
El periodista Hollman Morris, que fungió como gerente del sistema de medios públicos Rtvc, fue imputado en la jornada del martes 17 de noviembre por el presunto delito de acto sexual violento agravado por hechos que, según la Fiscalía General de la Nación, ocurrieron el 9 de diciembre de 2011 en Madrid, España. Es decir, casi 15 años.
De acuerdo con el ente acusador, durante un encuentro al que la escritora María Antonia García de la Torre asistió para entrevistarlo por un documental, Morris habría cometido la conducta punible; aunque el implicado no aceptó los cargos y su defensa recordó que conserva la presunción de inocencia mientras se someta al respectivo juicio.
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La decisión, como era de esperarse, causó una fuerte discusión en las redes sociales. Al respecto, la abogada Sharon Nicole Castillo, abogada penalista que goza de reconocimiento en estas plataformas, explicó por qué el caso pasó de un archivo a una imputación y cuáles son los puntos que ahora deberá probar la Fiscalía.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema sostuvo que Morris habría efectuado actos de contenido sexual mediante la fuerza y sin el consentimiento de la periodista. Para el ente acusador, la conducta constituye una presunta expresión de violencia basada en género que afectó la libertad, integridad y autodeterminación sexual de la denunciante.
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El caso fue archivado antes bajo otra posible conducta penal
En su argumentación, Castillo recordó cómo la Fiscalía había archivado la denuncia en 2022 al considerar que los hechos podían corresponder a una injuria por vías de hecho. La nueva decisión se basa en una valoración jurídica distinta: la Fiscalía imputó a Morris el delito de acto sexual violento agravado, previsto en el artículo 206 del Código Penal.

A partir de ese importante quiebre jurídico en el caso, la abogada relacionó esa modificación con los criterios que ha desarrollado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, entre ellos los expuestos en la sentencia SP085-2025, con radicado 59221 que tipifica el tipo de conductas en las que habría incurrido Morris.
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“Los besos en la boca y los tocamientos en zonas erógenas pueden constituir actos sexuales violentos”, explicó la jurista, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar de la misma institución, al citar el alcance de esa jurisprudencia en el mediático caso.
Según abogada, el contacto físico no basta para probar un acto sexual violento
La abogada advirtió que la sola existencia de un contacto físico no permite concluir que ocurrió un delito y por ello, para que se configure un acto sexual violento, la Fiscalía debe demostrar otros elementos previstos en la ley. “No basta con demostrar el contacto: deben acreditarse los demás elementos del delito”, indicó Castillo en su explicación.
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De acuerdo con la ilustración, el tipo penal exige una conducta de contenido sexual distinta del acceso carnal, ejecutada sin consentimiento y mediante violencia. La discusión, por tanto, no se limita a establecer si existieron besos o tocamientos entre Morris y García, pues el contacto físico, de por sí solo, no es delito en la ley colombiana.
La violencia puede incluir fuerza, intimidación o coacción
En ese sentido, la abogada recordó que la violencia en los delitos sexuales no se reduce a golpes o lesiones físicas. El artículo 212A del Código Penal contempla otras formas, entre ellas la fuerza, la intimidación y la coacción física o psicológica, pues en este apartado la ley nacional reconoce que la violencia también puede ser moral.
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“La investigación no debe limitarse a establecer si existieron besos o tocamientos, sino las circunstancias en que habrían ocurrido y si se utilizó violencia para imponerlos”, señaló Castillo. Así pues, ese será uno de los ejes de la investigación que gire en torno al exfuncionario, cercano al expresidente Gustavo Petro y su proyecto político de izquierda.
La Fiscalía dijo que los elementos reunidos por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación indican que Morris, en posible estado de embriaguez, habría tenido comportamientos de naturaleza sexual con uso de la fuerza y sin el consentimiento de García.
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Sentencia de la Corte Suprema no define la responsabilidad de Morris
Asimismo, la abogada Castillo aclaró que el fallo de la Corte Suprema citado en su explicación no corresponde al expediente de Morris. La decisión judicial sirve como referencia sobre la forma en que la alta corte ha interpretado los elementos de los actos sexuales violentos, pero no prueba la responsabilidad del imputado en este caso.
“La sentencia citada corresponde a otro proceso y no demuestra la responsabilidad de Morris”, precisó. Por su parte, el abogado Alejandro Carranza, defensor de Morris, afirmó que la imputación expone una hipótesis de la Fiscalía y no representa una decisión sobre la responsabilidad penal y cuestionó posibles fallas en el debido proceso.
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Además, le pasó la lupa a la competencia para investigar en Colombia un hecho presuntamente ocurrido en España y la reapertura de la indagación. “Hollman Morris se defenderá ante los jueces y no en los medios”, expresó Carranza en un comunicado con el que reaccionó a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación.

Fiscalía y la defensa deberán sostener sus argumentos ante un juez
Es oportuno aclarar que, en este y en cualquier proceso a cargo de la justicia, la imputación de cargos no equivale a una condena. En las siguientes etapas, la Fiscalía tendrá que respaldar su hipótesis con los elementos de prueba que considere pertinentes, mientras que la defensa podrá controvertirlos y presentar sus argumentos.
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Por ello, para la abogada Sharon Nicole Castillo, el análisis debe concentrarse en “la libertad sexual, el consentimiento y la prueba de la violencia”, sin trasladar la discusión a las posturas políticas de quienes intervienen en el caso, teniendo en cuenta las filiaciones de Morris y su papel en el Gobierno Petro, entre 2022 y 2026.
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