Corte Constitucional ordenó a su propio magistrado, Jorge Ibáñez, rectificar declaraciones sobre la madre de su hijo: habría dicho que lo había drogado y abusado sexualmente

La Corte Constitucional, en su Sentencia SU 367, ordenó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente del alto tribunal y que actualmente hace sale de la Sala Plena, rectificar las afirmaciones sobre Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de su hijo, al concluir que vulneraron derechos fundamentales de ambos y el derecho de ella a una vida libre de violencias.

La decisión de la sala se tomó de forma unánime en la jornada del miércoles 11 de noviembre y se adoptó sin la participación del magistrado involucrado. En ese sentido, la rectificación deberá ser enviada dentro de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia y tendrá que asumir en primera persona la responsabilidad por lo dicho.

En su determinación, los togados establecieron que no podrá incluir una contextualización previa ni expresiones que alteren su carácter directo y específico. Con esto, el fallo protegió los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad de Yolanda Inés Robles Ramírez, así como la honra y la intimidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles.

Con este fallo, la Sala Plena revocó la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, dictada el 6 de febrero de 2026, en la que ordenó, entre otras, al medio digital Casa Macondo eliminar y borrar los contenidos ya publicados sobre la investigación relacionada con el magistrado y su entorno familiar.

En efecto, en esta determinación judicial la corte revocó las órdenes que habían obligado al medio a retirar publicaciones, abstenerse de hacer futuras divulgaciones y publicar una aclaración. También sustituyó por una exhortación la orden de rectificación que una decisión judicial previa había impuesto al magistrado Ibáñez Najar.

Así tendrá que ser la rectificación del magistrado Jorge Enrique Ibáñez

En ese orden de ideas, el magistrado Ibáñez Najar deberá reconocer su responsabilidad directa por los dichos que afectaron a Robles Ramírez y a su hijo. A su vez, tampoco podrá atribuir las consecuencias de sus declaraciones a Casa Macondo, a sus periodistas o a sus métodos de reportería, en una clara delimitación del fallo en mención.

Las afirmaciones surgieron en una entrevista concedida al citado medio, en la que el togado relacionó la paternidad de su hijo con un supuesto abuso sexual cometido por Robles Ramírez. “Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, fui víctima de abuso sexual por parte de una señora”, señaló.

En consecuencia, la rectificación será remitida tanto al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva como a Casa Macondo. El medio deberá divulgarla en su portal y sus redes sociales dentro de los tres días siguientes a recibirla, con el mismo despliegue y duración que tuvo el contenido cuestionado.

La publicación deberá acompañar el artículo titulado Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado, incluido en el especial Justicia huérfana: el hijo negado del presidente de la Corte Constitucional. Si Casa Macondo vuelve a difundir ese contenido, tendrá que vincular la rectificación.

El proceso de filiación del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y el expediente reconstruido

El caso se originó en una investigación de Casa Macondo sobre Jorge Enrique Ibáñez Robles, que nació en 1982 y recuperó el apellido de su padre en 2004, cuando un juzgado declaró la paternidad. En 2021, al solicitar el expediente para tramitar el uso del apellido, se comprobó que el proceso se había extraviado y el juzgado ordenó reconstruirlo.

En lo que respecta al fallo que ordenó rectificar al magistrado Ibáñez Najar, la tutela fue presentada por Ibáñez Robles y Robles Ramírez luego de las declaraciones del magistrado. Los demandantes pidieron la protección de sus derechos a la honra, el buen nombre, la intimidad, la dignidad humana y una vida libre de violencia.

En su determinación, la Corte exhortó al medio y a los demás a ofrecer la posibilidad de que las personas aludidas se pronuncien antes de publicar entrevistas que contengan información sensible sobre su vida íntima, incluidos asuntos vinculados con la vida sexual. Si los accionantes lo solicitan, el medio deberá permitirles exponer su versión.

La Corte también ordenó a la Defensoría del Pueblo que, con el consentimiento de Robles Ramírez, la oriente sobre las medidas contempladas en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008. Juan Pablo Barrientos, que hizo parte de la investigación, reaccionó en sus redes frente al fallo y celebró cómo se “revocó esta censura descarada” contra el medio.