
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) intentó obtener una copia del censo electoral de la Registraduría Nacional dos meses antes de la primera vuelta presidencial de 2026. La solicitud fue presentada por René Guarín, quien entonces se desempeñaba como director encargado de la entidad, mediante una carta enviada el 9 de abril.
La información fue revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que tuvo acceso a documentos internos de la agencia de inteligencia. Entre los archivos se encuentra la comunicación firmada por Guarín, cuyo asunto aparece identificado como “Envío de información de contrainteligencia”.
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En el documento, la DNI solicitó que la Registraduría le entregara un archivo con información discriminada de la población habilitada para votar. El requerimiento incluyó datos personales y electorales de los ciudadanos, como el número de cédula, la edad, el género, el grupo poblacional y el puesto de votación.
La petición fue justificada por la agencia bajo argumentos relacionados con la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, según el reportaje del medio, la comunicación no presentó un soporte legal válido que sustentara el acceso a la totalidad de esa información.
Estos son los datos del censo electoral que solicitó la DNI
El tercer punto de la carta enviada por René Guarín detalló el tipo de información que la Dirección Nacional de Inteligencia pretendía recibir de la Registraduría.
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El requerimiento técnico señalaba que los datos serían utilizados para procesos de interoperabilidad y análisis en los sistemas de la entidad. Para ello, solicitó un archivo plano con los siguientes campos:
- Documento: número de cédula de ciudadanía.
- Género: clasificación entre hombres y mujeres.
- Edad: edad actual de cada ciudadano.
- Grupo poblacional: pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y pueblo Rom o gitano.
- Puesto de votación: nombre, dirección, municipio y departamento.
- Estado de vigencia: confirmación de que el ciudadano estaba habilitado para votar.

La solicitud buscaba, por tanto, acceder a información que permitiera identificar a los electores, conocer sus características poblacionales y establecer el lugar en el que debían ejercer su derecho al voto.
La Registraduría negó la petición después de revisar los argumentos presentados por la DNI. De acuerdo con los documentos conocidos por Noticias Caracol, la entidad de inteligencia tuvo que buscar otra alternativa después de no conseguir la información solicitada.
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Exregistrador y directora de la MOE cuestionaron la solicitud
El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo se refirió a la petición y aseguró que no conocía antecedentes de una solicitud de esas características por parte de una agencia de inteligencia.
“Fue absolutamente sorpresivo conocer esa circunstancia, porque además nunca en la vida se ha presentado que haya una petición en ese sentido y tampoco nunca que la Registraduría haya accedido a brindar esa información”, manifestó al noticiero.
Galindo también señaló que la eventual entrega de los datos podría representar riesgos para los ciudadanos, debido a la posibilidad de que se filtrara información sobre su identificación y lugar de votación.
Según explicó, esos datos podrían utilizarse para ejercer algún tipo de manipulación sobre los electores.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió sobre las posibles consecuencias de entregar el censo electoral a un tercero con información detallada.
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“La entrega del censo electoral a un tercero con la información detallada puede llevar fácilmente a constreñimiento electoral, puede llevar fácilmente a la compra de votos o a cualquier otro tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral”, afirmó.
Barrios también mencionó la posibilidad de que los datos fueran utilizados para presionar a los ciudadanos o amenazarlos con retirarles servicios prestados por el Estado si no votaban por determinadas candidaturas.
La directora de la MOE cuestionó cuál era la finalidad de la operación que justificaba solicitar la totalidad del censo electoral, especialmente durante un proceso presidencial.
Además, planteó la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre la Dirección Nacional de Inteligencia, al tratarse de una entidad adscrita a la Presidencia de la República.
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La petición se produjo en medio de los cuestionamientos de Petro al sistema electoral
La solicitud de la DNI se presentó después de que el entonces presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente las garantías del proceso electoral de 2026.
El 26 de febrero, el mandatario afirmó que Colombia estaba en un “inmenso peligro de fraude electoral”. En esa intervención también expresó sus dudas por la falta de respuestas de las autoridades electorales y de organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía.
Posteriormente, el 18 de marzo, la Dirección Nacional de Inteligencia publicó un comunicado en el que alertó sobre posibles ciberataques contra entidades estatales, entre ellas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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La advertencia también contemplaba la posibilidad de que esos ataques se extendieran a la Registraduría y permitieran alterar datos de las fuentes y reportes de información electoral correspondientes a las elecciones del 31 de mayo.
Días después, Guarín envió la comunicación en la que solicitaba una copia del censo electoral.

Informes internos de la DNI mencionan a un hacker señalado de atacar la Registraduría
Los documentos revelados también hacen referencia a una supuesta estrategia de la DNI para atacar el sistema electoral de la Registraduría, después de que la autoridad electoral rechazara la entrega del censo.
En los informes internos aparece Carlos Oyola, identificado como el presunto líder de una red que realizaría acciones contra la plataforma de la entidad electoral.
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Uno de los documentos señala: “Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio. Junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría”.
Según el reportaje, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial.
El hombre fue capturado y el viernes 13 de noviembre un juez de Bogotá ordenó enviarlo a prisión.

Registraduría reportó 109 millones de ataques a su página web
A través de su oficina de comunicaciones, la Registraduría confirmó que desde marzo había radicado 71 denuncias relacionadas con ataques cibernéticos.
Además, entre la primera y la segunda vuelta presidencial, la entidad denunció ante la Fiscalía General de la Nación 109 millones de ataques contra su página web.
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De acuerdo con la información entregada por la Registraduría, ninguno de esos ataques consiguió afectar el sistema electoral.
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