
El Gobierno de Colombia anunció un plan de choque para reforzar la respuesta de la fuerza pública frente a los ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad de violencia que, según las autoridades, ya se ha registrado en 16 departamentos del país.
La estrategia incluye herramientas para las tropas, la elaboración de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y un proyecto de ley para regular el uso de estos dispositivos. Las medidas buscan atender una amenaza que ha dejado muertos y heridos entre integrantes de las instituciones armadas y la población civil.
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El ministro de Defensa, Jorge Mora, afirmó que el plan comenzó a ejecutarse durante los primeros tres meses de la actual administración. El objetivo, señaló, es fortalecer las capacidades operativas de las unidades desplegadas en los territorios afectados.
En paralelo, el Gobierno trabaja en un documento Conpes y en una iniciativa legislativa orientada a fijar controles sobre el uso de drones en el país. La regulación pretende establecer mecanismos para el manejo de esta tecnología, mientras las autoridades avanzan en acciones para reducir su utilización con fines criminales.

Entre abril de 2024 y el 8 de noviembre de 2026, se documentaron 708 ataques con drones en Colombia, de acuerdo con las cifras citadas por las autoridades. En esos hechos, los responsables habrían empleado cerca de 1.865 granadas lanzadas desde estos dispositivos.
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Los equipos, concebidos inicialmente para tareas como la grabación aérea, han sido adaptados por grupos armados para transportar y soltar explosivos. La expansión de esa capacidad ha llevado a reforzar las medidas de prevención y reacción de la Fuerza Pública en las zonas donde se han registrado los ataques.
La Dian incautó 100 drones y piezas en el puerto de Cartagena
Como parte de los controles, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) incautó 100 drones y sus partes en el puerto de Cartagena. El cargamento estaba distribuido en 21 bultos y tenía como destino una empresa de Candelaria, en el departamento de Valle del Cauca.
Las autoridades advirtieron que ese tipo de mercancía puede ser aprovechada por organizaciones criminales si evade los controles. La incautación se produjo en medio del aumento de los operativos para vigilar el ingreso y la circulación de estos artefactos.
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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al procedimiento y alertó sobre el riesgo de que los dispositivos terminen en poder de estructuras armadas. “Estos equipos pueden terminar fortaleciendo las capacidades criminales de organizaciones narcoterroristas que los utilizan para atacar a nuestra Fuerza Pública, amenazar a la población civil e imponer el terror en los territorios”, afirmó.
El mandatario añadió que los grupos criminales no utilizarán el espacio aéreo colombiano para ejecutar ataques contra la población y las autoridades.
Dos ataques recientes dejaron siete militares muertos en Norte de Santander y Bolívar
Horas antes del anuncio presidencial, cuatro militares murieron y cinco resultaron heridos en un ataque con drones en Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo. El hecho ocurrió cinco días después de otra ofensiva contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar.
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Ese ataque, registrado el sábado 7 de noviembre, fue ejecutado con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos. Los balances conocidos después del atentado indicaron que tres militares murieron y más de 40 uniformados sufrieron afectaciones.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, cuestionó la respuesta de la administración anterior ante el uso de drones por parte de grupos criminales. Según afirmó, el Gobierno activó en sus primeros tres meses un plan de choque para dotar a las tropas de herramientas contra esta amenaza.
Mora también indicó que las autoridades preparan un documento Conpes y una iniciativa legislativa para regular el uso de drones en Colombia. “Menos anuncios, más resultados. La vida de nuestros soldados y policías es sagrada”, manifestó el ministro.
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