
El Gobierno de Abelardo de la Espriella contrató por $2.490 millones una asesoría externa para liquidar el Ministerio de Igualdad y Equidad, una cartera que el presidente prometió eliminar tras cuestionar su ejecución presupuestal y sus mecanismos de contratación.
Entre el 21 de septiembre y el 13 de noviembre, el Ministerio suscribió 46 contratos vinculados con su cierre por $5.735 millones. La firma Grupo Epyca S.A.S. concentra el 43,4% de ese gasto, de acuerdo con documentos conocidos por la revista Cambio.
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El presidente había calificado de absurda la existencia de la cartera creada durante la administración de Gustavo Petro. “Eso es absurdo, no ha servido para nada”, sostuvo al ratificar que la eliminaría, en medio de alertas de la Contraloría por el avance limitado de programas que dirigió la exvicepresidenta Francia Márquez.
Para conducir el desmonte, De la Espriella designó a John Milton Rodríguez, pastor evangélico, cofundador de la iglesia Misión Paz a las Naciones y excandidato presidencial. El liquidador suprimió cuatro viceministerios a comienzos de septiembre y aseguró que su gestión permitiría recuperar cerca de $200.000 millones para el Estado.
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Rodríguez también podría concentrar las decisiones sobre Fonigualdad, el principal instrumento financiero de la cartera. Un proyecto de decreto le daría facultades para ordenar el cierre del fondo, eliminar empleos de la planta del Ministerio y suprimir sus órganos de dirección y administración.
El primer acuerdo con Grupo Epyca fue firmado el 21 de septiembre por $1.660 millones, con vigencia hasta el 31 de diciembre y un equipo inicial de 13 profesionales. La firma debía prestar asesoría jurídica en talento humano, situaciones administrativas, supresión de cargos y otras tareas requeridas para liquidar la entidad.
El 20 de octubre, menos de un mes después, se solicitó una adición de $830 millones para vincular a otros 11 profesionales durante 2,3 meses. Las nuevas labores incluyeron defensa judicial, gestión disciplinaria y acompañamiento jurídico para las áreas involucradas en el cierre.
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Rodríguez justificó el incremento por las disputas surgidas tras la eliminación de empleos: “La ejecución del programa de supresión de empleos y el consecuente retiro del servicio han provocado un incremento sustancial y extemporáneo de controversias, reclamaciones y litigios promovidos por exservidores públicos”.
La empresa, registrada desde 2009 y conocida anteriormente como Pedro Alfonso Hernández Abogados Consultores S.A.S., acumula 93 contratos en la plataforma Secop desde 2016. Ha trabajado con la Fiscalía, la Contraloría, entidades de la rama judicial y ministerios en asuntos de talento humano, rediseño institucional y régimen de servidores públicos.
El vínculo para la liquidación es el de mayor valor que Grupo Epyca ha obtenido en contratación pública. Supera en cerca de 75% el anterior contrato más alto de la compañía, suscrito con la rama judicial por $1.424 millones en 2025, y excede los $ 2.245 millones que la firma reportó como ingresos en el RUES durante ese año.
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Honorarios por encima de la remuneración ministerial

Los dos perfiles más costosos de la asesoría son el director general de Gestión y Administración del Talento Humano, con un valor de $44,8 millones mensuales, y el director general de Apoyo Transversal al Proceso Liquidatorio, con $40 millones al mes. Entre el 22 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026, sus costos previstos ascienden a $156,8 millones y $140 millones, respectivamente.
El director técnico del componente de Talento Humano y el líder de relacionamiento institucional cuestan $32 millones mensuales cada uno, equivalentes a $112 millones por perfil durante el plazo contractual. El coordinador de comunicaciones tiene asignados $28,8 millones al mes, con un total proyectado de $100,8 millones.
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Tres profesionales especializados en Gestión y Administración del Talento Humano representan $20,8 millones mensuales cada uno y, en conjunto, $218,4 millones durante el contrato. A ellos se suman dos profesionales de Gestión de Información, con $16 millones al mes cada uno, y dos perfiles de análisis, seguimiento y gestión de información, con $14,4 millones mensuales.
Las cifras incorporan una dedicación del 100% y un factor multiplicador de 1,4, que añade 40% al valor mensual base por las cargas prestacionales asociadas al personal. Por esa fórmula, los $32 millones base del principal cargo de talento humano alcanzan los $44,8 millones mensuales.
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Los 13 integrantes del equipo contratado a través de Grupo Epyca suman costos mensuales de $309,4 millones. La cifra es inferior a los $765,6 millones mensuales que representaban los 26 funcionarios del Fondo Milagro, cuyos salarios llevaron a De la Espriella a pedir la renuncia de su entonces gerente por considerar que no se ajustaban a la política de austeridad.
Según el Decreto 312 de 2026, un ministro recibe $30,7 millones mensuales, incluidos los gastos de representación y la prima de dirección. Los dos cargos directivos más caros de Epyca superan en más de 30% esa remuneración, aunque los asesores no pertenecen a la planta del Ministerio ni están sometidos a la escala salarial del servicio público.
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Multas personales y programas sin entidad definida

Las personas vinculadas a la liquidación deben firmar una declaración de confidencialidad que contempla sanciones de hasta $500 millones por divulgar o usar indebidamente información reservada. Si la infracción compromete información institucional, el pago corresponde al Ministerio o a Fonigualdad; si afecta datos personales del liquidador, la suma se entregaría directamente a Rodríguez “a título personal”.
La representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao cuestionó esa disposición y anunció acciones ante organismos de control. “Esto para mí es coacción y es constreñimiento. Voy a exponerlo ante los entes de control”, afirmó la congresista.
El compromiso también obliga a devolver documentos, archivos, bases de datos y claves institucionales cuando concluya la vinculación. Los firmantes no pueden conservar copias de respaldo sin autorización legal, y la alteración, ocultamiento o sustracción de información del Ministerio o del Fondo puede derivar en consecuencias penales bajo la Ley 1273 de 2009, que tipifica delitos informáticos.
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Juvinao advirtió que aún no existe claridad sobre la entidad que operará el Sistema Salvia y la Línea 155, mecanismos destinados a prevenir violencias basadas en género y atender a las víctimas. En una mesa técnica se propuso trasladar Salvia al Ministerio del Interior, pero la medida requiere un acto administrativo.
Mientras se define esa decisión, fueron habilitados recursos para sostener la operación y se prorrogaron hasta el 31 de diciembre los contratos con la Cruz Roja y los servicios de desarrollo tecnológico. El plan también plantea que Prosperidad Social reciba Mujeres Amancay y Autonomía Económica de las Mujeres, mientras el Ministerio del Interior asumiría el programa de Abordaje Integral de las Violencias contra las Mujeres y las Casas para la Dignidad; las transferencias continúan pendientes de un acto administrativo.
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