
La reforma fiscal presentada por el Gobierno contempla un tratamiento distinto para la medicina prepagada frente a otros planes voluntarios de salud. La propuesta llevaría el IVA de la medicina prepagada al 19 %, mientras que pólizas y planes complementarios quedarían excluidos del impuesto, una diferencia que el Ministerio de Hacienda justifica por el perfil de ingresos de quienes contratan estos servicios.
Según información publicada en exclusiva por Blu Radio, el Gobierno sostiene que la mayor parte de los usuarios de medicina prepagada se concentra entre los hogares de mayores ingresos. El Ministerio de Hacienda indicó que el 80 % de las personas con medicina prepagada pertenece al 20 % de la población con mayores ingresos, mientras que el 66 % está dentro del 10 % con mayores ingresos.
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En contraste, entre quienes adquieren otros planes voluntarios de salud, como pólizas y planes complementarios, solo el 29 % pertenece al 10 % de mayores ingresos, de acuerdo con la respuesta entregada por la cartera.

Gobierno defiende trato diferencial entre planes de salud
La diferencia tributaria ha generado cuestionamientos porque la reforma encarecería la medicina prepagada, mientras reduciría el IVA para otros productos de salud. La propuesta llevaría al 19 % el impuesto aplicado a la medicina prepagada y dejaría en 0 % el IVA de pólizas y planes complementarios que actualmente pagan 5 %.
El Gobierno argumenta que la medida busca introducir un criterio de progresividad, dado que la medicina prepagada tiene una mayor concentración entre personas de altos ingresos. Sin embargo, el debate también se produce en un momento en el que ha aumentado la contratación de servicios privados de salud.
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Según Acemi, actualmente hay cerca de 1,5 millones de personas con contratos de medicina prepagada en Colombia, una cifra 35 % superior a la registrada hace tres años.
El mercado de las pólizas también ha crecido. Al cierre de 2025, alrededor de 1,8 millones de colombianos tenían contratos con aseguradoras para financiar su atención en salud, según cifras de Fasecolda.
Estas cifras no incluyen otros servicios complementarios o planes “plus” ofrecidos por las propias EPS para facilitar un acceso preferencial a determinados servicios. Bajo la reforma, estos productos también pasarían de pagar un IVA del 5 % a quedar excluidos del impuesto.
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Así cambiaría la devolución del IVA
La reforma también contempla una modificación profunda del esquema de compensación del IVA para hogares de menores ingresos. Actualmente, cerca de 700.000 hogares reciben una transferencia aproximada de 111.000 pesos a través del programa administrado por el Departamento de Prosperidad Social.
Con el nuevo proyecto, ese esquema desaparecería y sería reemplazado por EfectIVA, un programa de devoluciones que podría llegar a 35 millones de personas.
El Ministerio de Hacienda aseguró que los hogares que hoy reciben compensación mantendrán su beneficio durante la transición y no recibirán menos de lo que perciben actualmente.
“Ningún hogar que actualmente recibe la compensación perderá ese beneficio durante la transición, ni recibirá menos de lo que recibe hoy”, explicó la cartera.
Una de las principales diferencias es que el nuevo modelo funcionaría por persona y no por hogar. Además, la devolución estaría relacionada con el IVA efectivamente pagado por cada ciudadano.
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Si la reforma es aprobada, el monto máximo de devolución podría llegar a 288.000 pesos mensuales por persona, dependiendo del nivel de ingresos. El beneficio podría cubrir el 30 %, 50 % o 100 % del IVA pagado.
El Gobierno explicó que el sistema actual calcula una transferencia a partir de un consumo estimado de cada hogar, mientras que EfectIVA devolvería el impuesto que efectivamente haya sido pagado por cada persona.
Otra condición es que la devolución se aplicaría únicamente sobre compras respaldadas por factura electrónica.
La propuesta combina así dos cambios importantes: un mayor IVA para la medicina prepagada y un nuevo modelo de devolución dirigido a millones de personas. El Gobierno defiende ambas medidas como parte del ajuste fiscal, aunque su aprobación dependerá del trámite que continúe en el Congreso.
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