
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas redujo en 981 sus contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con lo que consiguió un ahorro mensual de 4.679 millones de pesos. La entidad presentó esta medida como parte del balance de sus primeros 100 días de gestión durante el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Según el informe, la contratación pasó de 3.255 a 2.274 contratos activos, lo que representa una reducción del 30,1%. La decisión se tomó después de revisar las necesidades administrativas de la institución y, de acuerdo con la Unidad, no afectó la continuidad de sus funciones misionales.
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A través de sus redes sociales, la entidad explicó que el ajuste busca optimizar el presupuesto destinado a su funcionamiento.
“Cuidar los recursos públicos es respetar a quienes más los necesitan. Con la reducción de 981 contratos de prestación de servicios, logramos un ahorro de $4.679 millones mensuales en gastos administrativos”, señaló.
En el mismo mensaje, agregó que la gestión de los recursos busca que “cada peso se traduzca en una mayor atención en el territorio”.

Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones por $183.738 millones
En el balance de los primeros 100 días, la institución también reportó la entrega de 15.926 indemnizaciones administrativas a 15.349 víctimas, por un valor total de 183.738 millones de pesos.
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En materia de cumplimiento de decisiones judiciales, informó que ordenó 11.924 pagos parciales de indemnización, por 120.450 millones de pesos, destinados a 9.635 víctimas.
Adicionalmente, reportó el cumplimiento de 14.260 órdenes de tutela, relacionadas principalmente con medidas de reparación e indemnización administrativa.
La directora general de la entidad, Jensy Johana Osorio Porras, destacó el trabajo de los equipos de la institución durante este periodo y manifestó que el propósito es mantener resultados concretos para las personas afectadas por el conflicto armado.
Atención humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado
En cuanto a la asistencia humanitaria, la Unidad informó que, con corte al 23 de octubre de 2026, entregó 190.276 giros a víctimas de desplazamiento forzado, por cerca de 112.637 millones de pesos.
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Durante el mismo periodo, hizo seguimiento a 67 emergencias humanitarias masivas y acompañó la respuesta de las autoridades territoriales en 23 de estos casos.
La entidad también reportó que brindó ayuda y atención humanitaria inmediata a 11.971 hogares afectados por el conflicto armado.

Recursos para la reparación colectiva de comunidades étnicas
Otro de los componentes del informe fue la reparación colectiva con enfoque étnico. En este frente, la Unidad destinó 8.339 millones de pesos en indemnizaciones para seis comunidades indígenas y cinco comunidades negras y afrocolombianas.
Las comunidades beneficiadas están ubicadas en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Cesar y Sucre.
Asimismo, la institución reportó la implementación de 72 acciones en beneficio de 28 sujetos de reparación colectiva étnicos, de los cuales 21 se encuentran en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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Las medidas incluyeron acciones de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición, dirigidas al restablecimiento de los derechos colectivos de estas poblaciones.

La Unidad gestionó más de 20.000 solicitudes de víctimas en el exterior
La atención a colombianos reconocidos como víctimas del conflicto armado que viven fuera del país también hizo parte del balance institucional.
Durante los primeros 100 días, la Unidad gestionó 20.302 solicitudes provenientes del exterior. De estas, 3.258 correspondieron a 1.606 víctimas atendidas durante jornadas especiales o directamente por el Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior.
Las jornadas se desarrollaron en Costa Rica, España, Francia y Ecuador. Las otras 17.044 solicitudes fueron tramitadas mediante los diferentes canales de atención de la entidad.
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Las cifras fueron incluidas en el informe de los primeros 100 días de gestión, presentado por la Unidad para las Víctimas, que reúne los resultados de sus actividades administrativas y de atención a la población afectada por el conflicto armado.
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