‘Timochenko’ calificó como una “campaña de estigmatización” la investigación contra ‘Marcos Calarcá’ y Sandra Ramírez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra los excongresistas de Comunes Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, por señalamientos que los relacionan con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

La actuación se encuentra en una fase inicial. En esta etapa, el alto tribunal busca determinar si hay elementos que justifiquen la apertura de una investigación formal contra los antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Ramírez fue senadora por Comunes. Albán, quien participó como negociador de las Farc en La Habana, ocupó una curul en la Cámara de Representantes por el partido surgido tras el Acuerdo de Paz 2016.

La indagación tiene como antecedente una decisión de la Fiscalía General de la Nación, que el 20 de octubre de 2026 ordenó enviar copias del expediente a la Corte Suprema para que evaluara los señalamientos contra Ramírez y Albán.

El ente investigativo informó que mantiene bajo reserva judicial la información aportada por María Claudia Tarazona y que verifica la autenticidad y el origen de las comunicaciones entregadas dentro del caso.

El expediente quedó en el despacho de la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, quien ingresó a la Sala Especial de Instrucción durante el relevo de magistrados de septiembre 2026, en reemplazo de Francisco Javier Farfán. Antes de llegar a la Corte, Hernández Zambrano se desempeñó como fiscal delegada ante ese alto tribunal.

Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, afirmó que los señalamientos contra “Marcos Calarcá” y Sandra Ramírez por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay corresponden a una “campaña de estigmatización” contra firmantes del Acuerdo de Paz.

Durante una audiencia, el dirigente del partido Comunes sostuvo que las declaraciones de Abelardo de la Espriella, emitidas el 13 de julio de 2026 cuando era mandatario electo, elevaron el riesgo para quienes dejaron las armas. Según Londoño, los pronunciamientos contra la institucionalidad de paz no pueden tratarse como una opinión aislada, pues pueden convertir a los excombatientes en objetivos de grupos armados.

“Las declaraciones del 13 de julio del 2026 del entonces presidente electo, hoy presidente, Abelardo de la Espriella, contra la institucionalidad de paz y contra mí, no son una simple opinión. Son un factor de riesgo porque llevan a los grupos armados a ver los firmantes como objetivo. Y cuando viene del más alto nivel, ningún taller la contrarresta. Algunos casos recientes lo demuestran”, dijo.

Londoño cuestionó los señalamientos contra Calarcá

El exjefe guerrillero se refirió al caso de ‘Calarcá’, antiguo negociador de las Farc en La Habana y representante a la Cámara entre 2018 y 2026. Señaló que varios medios lo relacionaron en octubre de 2026 con la organización del atentado contra Uribe Turbay a partir de un chat cuya autenticidad, dijo, no ha sido verificada.

“No ha sido citado, vinculado ni imputado, pero hoy es un objetivo”, manifestó Londoño. La afirmación se produjo al cuestionar las consecuencias que, a su juicio, tienen las acusaciones públicas sin una decisión judicial que las respalde.

En la misma intervención mencionó a Ramírez, exsenadora y firmante del Acuerdo de Paz. De acuerdo con su relato, ella ha recibido amenazas de muerte y ha sido objeto de publicaciones que la señalan sin que exista, según indicó, sustento judicial.

El dirigente alertó sobre amenazas contra familias de firmantes

Rodrigo Londoño también expuso el caso de Carlos Alberto Carreño y su hija, Camila Carreño Jiménez. Según narró, el 15 de octubre de 2026, en Medellín, Antioquia, un hombre puso un cuchillo en el abdomen de la joven y le dijo: “¿Sabe quién tiene este caminado? Los guerrilleros”.

El dirigente citó además el reporte de la Unidad Especial de Investigación, según el cual se registraron 427 casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada de firmantes, entre ellos 63 habían llegado a una sentencia condenatoria. Para Londoño, la falta de resultados judiciales forma parte del escenario de inseguridad que denunció.

Además, rechazó una iniciativa que plantea el cierre de la JEP en 2028. “La seguridad jurídica también es seguridad”, afirmó al pedir garantías para los firmantes y cuestionar el alcance de las medidas que, según dijo, podrían afectar la confianza en el sistema de justicia transicional.