
En ese departamento, entre 2022 y julio de 2026 se firmaron 1.085 contratos por $11,78 billones para cumplir la Sentencia T-302. Según el informe, no existen resultados verificables para la niñez wayúu y el caso fue enviado a la Procuraduría.
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Otro punto cuestionado corresponde a cerca de 900.000 contratos por prestación de servicios, con compromisos cercanos a $15 billones. El presidente Abelardo De la Espriella sostuvo que esa modalidad consolidó “nóminas paralelas” y dejó obligaciones para la nueva administración.
El diagnóstico también señala un déficit de $14 billones en la Fuerza Pública, con efectos sobre el mantenimiento de equipos. De los 19 helicópteros MI-17, solo ocho estaban operativos. A esto se suma el agotamiento de los recursos de Colombia Mayor entre enero y julio de 2026, lo que abre interrogantes sobre los pagos restantes del año.

En Fonigualdad se detectaron pagos por $140.910 millones a una empresa de servicios temporales sin soportes suficientes sobre las labores realizadas. En materia agraria, de 351.463 hectáreas adjudicadas, 95.148 tendrían registros completos.
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El reporte incluye la crisis financiera de Air-e, presuntas pérdidas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y demoras en pensiones docentes. También alerta sobre el endeudamiento público y los cambios en los límites de adjudicación de títulos de deuda pública.
El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que estos hallazgos reflejan problemas de opacidad, pérdida de rigor técnico y fragmentación estatal.
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