La JEP pidió a la Corte Suprema información sobre presuntos vínculos de la exFarc Sandra Ramírez con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia información sobre la presunta participación o el eventual conocimiento de la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La petición quedó consignada en un auto de cinco páginas, mediante el cual la Sala de Reconocimiento de Verdad pidió esclarecer si la compareciente está incluida en las actuaciones judiciales relacionadas con este crimen.

La solicitud se produjo después de las declaraciones de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, quien el 19 de octubre de 2026 reveló que la Fiscalía General de la Nación habría recibido información sobre Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico del excomandante de las Farc Manuel Marulanda Vélez, conocido como alias Tirofijo, y considerado hijo de crianza de Sandra Ramírez.

De acuerdo con Tarazona, la información estaría relacionada con una mina ilegal ubicada en Vaupés o Guainía, cuya administración y custodia estarían a cargo de Marulanda. Según su relato, el establecimiento pertenecería a “John 40″, integrante de la Segunda Marquetalia, y habría elementos que permitirían establecer una posible conexión con la planeación del asesinato.

“Le voy a revelar este dato. Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda”, manifestó Tarazona.

Posteriormente, agregó: “Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a John 40, que hace parte de la Segunda Marquetalia”.

Se busca establecer si Sandra Ramírez está vinculada a la investigación

A partir de estos señalamientos, la magistrada Lily Rueda Guzmán, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, solicitó a la Corte Suprema de Justicia un informe que permita establecer si Sandra Ramírez fue incluida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 21 de octubre.

La petición también busca determinar si existen actuaciones judiciales, documentos o elementos de información que relacionen a la exsenadora con los hechos investigados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. El despacho hizo referencia al fuero constitucional que tenía Ramírez durante el periodo relacionado con los hechos materia de investigación, circunstancia que debe ser considerada para establecer las actuaciones correspondientes.

En el auto, la magistrada señaló: “Este despacho considera necesario establecer si Sandra Ramírez se encuentra comprendida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, así como establecer si existen actuaciones o elementos de información que la relacionen con los hechos investigados por el asesinato de Miguel Uribe”.

Para obtener claridad sobre estos aspectos, la JEP estableció un plazo de tres días hábiles para que la Corte Suprema de Justicia remita la información solicitada. La respuesta permitirá conocer si la excongresista aparece mencionada formalmente en las diligencias relacionadas con el magnicidio y si existen elementos que ameriten nuevas actuaciones dentro de la jurisdicción especial.

Cabe aclarar que la solicitud de información no establece responsabilidad penal de Sandra Ramírez ni confirma su participación en el crimen. Su propósito es verificar los señalamientos conocidos y determinar si tienen alguna incidencia en los compromisos que asumió ante la justicia transicional.

La JEP verificará el cumplimiento de los compromisos de la exsenadora

Además de solicitar información sobre el magnicidio, la jurisdicción adelanta una verificación del régimen de condicionalidad al que Sandra Ramírez se sometió desde 2017, cuando firmó el acta de compromiso para acceder a los beneficios contemplados en el sistema de justicia transicional.

El documento recuerda que, “la señora Sandra Ramírez suscribió el acta de compromiso el 4 de diciembre de 2017, mediante la cual asumió las siguientes obligaciones: garantizar la dejación de las armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de ninguno de los delitos”.

Estas condiciones hacen parte de las obligaciones que deben cumplir los antiguos integrantes de las Farc que se acogieron a la JEP. Entre ellas se encuentran el aporte de verdad sobre los hechos del conflicto armado, la contribución a la reparación de las víctimas y el compromiso de no reincidir en actividades delictivas.

El incumplimiento de estas obligaciones puede tener consecuencias sobre los beneficios otorgados por la justicia transicional, por lo que la jurisdicción busca establecer si los señalamientos conocidos tienen alguna relación con las responsabilidades adquiridas por la compareciente.

Una vez recibidas las respuestas de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, la JEP evaluará la información y determinará las decisiones que correspondan frente a la situación de Sandra Ramírez.

¿Por qué es citada Sandra Ramírez ante la JEP?

Este procedimiento se desarrolla mientras Sandra Ramírez tiene pendiente su participación en una diligencia dentro del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado, así como otras violencias cometidas contra ellos durante su permanencia en las filas de las Farc.

La diligencia tiene como finalidad profundizar y contrastar la información disponible sobre la trayectoria de Ramírez en la antigua guerrilla, las funciones que desempeñó, su capacidad de influencia dentro de la organización y su eventual conocimiento o intervención en las violencias intrafilas que son objeto de investigación.

En el Caso 07 han sido acreditadas 11.277 víctimas, de las cuales 2.250 participan de manera individual y 9.027 lo hacen colectivamente a través de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano.