
El senador Enrique Gómez Martínez fue objeto de una demanda de pérdida de investidura presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra Yáñez, del Pacto Histórico, ante el Consejo de Estado. La acción judicial busca que se determine si el congresista habría incurrido en una posible violación del régimen de conflicto de intereses e incompatibilidades por su participación en un proyecto de acto legislativo que pretende limitar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El representante, quien preside la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, sostiene que Gómez habría intervenido en el trámite de la iniciativa sin declararse impedido, pese a estar acreditado como víctima ante la JEP en el proceso por el asesinato de su tío, el dirigente político Álvaro Gómez Hurtado.
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El argumento principal de la demanda es que el senador habría participado como autor, ponente y votante de una reforma que podría modificar la competencia de la jurisdicción sobre un proceso judicial en el que tiene un interés particular. Por esa razón, Becerra pidió al alto tribunal establecer si esa actuación constituye una vulneración de las disposiciones constitucionales que regulan los conflictos de intereses de los congresistas.
El proyecto de acto legislativo busca limitar la vigencia de la JEP y trasladar los procesos pendientes de esa jurisdicción a la justicia ordinaria. Según el representante, una eventual aprobación de la iniciativa podría tener efectos sobre el expediente por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que actualmente se encuentra bajo conocimiento de la justicia transicional.
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En un comunicado divulgado el 17 de noviembre, Becerra afirmó que el senador Gómez habría intentado previamente, mediante actuaciones judiciales, retirar ese proceso de la competencia de la JEP. De acuerdo con el demandante, la reforma constitucional que ahora promueve podría alcanzar un resultado similar al que Gómez habría buscado ante los jueces.
“No estamos cuestionando el derecho de Enrique Gómez a ser reconocido como víctima ni su derecho a discrepar de las decisiones judiciales. Lo que cuestionamos es que pretenda utilizar su investidura para modificar las reglas de un proceso en el que tiene un interés personal, sin someter ese posible conflicto de intereses a consideración del Congreso”, manifestó Becerra.
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