Teléfono de Gustavo Petro estaba a nombre de Jaime Ramírez Cobo, exasesor salpicado en el megaescándalo de la Ungrd: “El presidente sabía”

En un caso que causó reacciones en el espectro político nacional, el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo reconoció, a través de su apoderado, el exfiscal Mario Iguarán Arana, que el teléfono celular que era utilizado por el expresidente de la República Gustavo Petro estaba a su nombre y que el político de izquierda era consciente de esta situación.

La situación trascendió tras las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez, que alertó del hecho a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tras detectar que la línea del entonces mandatario estaba registrada a nombre de un tercero investigado por la corte.

El caso tomó relevancia porque Ramírez Cobo quedó vinculado a la presunta malversación de fondos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Por este proceso están detenidos varios exfuncionarios del anterior Gobierno, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Aunque quien operaba como enlace entre el Ejecutivo y el Congreso no enfrenta una vinculación formal en un proceso penal, su labor lo puso bajo la lupa por la presunta intermediación en partidas presupuestales superiores a 700.000 millones de pesos, tramitadas desde el Ministerio de Hacienda hacia la unidad de riesgo.

Defensa de Jaime Ramírez Cobo aseguró que el registro de la línea correspondió a un favor personal

Frente a los señalamientos, el exfiscal y abogado Iguarán explicó a El Tiempo que su representado prestó su identidad de manera temporal para habilitar el servicio telefónico del jefe de Estado. La defensa argumentó que el procedimiento obedeció a razones logísticas y que Gustavo Petro conocía plenamente la titularidad del contrato.

El jurista enfatizó que la gestión no infringió la ley y descartó cualquier manipulación indebida del aparato por parte de su cliente. “Jaime Ramírez nunca tuvo la línea en su poder ni la utilizó. Ese favor no constituye ninguna irregularidad ilegal”, aseveró el litigante, que el exmandatario fue el único usuario de la terminal móvil en mención.

La versión de Rodríguez apunta a que el hallazgo de la línea causó tensiones en la Casa de Nariño. En una conversación con el periodista Melquisedec Torres, que se grabó en agosto, pero se emitió el 11 de noviembre, la exdirectora del Dapre relató que puso al tanto a Petro sobre la titularidad del número, lo que causó malestar en el gobernante.

Según la exfuncionaria, el trámite de esta línea está relacionado, justamente, con el entorno de la también exdirectora Departamento Administrativo de la Presidencia y exembajadora de Colombia en Reino Unido Laura Sarabia, pues Ramírez Cobo sería cercano a la mujer que más cargos tuvo en la era de Petro en la Casa de Nariño.

Como parte de su testimonio, Rodríguez reveló un intercambio de mensajes con el exjefe de la DNI René Guarín, en el que se advertía que el equipo se encontraba presuntamente “envenenado”. Este aviso técnico reforzó las sospechas sobre posibles vulnerabilidades en las comunicaciones estratégicas del ex jefe de Estado.

Corte Suprema de Justicia frenó las escuchas al descubrir la voz del mandatario

Las sospechas judiciales sobre las maniobras de Ramírez Cobo en el Congreso llevaron a que la Corte Suprema a ordenar la vigilancia electrónica de los números asociados a su nombre. El objetivo era recolectar material probatorio contra congresistas con fuero que habrían recibido beneficios indebidos en el entramado corrupto de la Ungrd.

Sin embargo, las interceptaciones se detuvieron en forma inmediata cuando los analistas detectaron que quien hablaba en las grabaciones era el propio presidente. Ante el hallazgo, el magistrado Misael Rodríguez, integrante de la Sala Especial de Instrucción, dispuso cancelar las escuchas para no vulnerar el fuero de Petro.

En cuanto a Ramírez Cobo, el papel del exasesor incluye además nexos con otras entidades estatales bajo escrutinio. Su pareja sentimental, Daniela Andrade Valencia, se desempeñó como vicepresidenta de la Fiduprevisora, la entidad que autorizó los giros financieros para la compra de carrotanques en La Guajira; punta del ‘iceberg’ del caso.