Corte Constitucional pidió al Congreso penalizar la difusión de fotos y videos íntimos sin consentimiento en Colombia: esto determinó

La Corte Constitucional exhortó nuevamente al Congreso de la República a pronunciarse sobre las consecuencias penales de la difusión no consentida de contenidos íntimos, al advertir que en Colombia existe un vacío legal frente a este tipo de conductas.

El llamado se produjo durante el estudio de una acción de tutela presentada por una mujer que denunció que su expareja sentimental y la actual compañera de este accedieron sin autorización a material audiovisual privado y posteriormente la amenazaron con divulgarlo.

La decisión fue adoptada por la Sala Segunda de Revisión, que concluyó que las dos personas involucradas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante y de su hija menor de edad a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre y a la propia imagen, además de desconocer el interés superior de la niña.

Según los hechos expuestos en la tutela, la mujer desarrolla una actividad económica lícita relacionada con la producción de contenido para adultos, la cual mantenía bajo reserva frente a su entorno familiar con el propósito de proteger a su hija. Sin embargo, su expareja sentimental habría accedido sin autorización a sus dispositivos y archivos privados, donde obtuvo videos íntimos que posteriormente entregó a su actual pareja.

Una vez que ambos tuvieron acceso al material audiovisual, la mujer recibió amenazas relacionadas con su posible divulgación. Por esta razón, acudió a la justicia para solicitar la protección de sus derechos fundamentales y los de su hija.

La obtención y tenencia del material también vulneran derechos

Al examinar el caso, la Corte determinó que la vulneración de los derechos de la accionante no se limitó a una eventual publicación de los contenidos. La afectación se concretó en la obtención no consentida del material audiovisual, la posesión de los videos por parte de una tercera persona y las amenazas de divulgarlos.

La Sala también tuvo en cuenta que la persona que recibió los archivos no manifestó haberlos eliminado ni negó que continuaran en su poder. Para la corporación, afirmar que no existía intención de publicar el material no era suficiente para considerar superada la amenaza contra los derechos de la víctima.

En ese sentido, explicó que una vida libre de violencias no puede depender de la contención o de la buena voluntad de quien conserva la capacidad de afectar los derechos de otra persona, sino de la eliminación de esa posibilidad.

Frente a la conducta de la expareja, el alto tribunal estableció que esta persona ingresó sin autorización a los dispositivos y archivos privados de la accionante, obtuvo los contenidos íntimos y posteriormente los entregó a un tercero. Por ello, precisó que el consentimiento de la persona titular del material debe examinarse en todas las etapas relacionadas con su utilización, incluidas la obtención, la tenencia y la entrega a otras personas.

La Corte reiteró que el consentimiento, como expresión de la autonomía y la autodeterminación, debe ser claro, inequívoco, específico y permanente, además de revocable. Esto significa que autorizar un uso determinado de un contenido no representa un permiso general para conservarlo, entregarlo o divulgarlo con finalidades diferentes.

Asimismo, recordó que permitir la exhibición de contenido íntimo en una plataforma especializada no significa renunciar a la protección de los derechos fundamentales. La autorización está delimitada por el contexto de la actividad, la plataforma, el público y la finalidad para la cual se compartió el material.

Corte advirtió sobre el vacío legal y pidió pronunciamiento del Congreso

En su decisión, la Sala señaló que la difusión no consentida de contenidos íntimos involucra actos de violencia digital y sexual. También explicó que las amenazas de publicación podían afectar a la hija menor de edad, debido a que permitían relacionar el material con su núcleo familiar y proyectar sus posibles consecuencias sobre el entorno en el que se desarrolla la vida de la niña.

Al abordar las consecuencias jurídicas de estas conductas, la Corte advirtió que actualmente no existe en Colombia un tipo penal que establezca de manera directa las consecuencias jurídicas de la difusión no consentida de contenidos íntimos.

El alto tribunal consideró que esta ausencia normativa genera una insuficiencia de protección frente a comportamientos que pueden comprometer derechos fundamentales. Por esa razón, reiteró el exhorto formulado en la Sentencia T-184 de 2026 para que el Congreso de la República se pronuncie sobre las consecuencias punitivas derivadas de esta práctica.

Adicionalmente, indicó que las actuaciones denunciadas podrían enmarcarse en los delitos de extorsión o constreñimiento ilegal, por lo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que conozca los hechos.

Órdenes para eliminar los archivos y prevenir nuevas vulneraciones

Como parte de las medidas de protección, la Corte ordenó a las dos personas involucradas eliminar definitivamente todos los videos, imágenes y contenidos íntimos de la accionante que permanezcan en su poder, sin importar si están almacenados en dispositivos electrónicos, medios físicos o virtuales, servicios de mensajería, correos electrónicos, nubes o sistemas de almacenamiento.

También les prohibió difundir, publicar, reproducir, comercializar, entregar o mostrar a terceros ese material por cualquier medio.

Adicionalmente, el alto tribunal dispuso la elaboración de una guía digital para prevenir la difusión no consentida de contenidos íntimos. Esta tarea estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.