De la Espriella recibió respaldo de sus ministros para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, pero hay críticas a las cifras económicas

El Gabinete Ministerial respaldó por unanimidad las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PNS) 2026-2030, denominado “Colombia, la Patria Milagro”, durante una sesión ampliada del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) convocada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el 12 de noviembre de 2026.

El aval recae sobre los lineamientos generales del PND y no equivale a su aprobación definitiva: el Gobierno deberá completar el articulado en mesas técnicas y cumplir las etapas de revisión institucional y legislativa antes de que el documento pueda entrar en vigor.

Ante la aprobación, el jefe de Gabinete, Nicolás Gómez, destacó la concurrencia de todas las áreas de la administración: “Contamos con la presencia de todo el gabinete en pleno, con todos los sectores del gobierno nacional”. Las mesas técnicas continuarán, según explicó, “con todo el rigor que caracteriza al gobierno nacional”, para preparar el articulado previsto para diciembre y enero.

Metas de crecimiento, inversión, pobreza e inflación

Las bases plantean un crecimiento anual del producto interno bruto superior al 6%, una inversión pública y privada equivalente al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, pobreza monetaria del 20%, inflación del 3% y deuda pública del 64 % del PIB. El documento también propone el retorno formal a la regla fiscal, norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB.

El Gobierno presentó el borrador de trabajo el 10 de noviembre y lo describe como una guía para orientar políticas públicas, inversiones y transformaciones territoriales. La meta de crecimiento está ligada a la formación de capital humano y al impulso de actividades productivas, mientras que la apuesta de inversión contempla megaproyectos y una transformación económica del país. En el frente social, las bases vinculan la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad con políticas de bienestar para la población.

Sobre esto, el director del DNP, Julián Buitrago, presentó siete componentes estratégicos para ordenar el Plan:

• Colombia desde las Regiones: busca que las prioridades nacionales partan de las necesidades de cada territorio. Buitrago Arango resumió ese criterio: “Este plan es construido desde las regiones y con los sectores”. Los otros se explican así:
• Educación y formación: identificado como Milagro de la Educación o de formación, apunta a fortalecer las capacidades de trabajadores y ciudadanos ante las exigencias del crecimiento económico.

• Milagro Social: enfocado en el bienestar y la reducción de desigualdades. “Es cómo llevar prosperidad a todos los habitantes del territorio colombiano”, señaló Buitrago Arango.
• Milagro Económico: contempla la transformación productiva mediante megaproyectos y otras iniciativas orientadas a elevar la actividad económica. El eje de Transformación del Estado, por su parte, propone modificar la estructura y el funcionamiento de la administración pública con el objetivo de contar con “un Estado liviano, pequeño, eficiente”, según el director del DNP.
• Estado: la descentralización atraviesa la arquitectura del Plan, con una agenda de coordinación entre la Nación y las entidades territoriales. La propuesta prevé integrar aportes de autoridades locales, gremios productivos, academia y veedurías sociales en la definición de políticas públicas y decisiones presupuestales. Gómez definió esa orientación territorial como “un mensaje claro de este Gobierno, que es el empoderamiento a las regiones, la escucha a las regiones y un esfuerzo de descentralización”. El DNP plantea que los insumos regionales sean oportunos, comparables y trazables para sustentar las decisiones técnicas.
• Reconstrucción, Transformación y Resiliencia: se concentra en los territorios del suroccidente afectados por el sismo del 10 de agosto. La estrategia no se limita a la recuperación posterior al terremoto, sino que busca fortalecer la preparación estatal ante futuras emergencias y mejorar la capacidad de coordinación en las regiones impactadas.
• Patriotismo Constitucional: reúne las políticas de seguridad y justicia. Buitrago Arango afirmó que el eje abarca “la seguridad en todo el territorio, recuperar la seguridad ciudadana y sobre todo una atención efectiva de la justicia”.

El calendario institucional prevé que el Gobierno entregue el borrador final al Consejo Nacional de Planeación antes del 15 de noviembre. Después, el Ejecutivo deberá radicar el proyecto ante el Congreso el 7 de febrero de 2027, con plazo de trámite hasta el 5 de mayo de ese año.

El respaldo recibido en el Conpes funciona como punto de partida para esa secuencia, no como la adopción final del PND. La definición de las medidas concretas dependerá del articulado que surja de las mesas técnicas y de la posterior discusión legislativa. El reto del eje de reconstrucción excede la atención al daño ya causado: se trata de preparar al Estado y a los territorios para responder con mayor eficacia cuando surjan nuevas crisis.

Críticas a los alcances del Plan Nacional de Desarrollo

Ante lo sucedido, el exdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 plantea objetivos económicos ambiciosos, aunque enfrenta restricciones fiscales y de gasto. “El problema no es tanto la distancia de lo que se pretende buscar, sino la realidad”, afirmó.

Quiñonez señaló que el propio plan reconoce que la economía creció 2,5% durante la última década, mientras que el crecimiento potencial del PIB se ubica por debajo de 3%. También indicó que la inversión se encuentra entre 16% y 17% del PIB. Valoró que la regla fiscal figure como ancla de la política fiscal y que los ingresos adicionales derivados de un mayor crecimiento se destinen al ahorro y no al gasto.

Sin embargo, cuestionó la meta de estabilizar la deuda en 64% del PIB, frente a un ancla de 55% y un umbral preventivo de 63%. “El plan propone estabilizarse en una zona de alerta constante y estabilizar, no reducir”, sostuvo.

Destacó que el 93,7% del presupuesto nacional para 2026 es inflexible, con más de $508 billones que no pueden reasignarse. Según expuso, el servicio de la deuda supera los $ 100 billones, por encima de los $84 billones destinados a pensiones. “Colombia está destinando más plata a la deuda que a las pensiones”, dijo. Añadió que el gasto de funcionamiento del Gobierno pasó de 14% a 17,2% del PIB entre 2019 y 2025, por lo que pidió que el PND incorpore medidas específicas para contener ese rubro.

Sobre los beneficios tributarios, Quiñonez indicó que el plan calcula el gasto tributario en 8,5% del PIB, el doble del promedio regional, y propone revisar su relación costo-beneficio. No obstante, advirtió una contradicción entre esa revisión y la creación de nuevos estímulos, como el Ruge, que contempla 16 años de estabilidad en los impuestos de renta y patrimonio, además de incentivos para la renovación de vehículos, energías, ciencia y tecnología.

“No se puede prometer desmontar exenciones y al mismo tiempo crear nuevas”, expresó, aunque defendió los incentivos que estén atados a resultados de inversión y a una contraprestación para el Estado.

También reclamó metas contra la evasión, que cifró en $100 billones, y pidió precisar cuánto se espera recuperar y en qué plazo mediante analítica e inteligencia artificial. Además, resaltó que el país tiene una informalidad de 54,6% y propuso fortalecer la factura electrónica junto con la devolución del IVA para hogares en pobreza y pobreza extrema. “No basta con implementar una modernización sin resultados medibles”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la devolución debe estar vinculada al impuesto efectivamente pagado y no a montos fijos definidos por proyecciones.