
El 18 de noviembre de 2026 se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional del nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, al advertir que la experiencia profesional acreditada para ocupar el cargo no tendría una relación suficiente con las responsabilidades de esa entidad.
La decisión figura en el Auto Interlocutorio No. 520, fechado el 11 de noviembre de 2026. La Sección Primera, Subsección C, admitió una demanda de nulidad electoral contra la designación y dejó sin efectos de manera temporal la Resolución DM 0608 del 1 de octubre, mediante la cual el Ministerio de las Culturas formalizó el nombramiento.
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La medida cautelar no resuelve de fondo el proceso ni anula de manera definitiva el acto administrativo. El Tribunal deberá determinar en las siguientes etapas si la designación se ajustó a las condiciones legales y al manual de funciones del cargo.
El Tribunal cuestionó la relación entre la experiencia y el cargo

La demanda fue presentada por Jennifer Pedraza Sandoval, Alejandra Sánchez Zuluaga, Andrés Felipe Salcedo Pinzón y Adair David Cotes Barros. Los accionantes plantearon que Daza no acreditó la experiencia profesional relacionada que exigía el empleo y cuestionaron las condiciones de formación profesional definidas para el cargo.
El Ministerio de las Culturas había reconocido a Daza 73 meses y 14 días de experiencia relacionada, cuando el requisito aplicable a su alternativa de formación era de 72 meses. Sin embargo, los demandantes sostuvieron que varias certificaciones consideradas por la entidad correspondían a labores de comunicaciones, relaciones públicas, divulgación institucional y asesoría.
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A juicio de los demandantes, esas actividades no guardan similitud material con las funciones de quien dirige la Biblioteca Nacional de Colombia, entre ellas la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la orientación de políticas sobre patrimonio bibliográfico y documental, y la preservación, promoción y divulgación de las colecciones de la Nación.
El expediente también recoge reparos sobre certificados asociados con el trabajo de Daza como jefa de prensa en la campaña de Noemí Sanín y a Escolio Consultores S. A. S., empresa en la que figura como socia fundadora. Los accionantes, además, señalaron una diferencia entre su hoja de vida y una certificación de Fiduprevisora acerca de la duración de un contrato.
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Con esos elementos, alegaron una posible falsa motivación en el acto de nombramiento, pues consideraron que el concepto de experiencia profesional relacionada fue aplicado de manera indebida.
La demanda plantea una reserva para profesionales en Bibliotecología

El segundo eje de la acción se refiere a la preparación académica requerida para el cargo. Los demandantes argumentaron que las tareas sustanciales de la dirección corresponden a la gestión bibliotecaria y del patrimonio bibliográfico, por lo que debería aplicarse la reserva profesional contemplada en la Ley 11 de 1979 y el Decreto 865.
Por esa razón, solicitaron que se dejen de aplicar las disposiciones del manual de funciones que permiten aspirar al empleo desde disciplinas diferentes a la Bibliotecología. Este punto también será analizado durante el trámite de la demanda.
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El Ministerio defendió el cumplimiento de los requisitos

En su respuesta, resumida por el Tribunal, el Ministerio sostuvo que Daza reunía las condiciones del manual de funciones. La cartera argumentó que la experiencia relacionada no requiere que una persona haya ejercido las mismas tareas del puesto al que aspira, sino labores con funciones semejantes.
El grupo de Gestión Humana señaló que revisó las certificaciones y encontró vínculos entre la trayectoria de Daza y responsabilidades de planeación, dirección, coordinación institucional y seguimiento de programas y proyectos. Con ese criterio se calculó el tiempo de experiencia que permitió su designación.
El proceso continuará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá resolver si el nombramiento se ajustó a las exigencias legales una vez concluya el examen de fondo.
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