Sectores de izquierda cuestionaron la política de seguridad de Abelardo de la Espriella tras 90 días de gobierno: “El asesinato de militares y policías aumentó en 58%”

El aumento de homicidios de integrantes de la fuerza pública durante los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella provocó cuestionamientos de dirigentes del Pacto Histórico, quienes atribuyeron el resultado a la política de seguridad de la nueva administración.

El balance inicial del Ministerio de Defensa con corte al 5 de noviembre, los asesinatos de militares y policías crecieron 58% frente al mismo período de 2022.

El balance difundido indica que, durante los tres primeros meses de la actual gestión, fueron asesinados 38 uniformados y 213 resultaron heridos.

En el caso del Ejército Nacional, el número de militares asesinados habría pasado de ocho a 21 en la comparación con el período citado. Las cifras sobre heridos también mostraron una variación: de 36 a 131.

Los cuestionamientos se multiplicaron a pocos días de que el Gobierno complete 100 días. Los integrantes del Pacto Histórico coincidieron en que el discurso de seguridad no ha logrado reducir los hechos violentos contra soldados y policías.

La representante del Pacto Histórico Laura Daniel Beltrán, conocida como Lalis, afirmó que los efectos de la confrontación recaen sobre jóvenes de sectores populares. “La guerra la terminan pagando los hijos de otros, nunca los de quienes la promueven”, escribió en una publicación.

La congresista señaló que el respaldo a la fuerza pública debe reflejarse en garantías concretas para sus integrantes. “Respetar a los soldados y policías es garantizarles una vida digna, condiciones para vivir y trabajar con seguridad”, sostuvo.

Beltrán cuestionó que los uniformados sean enviados a operaciones en medio de un contexto de violencia, mientras dirigentes políticos utilizan el tema en el debate público. “No mandarlos a poner el pecho mientras otros hacen política con sus vidas”, agregó.

La representante vinculó el balance de los primeros tres meses con el impacto en las familias de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía. “Vamos a cumplir 100 días de este Gobierno y, en lugar de milagros, lo que recibimos son noticias que enlutan a más familias colombianas”, manifestó.

El senador Iván Cepeda, también integrante del Pacto Histórico, resumió su posición con una crítica directa a la estrategia oficial.

“Tres meses de política de ‘seguridad’ de De la Espriella”, escribió antes de citar el incremento de 58% en los asesinatos de militares y policías. “Desastroso”, concluyó el congresista.

La representante del Pacto Histórico Mafe Carrascal comparó la situación actual con las medidas adoptadas en el Gobierno de Gustavo Petro. Según afirmó, durante la administración anterior hubo mejoras salariales, ascensos y cambios en las condiciones laborales para los integrantes de la fuerza pública.

“Mientras en el gobierno de Gustavo Petro se les mejoraron sus salarios, los ascensos fueron históricos; se les mejoraron condiciones laborales. En este gobierno los asesinan”, escribió Carrascal.

La representante a la Cámara por Valle del Cauca, Isabel Vera, afirmó que Abelardo de la Espriella prometió durante la campaña que recuperaría el control del territorio en los primeros 90 días. A su juicio, los resultados conocidos distan de ese objetivo.

“Lo que tenemos es a muchos más jóvenes pobres asesinados a cambio de muy poco”, expresó. La legisladora sostuvo que los datos del Ministerio de Defensa registran 38 uniformados muertos y 213 heridos durante ese período.

Vera indicó que esas cifras implican un aumento de 58% en los homicidios y de 72% en los heridos respecto de la comparación que expuso. En el Ejército, reiteró, los asesinatos habrían pasado de ocho a 21, mientras los lesionados crecieron de 36 a 131.

La representante afirmó que la promesa de “mano dura” quedó reducida a un eslogan y a “recorridos con pistola al cinto frente a las cámaras”. Según señaló, el alza de la violencia afecta en mayor medida a los sectores vulnerables.

El exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se sumó a las críticas y sostuvo que el plan de choque anunciado para los primeros 90 días no produjo resultados. “La seguridad sigue igual o peor”, manifestó.

Camacho cuestionó la realización de operativos que, según su interpretación, no han tenido efecto concreto sobre la seguridad. “Sirven para tomar fotos y hacer videos”, afirmó al aludir a las acciones oficiales.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, cuestionó el aumento de miembros de la fuerza pública muertos y heridos durante los primeros meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En una publicación, vinculó el impacto de la violencia con la disputa política y afirmó que las familias colombianas enfrentan “muerte y dolor”.

Carrillo sostuvo que esa situación responde, según su postura, a la “ambición de poder y dinero” de una “nueva élite heredera de Ralito”.

La exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, también se refirió al balance de seguridad. Afirmó que, en los primeros 100 días de la administración de De la Espriella, aumentó de forma “escandalosa” el número de uniformados asesinados y heridos.

Pizarro comparó esas cifras con iniciativas tomadas durante la Presidencia de Gustavo Petro para mejorar las condiciones de soldados, patrulleros y veteranos. “El gobierno Petro cambió las condiciones de la base de la fuerza pública como ningún otro”, sostuvo.

La excongresista indicó que los soldados regulares y auxiliares de Policía pasaron a recibir el 100% del salario mínimo. También señaló que soldados profesionales y patrulleros tuvieron aumentos superiores al 23%, mientras que oficiales y suboficiales recibieron incrementos de 7%, por encima de la inflación.

Sobre las oportunidades de ascenso, citó una ley que permitió a patrulleros acceder a la carrera de oficial mediante cupos, escuela gratuita y becas. Añadió que 54.419 policías ascendieron, cifra que calificó como la más alta de los últimos tres cuatrienios.

Pizarro mencionó además la mesada 14 para 244 mil veteranos, ajustes en la partida de alimentación y mayores opciones de vivienda a través de Caja Honor. “Dignificar al soldado y al patrullero también es política de seguridad”, escribió.

Por último, el activista político Beto Coral cuestionó al presidente De la Espriella y afirmó que sus acciones públicas contrastan con el aumento de víctimas entre militares y policías.

“No solo camina sobre bolsas blancas de presuntos delincuentes, se burla y hace show sobre los ataúdes de nuestros héroes”, escribió.